Alfredo Cornejo y Luis Petri, diputados de la UCR en Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de ley para facilitar la impunidad en los crímenes cometidos por miembros las fuerzas de seguridad. De la Doctrina Chocobar a la Inimputabilidad del gatillo fácil.
Viernes 9 de octubre de 2020 17:00
Mientras se desarrolla el juicio a Luis Chocobar, diputados de la UCR en Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de Ley en homenaje a este caso de gatillo fácil policial, emblema de la Doctrina represiva impulsada por Patricia Bullrich. Chocobar está siendo juzgado por disparar por la espada y terminar con la vida de Pablo Kukoc, a sus 17 años de edad. El hecho ocurrió cuando el policía local de la Ciudad de Avellaneda se encontraba de civil con su arma reglamentaria, en el barrio porteño de La Boca. La fiscalía lo presenta como un "exceso en el cumplimiento del deber" y la querella lo contrapone como "homicidio agravado", por considerarse que tuvo intención de matar. El proyecto de ley de los radicales busca que la Justicia se posicione frente a los casos de asesinato por parte de las fuerzas de seguridad, desde un primer momento con “presunción legal del cumplimiento del deber”. Para eso proponen modificar el artículo del código penal que corresponde a la inimputabilidad.
Sos inimputable, hermano
Los diputados que presentaron el proyecto para la inimputabilidad del gatillo fácil policial por "cumplimiento del deber" son Alfredo Cornejo, presidente de la UCR y exgobernador de Mendoza y Luis Petri. Dos derechistas defensores de la mano dura.
El proyecto está hecho a medida: “pretende establecer una presunción legal que otorgue seguridad jurídica a los miembros de las fuerzas de seguridad, de manera tal que cuando actuaren para defender la vida, la integridad física, la libertad o la propiedad de las personas encontrándose en servicio o fuera de él, sepan que la ley los protege y está de su lado”.
El argumento de la fiscalía es que el asesinato perpetrado por el policía fue accidental, producto de que "la bala rebotó en el piso" y con esto enmarcan al homicidio dentro del cumplimiento del deber policial. Frente a esto,Myriam Bregman señala que “de los últimos 100 casos de gatillo fácil, no vamos a encontrar ni uno solo en donde la fiscalía no diga que la bala rebotó en el piso. Ese es el argumento, siempre”.
Con este proyecto de ley, la UCR en Juntos por el Cambio, quiere darle continuidad a la Doctrina Chocobar de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien junto a Mauricio Macri, habían mostrado a Luis Chocobar como un ejemplo a seguir frente a las cámaras de todo el país, para luego impulsar resoluciones represivas que legalizaban la "pena de muerte" de hecho, la ejecución directa por parte de las fuerzas de seguridad.
El gatillo fácil bajo el ala del peronismo
La actual ministra de Seguridad del Frente de Todos, Sabrina Frederic, buscó mostrarse opositora y derogó estas resoluciones. Su conducción política de las fuerzas de seguridad tiene un discurso que intenta unir el agua y el aceite, los derechos humanos y la legitimidad del uso de la violencia por parte del Estado. El eje está puesto en el "control" de la violencia institucional para "un modelo de seguridad democrática y de una sociedad más justa y segura”.
A pesar de la campaña del oficialismo contra la Doctrina Chocobar, ni el Ministerio de Seguridad, ni el ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, intervinieron para separar de sus funciones a Luis Chocobar quien, a pesar haber sido procesado, siguió haciendo horas adicionales en el Hospital de Lanús.
Por otro lado, la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro por parte de la policía bonaerense, dejó a la luz la impunidad de las fuerzas represivas que, en el contexto del aislamiento obligatorio, vienen cometiendo toda clase de abusos y otros lamentables casos de gatillo fácil. La política del Gobierno ha sido resguardar a Sergio Berni, representante del encubrimiento a la bonaerense y premiar a las policías con aumentos y privilegios que ningún trabajador ha conseguido en esta dura situación social de pandemia, crisis económica y ajuste al pueblo trabajador.
La agenda represiva del peronismo
Y al ritmo del galope con se profundiza la crisis social y los padecimientos de las mayorías populares, el gobierno de Alberto Fernández ha ido empoderando a las policías, con inversiones millonarias por parte del Estado para el equipamiento y mayor reclutamiento de las fuerzas de seguridad.
La última novedad es el proyecto de ley del gobernador Axel Kicillof para declarar de utilidad pública y expropiar terrenos de la provincia de Buenos Aires, para construir nuevas cárceles y alcaldías.
Mientras tanto las 2500 familias que, en Guernica, pelean por un pedacito de tierra para vivir, son criminalizadas y se encuentran en un estado de tensión permanente frente a la amenaza de un desalojo violento por parte de las fuerzas de seguridad.
Para Frederic, los intentos de recuperación de un predio abandonado hace años y sin nadie que pueda demostrar su título de propiedad, son “ilegales, porque atentan contra la propiedad privada”. El ejecutivo de la provincia, con el Ministro de desarrollo Larroque vienen preparando el terreno para sacar a éstas familias con la fuerza pública.
Si en algo se cierra la grieta entre radicales, cambiemitas y peronistas, es que frente a la crisis social la respuesta es represiva.
