La “regeneración democrática” del Gobierno “progresista” se concreta en la práctica en un reaccionario pacto de renovación del CGPJ con el PP, en una reforma parcial de tan sólo un artículo de la ley mordaza y en un paquete de medidas con respecto a los medios de comunicación que son los exigidos por la nueva normativa europea.
Jaime Castán @JaimeCastanCRT
Miércoles 17 de julio de 2024
Pedro Sánchez este miércoles en el Congreso. EFE/ Zipi Aragon
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados su plan “para proteger y fortalecer la democracia”, con un paquete de medidas para la regulación de los medios de comunicación que ha resumido en “cuatro grandes principios: transparencia, independencia, pluralismo y protección”. Propuestas que lejos de ser ambiciosas, son las exigidas por la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación aprobada el pasado mes de marzo en el Parlamento Europeo con los votos del PSOE, y también del PP.
Según Sánchez, se trata de “fijar nuevos estándares de transparencia sobre la propiedad, la asignación de publicidad institucional y la medición de audiencias de los medios de comunicación privados”. Esto se traduce en que los medios de comunicación, sean privados o públicos, deberán publicar en una base de datos estatal la identidad de sus propietarios; también las fuentes de financiación o sus cifras de audiencia.
Frente a la críticas del PP, el presidente del Gobierno ha recalcado que la propuesta se limita a cumplir la nueva normativa europea que también votaron los populares: “en su artículo 6 exige publicar el importe anual de ingresos públicos y de ingresos de otros países. En su artículo 24 exige que las mediciones de audiencia cumplan los principios de transparencia. En el 25.2 plantea que las autoridades harán públicas la información sobre su gasto público en publicidad estatal. Esto es evolucionar. Esto lo hemos votado todos, también el PP”.
¿En qué ha quedado entonces la “regeneración democrática” y la ofensiva contra el lawfare de la que habló Sánchez tras sus “días de reflexión”? Su primera medida fue pactar con el PP la renovación del Poder Judicial, es decir, más jueces elegidos a dedo y más poder para la reaccionaria casta judicial que está al frente del lawfare y de la persecución a activistas, sindicalistas, migrantes o políticos catalanes.
Este martes, la supuesta “derogación” de la ley mordaza que nos quiso vender la dirigente de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue rápidamente desmentida por el propio PSOE, asegurando que sólo se trata de una reforma parcial. Tan parcial que sólo hace referencia a un artículo.
Y el resto de medidas que hemos conocido este miércoles del “Plan de Regeneración Democrática” se limitan a cumplir la normativa europea aprobada en marzo, con respecto a los medios de comunicación, y a una modificación menor de la ley electoral referida a las encuestas o debates en los medios, que ni en lo más mínimo se dirige a cuestionar sus elementos más antidemocráticos.
No hay que olvidar que la ley electoral actual fue elaborada en marzo de 1977, todavía bajo la dictadura franquista, para ser impuesta en la Constitución del 78 al igual que otras instituciones reaccionarias como la Monarquía. En ella se introdujeron mecanismos que sobre representan al voto rural y conservador, frente al urbano, y fomentan el modelo bipartidista, como son las circunscripciones provinciales y la regla de dos escaños mínimos por provincia al margen de la población. Nada de esto ha sido cuestionado por el PSOE durante décadas gobernando, incluso con mayorías absolutas, como tampoco lo hace hoy en el Gobierno de coalición con Sumar.
Podemos, a través de Ione Belarra, ha cuestionado lo insuficiente de las medidas y ha exigido la ruptura del pacto con el PP de renovación del CGPJ. Desde Sumar, Iñigo Errejón de Más País, también ha señalado las limitaciones. Ambos sin embargo, desde el Gobierno, Sumar, y ahora ya como socio de gobierno, Podemos, siguen levantando la ilusión de que de la mano del PSOE se puede aplicar un programa diferente al neoliberalismo imperialista y sionista que impera en la Unión Europea y que, precisamente, es el que abre el camino al crecimiento de la extrema derecha.
Pero la realidad es bien distinta, tanto Sumar, como Podemos y el resto de socios de gobierno, vienen sosteniendo los gobiernos liderados por un PSOE que representa, junto al PP, el bipartidismo y al Régimen del 78, y que se ha podido recomponer elección tras elección gracias y a costa, justamente, de esta “izquierda” institucional que se reafirma en su rol de mera “muleta” de los social liberales y de su agenda cada vez más marcada por la derecha. La alternativa pasa por levantar una izquierda, socialista y revolucionaria, independiente de todos los gobiernos y partidos burgueses, y es urgente.
