La ministra de Economía, Nadia Calviño, recibió este lunes encendidos elogios del presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, por el plan de contrarreformas estructurales elaborado por el Gobierno de coalición. Estos planes son imprescindibles para cumplir la condicionalidad de los fondos anti Covid-19, es decir, 140.000 millones de fondos europeos destinados a salvar los beneficios de las grandes empresas del IBEX 35. Ante estos enormes ataques que se vienen contra los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora por parte del “Gobierno más progresista de la historia”, hay que levantar un frente único de los trabajadores que mediante la acción directa en la calle logre que esta crisis, esta vez sí, la paguen los capitalistas.
Juan Carlos Arias @as_juancarlos
Martes 19 de enero de 2021
Paschal Donohoe y Nadia Calviño, junto a Pierre Moscovici.
La puesta en escena el pasado lunes de Nadia Calviño ante la reunión del Eurogrupo -organismo formado por los ministros de economía de la zona euro-, resultó muy exitosa para tranquilizar los ánimos en la UE sobre el cumplimiento de sus recomendaciones de recortes en materia de pensiones y reformas del mercado laboral, entre otras. Y poder así garantizar que acabarán llegando sin retrasos ni complicaciones al Estado español, los 140.000 millones -72.000 millones a fondo perdido-, del fondo de rescate contra los efectos de la Covid-19. Los fondos, sin embargo, pretenden fortalecer e impulsar fundamentalmente los grandes negocios de las empresas del IBEX 35, que son las que encauzarán mediante estructuras público-privadas la mayoría de los fondos recibidos.
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Pascal Donohoe, presidente del Eurogrupo, elogió la exposición de Calviño como “excelente” y para Gentiloni fue “brillante y exhaustiva”. Todo un síntoma de lo que podemos esperar de esas medidas, sobre todo ante las conocidas y persistentes recomendaciones históricas de la UE para sanear las cuentas de las pensiones, a base de recortes, y flexibilizar al máximo el mercado laboral para favorecer la productividad empresarial. Todos tenemos todavía en la retina la imagen del presidente de la Comisión de la UE de entonces, Jean Claude Junker, apretando eufóricamente el cuello del ministro de economía, Luis de Guindos, cómplice y artífice de esta política como todos los representantes políticos del capitalismo imperialista español.
Una metáfora de lo que íbamos a sufrir las y los trabajadores del Estado español, con la implantación de la contrarreforma laboral de Rajoy de 2012. Un ataque histórico a la clase trabajadora que aún sigue vigente en su totalidad, a pesar de las promesas vacías de derogación de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y los sindicatos burocratizados. En efecto, con su estrategia de apoyo y negociación en la mesa social con el “Gobierno progresista”, CCOO y UGT han sido incapaces de revertir una sola de las medidas de esa reforma laboral, salvo los despidos por enfermedad que estrictamente fueron tumbados en los tribunales.
Lo que parece evidente es que en la reunión del Eurogrupo se debieron desgranar los detalles de las contrarreformas que el Gobierno de coalición ya ha elaborado, muy a diferencia de lo recibido por las burocracias sindicales de CCOO y UGT que se quedaron con dos palmos de narices, cuando el pasado viernes fueron anunciadas las reformas estructurales en una reunión solemne, llena de ministros del Gobierno de coalición, pero sin ofrecer ni un solo detalle concreto sobre el sentido de las reformas planteadas, según denunciaron los propios sindicatos.
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La preocupación por la debacle económica que va a sufrir la economía española tras la crisis sanitaria, la Comisión europea prevé que haya caído un 12,4% en 2020; el aumento del desempleo y la aguda mortalidad empresarial esperada para muchos pequeños y medianos negocios; y el hecho de que el déficit y la deuda se hayan disparado durante este año a cifras estratosféricas, ha provocado que el Estado español sea el primero en pasar por el Eurogrupo para exponer sus planes de recortes y perspectivas de poner la economía- el beneficio empresarial-, de nuevo en movimiento. Teniendo en cuenta, además, que el éxito de la vacuna y el incremento de las inversiones públicas y privadas, resultarán esenciales para un Estado cuya economía descansa en gran medida sobre la actividad turística, comercial y los servicios y sectores industriales que han sido golpeados por la caída de la demanda.
Desde el Gobierno de coalición ya se enviaron a Bruselas previamente 28 paquetes de los 30 que compondrán las reformas, que supondrán un total de 170 reformas. Los dos que aún no habían llegado, el de las pensiones y el del mercado laboral ya estaban de camino, aunque sin haberse pactado previamente con los llamados “agentes sociales”.
Esto ha enfadado vivamente a las cúpulas de las burocracias sindicales de CCOO y UGT y las ha llevado a anunciar, esta misma mañana, movilizaciones a primeros de febrero frente a las delegaciones del Gobierno de cada provincia del Estado.
Enorme condicionalidad y recortes en pensiones y mercado laboral exigidos por la UE pese a las mentiras del Gobierno de coalición
Pedro Sánchez fue recibido como un auténtico héroe y en loor de multitud en el mes de julio por el conjunto de los ministros y ministras del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, que le hicieron “el pasillo de los campeones”. Todo por el milagro de haber doblado el brazo de la UE y lograr una histórica lluvia de millones para la economía española. Y también por haberlo conseguido supuestamente sin condicionalidad en materia de disciplina presupuestaria ni reformas estructurales, según aseguraban tanto desde el PSOE como desde Unidas Podemos. Recordemos como Pablo Iglesias destacaba las diferencias en el enfoque desde Bruselas respecto a las políticas restrictivas del gasto implementadas para atajar la crisis de 2008, que ahora serían expansivas y sin condicionalidad. Sin embargo, pronto comenzaron a escucharse voces discordantes desde la UE, supuestamente desde el sector de países conocidos como “los halcones”, -una pantomima porque en realidad es un consenso generalizado- y comenzaron a desgranarse los costes en reformas estructurales y recortes que realmente iba a suponer esa ingente cuantía de dinero que iba a reflotar a las empresas españolas, pero desde luego no a las y los trabajadores.
