Actualidad. La Sedena contratista: opacidad y corrupción

La Secretaría de Defensa Nacional desvió 2,371 millones de pesos (156 millones de dólares) entre 2013 y 2019, de acuerdo con un completo reportaje de El País.

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Los altos mandos responsables de las compras a 250 empresas fantasmas están impunes. La misma secretaria es juez y parte para investigar a los suyos, así que la basura se barre debajo del tapete.

La Sedena, favorita de AMLO, es una de las instituciones estatales que recurrió a empresas que emiten comprobantes fiscales para tapar operaciones simuladas, las llamadas “factureras” contra las que cargó el gobierno.

Pero nada peor que ver la paja en el ojo ajeno. La Sedena desvió recursos a través de 11,175 comprobantes digitales, según la información sustentada con reportes del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Aunque la estafa de los uniformados generó un agujero en las finanzas públicas, los altos mandos que autorizaron las transacciones cubiertas con facturas falsas no recibieron ningún tipo de sanción en la mayoría de los casos, y quienes recibieron alguna, fueron mínimas.

Factureras al servicio de uniformados

Los documentos fiscales fraudulentos “comprueban” bienes y servicios contratados por la Secretaría de Defensa Nacional en diversas instalaciones militares -guarniciones, campos y cuarteles en distintos puntos del país, un parque eólico ubicado en el Istmo de Tehuantepec, el Heroico Colegio Militar, el Campo Militar 37-D en Santa Lucía (donde se está construyendo el nuevo aeropuerto), y el cancelado aeropuerto de Texcoco, por mencionar sólo algunos.

Pero los altos mandos uniformados no se contentaron con eso. Recurrieron a empresas fantasmas para “realizar” mejoras en caminos rurales y carreteras que llevan a sus cuarteles, así como en obras de mantenimiento de centros deportivos y 15 hospitales militares, entre otros edificios de infraestructura bajo su orbe. El desvío de recursos sólo en hospitales militares fue de alrededor de 115 millones de pesos.

Algunos de los conceptos que figuran en las facturas de empresas fantasmas son compra de materiales de construcción, artículos de limpieza y de papelería, cortinas, sábanas, uniformes, botas, chalinas, cortinas, chalecos de seguridad y luminarias, entre otros productos. Otro tanto respecto a los servicios: desde acarreo de escombros a mantenimiento a plantas eléctricas y de aguas residuales. Todo inventado.

En 2013, primer año de gobierno de Peña Nieto, fue el más prolífico para la emisión de facturas falsas: se desviaron 619,4 millones de pesos.

Se puede cuestiona que este fraude se dio durante el gobierno del PRI, repudiado masivamente luego de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los múltiples escándalos de corrupción posteriores a 2014.

Pero aunque se redujo la defraudación fiscal por parte del Ejército durante el gobierno de AMLO no desapareció por completo, aún cuando este ostenta ser el campeón de la lucha contra la corrupción.

Desde que inició el gobierno actual hay registro de dos facturas de abril de 2019 por 1,1 millones de pesos cada una y emitidas por la Constructora Mendoza López. Cinco meses antes de que el SAT declarara que esta empresa es fantasma, los pagos ya se habían realizado.

Lo que llama la atención es que la constructora según los comprobantes fiscales fraudulentos, prestó el servicio de “suministro y colocación de material pétreo” en la construcción de la calle principal que comunica una unidad habitacional militar con el vivero forestal ubicado en el campo número 30-E, en Cárdenas, Tabasco, uno de los viveros que integran el programa Sembrando Vida.

José Gabriel Mendoza Murillo, un empresario de Cárdenas, Tabasco, es uno de los socios fundadores, se dice amigo del gobernador tabasqueño Adán Augusto López (Morena), y posó en fotos con él.

Son los órganos internos de la Sedena los que investigan y sancionan estos actos. Según la información dada a conocer, los únicos sancionados han sido cuatro de sus integrantes: el jefe de la fábrica de cartuchos, un jefe del grupo de ingeniería de la fábrica de cartuchos, el jefe de la sección de planeación de la jefatura de adquisiciones y un integrante de la sección de contratos. Sus nombres son reservados en nombre de la seguridad nacional. Les tocan amonestaciones, suspensiones por un mes e inhabilitación por un mes. Nada. Cualquier persona que roba una gallina por hambre vive un infierno. Los uniformados no.

Los favoritos de AMLO

Que el presidente AMLO expresa predilección por la Sedena no es ningún secreto. Desde que asumió el gobierno les dio 13 tareas civiles a los uniformados. La construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, las 2,700 sucursales del Banco del Bienestar, dos tramos del Tren Maya, la remodelación de 32 hospitales abandonados durante gobiernos anteriores en el contexto de la pandemia, así como la atención de personas afectadas por el covid-19 son algunas de estas labores. Pero tiene pésimos antecedentes como constructora: entre los desvíos de recursos y la asignación directa de contratos, priman la opacidad y la corrupción.

Se suman el control de puertos y aduanas, la vigilancia de los ductos de Pemex, el plan de vigilancia de las fronteras norte y sur para impedir el paso a migrantes -siguiendo las órdenes de Trump-, el apoyo a programas sociales como Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, la distribución de fertilizantes en zonas rurales y la vigilancia en la entrega de programas sociales.

Mientras tanto, con el despliegue de la Guardia Nacional -integrada por militares, marinos y nuevos reclutas- se mantiene la militarización del país, y los uniformados tienen cada vez más presencia en las obras públicas y tareas del orden civil.
Aunque AMLO afirma que son pueblo uniformado, en realidad son asesinos a sueldo y corruptos. Pero fue la militarización que hoy implica ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas -como las de los 43 normalistas de Ayotzinapa- y ayer fue responsables de masacres como la de Tlatelolco, entre muchas otras.

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Es fundamental que las organizaciones obreras y sociales exijamos en las calles la inmediata vuelta a los cuarteles de todos los uniformados, así como la reasignación de las partidas presupuestarias de la Sedena, la Semar y otras dependencias de seguridad para combatir la pandemia y para garantizar el acceso a la educación a todas las niñas, niños y jóvenes del país.