Reproducimos a continuación el posicionamiento de la Asamblea del Posgrado en Estudios Latinoamericanos denunciando el intento de la UNAM de cobrar una cuota significativa para poder realizar el trámite de acceso a cualquier maestría y doctorado, algo que no existía en años previos.
La Izquierda Diario México @LaIzqDiarioMX
Viernes 20 de diciembre de 2024
Ciudad de México, a 18 de diciembre del 2024.
A la comunidad universitaria de la UNAM y a la opinión pública:
El 19 de noviembre del año en curso la Coordinación del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos publicó en su portal oficial el Instructivo de la Convocatoria para el ingreso en el semestre 2026-1 que inicia actividades el 11 de agosto de 2025, donde se contempla entre los nuevos requisitos de ingreso la presentación de un “comprobante de pago por concepto de trámite de registro”, cuyo monto para lxs aspirantes de nacionalidad mexicana es de $480.00 (cuatrocientos ochenta pesos M. N.) y para quienes provienen del extranjero de 150 USD (ciento cincuenta dólares estadounidenses). Este requisito para el ingreso aplica tanto para aspirantes a maestría como a doctorado. Dicho instructivo deriva a su vez de la Convocatoria de selección e ingreso a programas de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que fue publicada en el Suplemento Especial de la Gaceta UNAM el mismo día que se dio a conocer el instructivo. Con posterioridad, el 09 de diciembre del 2024, se publicó en la gaceta el Programa de Racionalidad Presupuestaria 2025, en el que se contemplan diversas medidas administrativas y de gestión para “hacer eficiente y eficaz el ejercicio y control del gasto” que la institución dispondrá para el 2025. Sabemos de antemano que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025 contemplaba una reducción significativa de las partidas presupuestarias asignadas a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Reducción que después fue rectificada como un “lamentable error” por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tras ello, la dependencia aclaró que el incremento presupuestario sería del 3.5% respecto al año anterior y es así como resultó tras conocerse el Dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, ya aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, aún con la rectificación, estamos convencidxs que la supuesta “eficacia y eficiencia en el ejercicio y control del gasto” no se garantizará incrementando la recaudación extraordinaria por medio de cuotas que vulneran el acceso equitativo a los programas de la universidad. Este tipo de cobros, crean una barrera que sistematiza la exclusión de estudiantes con recursos limitados, especialmente, mujeres, indígenas, entre otrxs, limitando el derecho a una educación inclusiva, pública y gratuita. Además, los recursos que se podrían recaudar mediante ese “pago por concepto de trámite de registro” –muy limitados en relación con el presupuesto que recibe la Universidad por concepto de subsidio del gobierno federal– de ninguna manera justifican las prácticas excluyentes que dicho cobro generaría.
La exigencia por cualquier tipo de cuotas induce formas de privatización de la universidad pública. Por esa razón, el estudiantado universitario y buena parte de la sociedad mexicana se han opuesto históricamente a esas prácticas. Prueba de ello son los procesos político-estudiantiles encabezados por el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) en 1986 y el Consejo General de Huelga (CGH) en 1999-2000. Tenemos la convicción de que el acceso a la educación y a nuestra casa de estudios, así como a todas las Instituciones de Educación Superior públicas del país, debe mantenerse fiel al artículo tercero constitucional para cumplir uno de sus objetivos fundacionales, expresado en el título de un mural de David Alfaro Siqueiros que flanquea a la torre de rectoría: “el pueblo a la universidad, la universidad al pueblo”. Ninguna medida de imposición de cuotas por motivos de inscripción o cobros por prestación de servicios debe tener cabida en nuestra universidad.
Hasta ahora, el proceso de registro y selección de lxs aspirantes a ingresar a los posgrados de la UNAM se ha hecho sin la necesidad de realizar un cobro. No obstante, si lo que las autoridades universitarias buscan es disponer de recursos para financiar el proceso de admisión a los posgrados de la UNAM, pensamos en algunas posibilidades para disponer de esos recursos económicos sin tener que incurrir en el cobro de cuotas excluyentes que generan más problemas que los que supuestamente buscan resolver. Por ejemplo:
• Reducir el cobro de sobresueldos de la alta burocracia universitaria, también conocida por lxs universitarixs como “élite dorada” o “casta dorada”. La alta burocracia universitaria no solo recibe los salarios por los cargos que desempeña en la Universidad, los cuales rondan los $200,000 M.N (doscientos mil pesos) mensuales en el caso del rector, la secretaria general y su equipo cercano. Además, muchxs de lxs altxs funcionarixs universitarixs continúan cobrando como profesores e investigadores de tiempo completo y reciben los “estímulos” correspondientes como los de el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y el Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE), más compensaciones por participación en órganos colegiados, estímulos por proyectos de innovación académica etcétera. Los sueldos y percepciones de lxs altxs funcionarixs, además de excesivos, son aberrantes si se considera el salario promedio mensual nacional y las dificultades cotidianas que enfrenta el grueso de la población mexicana, cuyo trabajo e impuestos sostiene a nuestra Universidad.