Lo que ha terminado trascendiendo respecto a la condicionalidad de la UE, nada tiene que ver con las ilusiones y las medias verdades transmitidas desde el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos. La condicionalidad para recibir esos fondos será terrible para la clase trabajadora y las clases populares del Estado español. Lo primero que comenzó a llegar desde el propio interior del Gobierno fue lo que empezó a desvelar el ministro de Seguridad social, Escrivá, cuando planteó la posibilidad de extender el cálculo del cómputo para el cálculo de las pensiones a 35 años. Un recorte cifrado por el propio Gobierno en un 6% para los futuros pensionistas. A lo que habría que añadir que la revalorización del IPC de las pensiones puede realizarse en función de varios ejercicios y que el factor de sostenibilidad tan solo está suspendido, pero no anulado. Y todo ello por fuera del miserable Pacto de Toledo que ya aprobó y llevó al parlamento un ataque importante, sobre todo, a través de la privatización de gran parte de las pensiones mediante fondos públicos bajo gestión privada de las empresas que pueden ser de carácter obligatorio para las y los trabajadores.
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Posteriormente, comenzó a hablarse de otra de las exigencias de Bruselas que vienen de 2019, la necesidad de reformar el mercado laboral para reducir la temporalidad excesiva. Una trampa en realidad, puesto que de lo que se trata es de extender la flexibilidad laboral en las empresas para sí, evitar despidos, pero a costa de “jibarizar” los derechos laborales -la llamada flexiseguridad- de modo que, de facto, más que acabar con la temporalidad lo que sucederá es que el contrato indefinido se transformará en un contrato sujeto a las necesidades del empresario y moldeable hasta el infinito, en jornadas, salario, horarios, etc., aunque negociado con los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT, que lo firman todo.
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Esto pasará por reducir las modalidades de contrato, como decía la agenda social del PSOE, manteniendo alguna temporalidad, para los trabajos puntuales y de temporada; a la posible implantación de la mochila austriaca para que el propio trabajador se pague su despido y/o su pensión si le quedan fondos para entonces. Y la extensión de la figura de los ERTE, que como bien insisten, han venido para quedarse, para asegurar una el mantenimiento de las plantillas socializando los costes empresariales a costa del Estado, a través de la reducción de las cuotas de la seguridad social y los incentivos a la incorporación de los trabajadores en ERTE, mientras los empresarios utilizan la mano de obra a su antojo, y a cambio sufriendo los trabajadores fuertes recortes salariales al cobrar tan solo el 70% de su sueldo base.
Las cúpulas de CCOO y UGT anuncian medidas descafeinadas y Unidas Podemos sigue avalando las políticas neoliberales del PSOE
Hoy, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT) han anunciado tímidas acciones en la calle ante la tomadura de pelo del “Gobierno más progresista de la historia” que ha llevado las medidas de contrarreforma laboral y pensiones a Bruselas, sin negociar previamente en la “mesa social”. Pero como era de esperarse, las medidas anunciadas son auténticamente bochornosas. Se limitan a concentraciones a primeros de marzo frente a las delegaciones de Gobierno, esperando provocar tener algún margen de negociación para poner alguna como o punto, en un texto y unas medidas que se van a cerrar con la UE y que ya viene dibujadas casi al detalle.
Las burocracias de los “mayoritarios” siguen sin hacer un planteamiento de lucha serio, con paros y movilizaciones continuadas en el tiempo, independientes y unificando al conjunto de la clase trabajadora para lograr doblar el brazo al Gobierno y la UE, derogar las contrarreformas laborales de Rajoy y Zapatero, además de las previstas ahora por el Gobierno de coalición que siguen sus pasos.
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Por otra parte, desde el sector del Gobierno de Unidas Podemos no ha habido ningún tipo de denuncia pública ante estas medidas de auténtica contrarreforma laboral y social. Esto no es extraño. Es la actitud propia de un cómplice frente a los crímenes de su socio. La reivindicación de una subida paupérrima del salario mínimo, de la mejora del Ingreso Mínimo Vital, de bajar el coste de los suministros de la electricidad o el gas, o abrir una comisión de investigación sobre los presuntos delitos fiscales del emérito, han sido acciones de cara a la galería para mantener su base electoral, pero sin ningún éxito. Mientras tanto, siguen sosteniendo el Gobierno con el PSOE… su Gobierno.
Frente a los ataques contra los derechos laborales y sociales esenciales de la clase trabajadora que promete el neoliberalismo progre es vital levantar una politica de frente único que fuerce a las cupulas de CCOO y UGT, a través de llamamientos y asambleas democráticas de trabajadores y trabajadoras conjuntas, a convocar un calendario de movilizaciones unitarias que vaya in crescendo hasta llegar a la huelga general. La izquierda sindical tiene que ponerse al frente de esta pelea para lograr de una vez la derogación total de las contrarreformas laborales de Zapatero y Rajoy, impedir nuevos ataques al sistema de pensiones y avanzar en todas nuestras reivindicaciones.
Juan Carlos Arias
Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.