La modificación de la Reforma Laboral del 2012 planteada por el actual Gobierno “progresista” ha pasado de ser una tímida modificación a convertirse en un ataque en toda regla, haciendo de la flexibilización el pilar fundamental de las nuevas medidas.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 10 de noviembre de 2021
Lo que empezó como una “derogación” rápidamente se tornó en una modificación, tal y como apuntó la ministra Yolanda Díaz la semana pasada ante los medios de comunicación, para tranquilizar a Bruselas y CEOE.
Pero a medida que se van conociendo detalles del primer escrito que la comisión de trabajo del Ejecutivo presentará en la mesa de negociación, esta tímida modificación de la Reforma Laboral se ha tornado en un verdadero ataque para la clase trabajadora y los sectores populares, haciendo de la “flexibilidad laboral” pilar fundamental del nuevo marco regulador.
La última noticia detalla el plan del Gobierno para que los “nuevos” ERTE cuenten con un plan de formación para que los trabajadores y trabajadoras se “reciclen” y cambien de empresa en caso de necesidades por parte de la empresa. Pero ¿qué necesidades son esas y en qué lugar deja a los trabajadores y trabajadoras?
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El nuevo plan contempla dos modalidades por el cual las empresas podrán acogerse a estos “nuevos” ERTE; una estructural y otra cíclica, y será bautizado como RED (Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilidad en el Empleo).
Es a esta medida flexibilizadora, introducida por el Gobierno de Felipe González en la década de los 90, que Moncloa quiere dar una nueva vuelta de tuerca, y en favor de las empresas, lógicamente.
Como apuntábamos más arriba, una de las modalidades por las cuales las empresas podrán acogerse al ERTE será por cuestiones cíclicas. Actualmente el Ministerio de Economía se encuentra trabajando en un conjunto amplio de indicadores y parámetros objetivos (¿para quién?) para poder activar este instrumento.
El otro caso, el que responde a cuestiones estructurales, está pensado para las crisis sectoriales, automatizaciones de procesos o reconversiones de la producción. Este es un plan que toma como referencia los planes de formación y fondos de ayudas que se crearon en los años 80 frente a grandes procesos de reconversión, especialmente en el norte, en sectores mineros y de la siderurgia. El resultado de aquella reconversión y planes de “ayuda” fue un paro por las nubes y un ataque brutal para la clase trabajadora.
Pues bajo aquel ejemplo, el actual Ejecutivo incorpora estas nuevas modalidades que vienen a sumarse a las causas de fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, la tapadera más usada para la solicitud de ERTE por parte de las empresas en el último periodo.
En lo referente a las causas estructurales, el Ejecutivo despliega una serie de medidas que suponen un instrumento de mayor flexibilidad para la empresa. Bajo estas premisas, la empresa puede acogerse a la distribución irregular de la jornada laboral. Una fórmula que se debe pactar con los trabajadores y consiste, por ejemplo, en que el empresario decide que en lugar de las cuarenta horas se podría ampliar una semana el tiempo de trabajo y reducirlo en otra. Una auténtica herramienta de flexibilidad interna que, de hecho, ya se está viendo en numerosas fábricas especialmente en Euskal Herria.
Si esta flexibilidad “al gusto” del empresario no fuera posible, éste podrá acogerse a la suspensión del contrato, dejando al trabajador en ERTE. Es aquí donde el Ejecutivo quiere poner en marcha su plan de formación para que las y los trabajadores afectados puedan formarse para otro puesto de trabajo en la misma empresa o transitar hacía otra compañía o sector. Además este instrumento conllevará la puesta en marcha de un plan de recolocación que, según incluye el texto de Moncloa, podrá ser gestionado por agencias de colocación privadas (¡!).
De este modo, la trabajadora o trabajador en ERTE, no sólo percibirá el 70% de su suelo los primeros 6 meses y el 50% los siguientes meses, sino que se verá en una situación de tener que formarse para conseguir un nuevo puesto de trabajo, seguramente en peores condiciones que el anterior y con la pérdida de los derechos laborales adquiridos previamente.
¿Y en qué situación queda la empresa? Por un lado, la empresa que ejecuta el ERTE se desprende del coste de un sueldo, que obviamente será pagado por las arcas públicas, es decir, por el dinero de las y los trabajadores, y por otro lado, la empresa que contrate a un trabajador o trabajadora acogido a la RED contará con una bonificación durante 6 meses. También aquellas empresas con plan de formación contarán con una sibvención de entre 450€ y 320€ por trabajador. Resumen: máxima flexibilidad y beneficio para las empresas, precariedad absoluta para la clase trabajadora.
Esta situación, que contempla una duración de 12 meses, contará con la posibilidad para la empresa de dos prórrogas de 6 meses cada una, haciendo posible esta situación hasta 2 años.
Además, por si fuera poco, se incluyen mecanismos de mayor presión para las y los trabajadores en los momentos de negociación. Por ejemplo, si para la realización del ERTE hay acuerdo con los representantes de la plantilla, las ayudas se extenderán 12 meses, de no ser así, será tan solo de 6 meses.
Sumado a esto, la trabajadora o trabajador acogido al plan de formación de la RED que no acepte el plan de recolocación podrá ser despedido si volver a su antigua empresa no fuera posible o viable.
Es intolerable que este Gobierno “progresista” con la ministra Yolanda Díaz a la cabeza, busque por todos los medios retóricos hacer pasar esta nueva Reforma Laboral (ya nadie puede hablar de mera modificación) como algo beneficioso para los intereses de la clase trabajadora.
Ante la apertura de estas negociaciones, la clase trabajadora y los sectores populares debemos exigir que las burocracias sindicales convoquen asambleas en todos los centros de trabajo para preparar una gran huelga general.
Que organicen democráticamente la respuesta para acabar con el chantaje patronal y la servidumbre del PSOE y UP. Se comprueba así que no hay modificación de la Reforma Laboral beneficiosa para la clase trabajadora y los sectores populares, que solo nos esperan más ataques a nuestros derechos y condiciones de vida, si no es organizándonos y saliendo a la calle para decir basta a aquellos que quieren imponernos condiciones de miseria y precariedad mientras ellos siguen batiendo récords de ganancias.
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