El sábado 31 de julio la Sala Constitucional, popularmente conocida como Sala IV, emitió su voto sobre la Ley de Empleo Público, en el cual señala que habrían 35 inconstitucionalidades al proyecto más importante del gobierno en este momento, el porqué del voto ha suscitado controversia en el país, en direcciones sindicales y en la vanguardia de izquierda.
Martes 3 de agosto de 2021
El voto de la Sala
El voto de la Sala separa en dos el proyecto de Ley, pues por un lado todas las inconstitucionalidades apuntan hacia evitar la centralización en el Ejecutivo a través del MIDEPLAN y tiende a preservar la autonomía de instituciones del Estado que tienen la característica de sostener en su pequeña cúspide a una clase media muy alta, tanto en el sistema judicial, como en las universidades, ministerios y municipalidades.
Pero el voto deja pasar todo el control estricto sobre el gasto salarial del Estado, lo cual va a permitir una política paulatina de abaratar el salario, presentado como ahorro por parte del Estado. Este ahorro será usado para hacer mejores negocios con empresarios, como ya hemos señalado. Pero además tienen la característica de abaratar el salario en el plano nacional, pues tendería a eliminar los salarios relativamente altos de trabajadores públicos y de sectores de clases medias.
En ese sentido el voto de la Sala es un voto de autopreservación de las élites dirigentes del aparato estatal frente a gobiernos de turno, lo cual a su vez preserva capacidad de maniobra de dichos sectores frente al Ejecutivo, hecho que no es menor ante las próximas elecciones en febrero, que por diversos motivos podrían ser importantes en la historia nacional. Este voto manifiesta nuevamente el comportamiento bonapartista de dicha institución, cuyo peso tiende a ser fuerte en un país tan débil y dependiente del mercado internacional como Costa Rica. El voto pone límite interno al control del Ejecutivo, lo cual a su vez pone un límite al control directo del FMI u otros agentes del capital internacional de las instituciones del Estado.
Las reacciones políticas
El gobierno ha recibido el voto de la Sala con una posición ofensiva, en la que dice que las inconstitucionalidades son subsanables y se apresta a presentar el proyecto relativamente pronto ante la Asamblea Legislativa para su aprobación. Dejando de lado el tiempo que podría tomar hacer las correcciones, el acercamiento de las elecciones podría jugarle en contra al gobierno del PAC para aprobar su proyecto, al punto que ya existía una fracción relativamente grande contra el proyecto. El gobierno busca obtener un último triunfo y presentarse, después de un gobierno muy cuestionado por su política anti trabajadora y pro FMI, con fuerza para luchar por un tercer mandato consecutivo. Ese objetivo se complica pues actualmente la fracción de Liberación en la Legislativa, centralizada por Figueres como candidato presidencial no está apoyando el proyecto después de la votación de la Sala.
Las reacciones de las direcciones sindicales son exageradas como mínimo. Albino Vargas ha escrito básicamente que el voto de la Sala Constitucional detiene una intentona golpista y se pregunta qué hacer con los diputados golpistas que han votado favorablemente el proyecto. “Este proyecto ha estado representando el más serio ataque que nunca antes se había dado en contra de la Carta Magna” ha dicho Vargas. La Carta Magna que defiende Albino se hizo sobre la base de la desarticulación de la milicia obrera que llegó a controlar San José en 1948 y refrendada por los mártires del Codo del Diablo, por tanto no es un documento que reivindique los intereses de la clase trabajadora en general.
El diputado del Frente Amplio, José María Villalta también ha salido en defensa del Estado y la Constitución. Para el legislador “el problema no es solo la cantidad de inconstitucionalidades, sino su gravedad y profundidad. La Sala concluyó que a lo largo de su articulado, el proyecto de ley contiene normas que lesionan elementos esenciales sin los cuales no puede haber Estado de Derecho ni sistema democrático, como la independencia del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones”.
Para Esteban Fernández, dirigente de OSR, “es urgente establecer una posición clara que permita en primer lugar explicar el voto de la Sala a la clase trabajadora y no alimentar confianza en instituciones que no representan los intereses de las y los asalariados. Es necesario que las direcciones sindicales organicen de verdad medidas de lucha contra este gobierno que no ha parado de atacar el salario y someterse al FMI. En la próxima campaña electoral llamamos a que el PT y el NPS funden un Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que sea un referente de defensa de la independencia de clase”
El proyecto de Ley de Empleo Público
Como escribió Daniel Diaz recientemente, “Por un lado, el contenido del proyecto de Ley pretende centralizar todo el sistema de empleo público en manos del poder Ejecutivo, específicamente a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN). Una reforma en esta línea aumenta directamente el control político del Estado sobre la vida de la clase trabajadora, reforzado con otros ataques como la Ley Antihuelgas firmada en enero de este año.
Por otro lado, el ataque al salario es directo. La aprobación de la Reforma Fiscal en 2018 garantiza que la medida del Salario Global congele miles de salarios a la baja por años. El proyecto de Ley de Empleo Público no ataca la desigualdad salarial, sino que la perpetúa.
Al mismo tiempo, es importante recordar que el proyecto de Ley es parte de los compromisos con los que el Gobierno busca un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) de más de $1.700 millones; atacando los salarios más bajos para garantizar la política crediticia del FMI. De nuevo, la crisis burguesa descargada sobre las espaldas trabajadoras.”