• Eliminar los extravagantes e innecesarios costos de representación y gastos personales del rector y la alta burocracia universitaria.
• Someter a una revisión exhaustiva las erogaciones destinadas a lxs profesorxs investigadorxs de tiempo completo, así como la elaboración de un programa de jubilación oportuna. De acuerdo con el Portal de Transparencia Universitaria, existe una abultada capa de profesorxs investigadorxs que perciben ingresos netos que rondan los $100,000 pesos mexicanos M.N por mes, donde se contemplan diferentes tipos de estímulos, adicionales a las primas de antigüedad, sin contar con los ingresos por incentivos externos que obtienen del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT). El problema se encuentra a la hora de buscar la jubilación, ya que solo se les cuenta para esto sus ingresos base, lo cual genera que muchos de estas y estos profesores prefieran no para jubilarse, debido a que se quedarían en una situación precaria.
Únicamente con estas medidas se lograría recaudar más dinero que cobrando cuotas de registro para ingresar al posgrado, además, contribuirían a generar más transparencia y a eliminar los excesos de la élite universitaria y todo el alto funcionariado que se beneficia de la forma en la que se distribuye el presupuesto universitario.
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Tenemos ante nosotros la muestra de una serie de problemáticas que no son coyunturales, sino que responden a lógicas sistémicas y estructurales, que desvalorizan el acceso a la educación pública y de calidad por reproducir un sistema que promueve una lógica mercantil; problemáticas que no se resolverán con medidas superficiales, como lo es la imposición de cobro de una cuota para las convocatorias de ingreso a los programas de posgrado. En relación a ello, cabe señalar que otro de los grandes problemas que inhibe un ejercicio distributivo más equilibrado es la enorme brecha salarial que existe entre la fuerza de trabajo universitaria. Un ejemplo característico de ello se encuentra con las y los profesores de asignatura, que a diferencia de las categorías de profesores de tiempo completo, no cuentan con un contrato de trabajo permanente y sobreviven con escuetas percepciones salariales que rondan los 10,000 pesos mexicanos M.N por mes, a veces menos, dependiendo de las horas-clase impartidas. Al respecto, una investigación del 2021 demostró que el 63% de la planta docente de la universidad, se trataba de profesores de asignatura, donde en algunas facultades, como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el porcentaje rondaba el 76% de toda la planta académica. No se diga la condición en la que se encuentran todxs lxs ayudantes de profesorxs, sin importar su categoría, quienes en su mayoría perciben un salario “simbólico”, o incluso, trabajan sin remuneración alguna, desempeñando labores por las que el personal docente basificado sí percibe ingresos. Las medidas ineficaces adoptadas para abordar un supuesto problema presupuestario en realidad responden a una agenda subyacente. Estas políticas buscan acelerar la privatización del sistema educativo, perpetuando los niveles de desigualdad y precariedad en el país, en alineación con los intereses del capitalismo transnacional.
¿Cómo no va a existir una insuficiencia presupuestaria con un esquema distributivo que fomenta un proceso simultáneo de precarización-elitización? ¿Acaso el Patronato desconoce o ignora la disparidad que existe en torno a las asignaciones presupuestales? Nosotrxs creemos que toda decisión que comprometa el acceso, permanencia y titulación de lxs alumnxs de esta casa de estudios tiene que ser discutida ampliamente en un diálogo público y abierto donde se integre democráticamente a la comunidad estudiantil como requisito indispensable para la toma de acuerdos; valorando así a la comunidad estudiantil como actor fundamental del sistema educativo. En este tenor, quienes conformamos la comunidad estudiantil del Programa de Posgrado en Estudios Latinoamericanos reiteramos nuestro profundo rechazo a la imposición de tales cuotas, demandando su derogación inmediata y la apertura de canales de discusión que permitan encontrar alternativas para solucionar los problemas que nos aquejan en lo general, como comunidad universitaria.
¡No a las cuotas ni a la privatización!
¡En defensa de la educación pública, gratuita y popular!
¡Por una organización estudiantil combativa y permanente!
ASAMBLEA ESTUDIANTIL DEL POSGRADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
