Fue decidido en una sesión exprés del Consejo Superior. La intervención de un fiscal federal durante la sesión fue objeto de polémica.
Maximiliano Olivera @maxiolivera77
Miércoles 6 de abril de 2016
Menos de 50 minutos le bastó al Consejo Superior de la UNT, en sesión extraordinaria, tratar los dictámenes de las comisiones del cuerpo en torno al rol de querellante de la casa de estudios en la causa por la que se investiga al ex rector Juan Cerisola. La rectora, Alicia Bardón, procedió con rapidez al tratamiento y votación, sin mucho lugar a las intervenciones.
Se pusieron a consideración dos dictámenes en torno al expediente 1798/15 donde se requiere información de lo que actuado en relación a la causa SIGEN/Eudal. El dictamen por la mayoría, con la firma de 22 consejeros superiores, insta a la UNT a presentarse como querellante. En minoría se presentó un dictamen firmado por Margarita Hidalgo (decana de Ciencias Naturales), Silvia González (decana de Bioquímica, Química y Farmacia) y Agustín Santos (consejero estudiantil), sosteniendo que no era necesario ser querellante, ante el avance positivo de la investigación por parte de la justicia.
De manera nominal, se procedió a la votación. 25 consejeros votaron por el dictamen de la mayoría, 3 lo hicieron por la minoría y 3 se encontraban ausentes. Con la excepción de Hidalgo y González, los decanos votaron por la moción de la mayoría.
Sin éxito, el consejero Ricardo Cisneros pidió cambiar en la resolución la expresión “facultar a la Rectora” por “instruir a la Rectora”, ya que se podía interpretar como que la última palabra dependía de Bardón. Citando una resolución similar de noviembre de 2014, reafirmó “hay una decisión tácita del Rectorado de no ser querellantes”.
Trascartón, Bardón leyó una propuesta del director de Asuntos Jurídicos, González Navarro, proponiendo que Diego Lamoglia (profesor de Penal II en la Facultad de Derecho) sea parte de los letrados que asesorarán a la UNT durante el proceso judicial.
El momento polémico de la jornada fue la intervención del fiscal federal Gustavo Gómez. En un primero momento Bardón se negaba a darle la palabra, arguyó que el único tema de la sesión ya se había tratado. “Me hubiera gustado que el fiscal haya pasado antes por mi despacho para informarnos”, chicaneó Bardón.
“Lamento la frase de la Rectora. No es mi estilo visitar en sus despachos a quienes pueden ser imputados”, respondió el fiscal al iniciar su intervención. Gómez sostuvo que la causa SIGEN no era la única y que la UNT debía ser querellante en todas las causas penales existentes. Y citó como antecedentes la causa por falsificación de notas en la Facultad de Derecho, “próxima a prescribir”, o las denuncias por contaminación ambiental que pesan en Minera La Alumbrera, de quien la UNT es socia en la UTE Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD).
El fiscal federal instó a que la UNT “no sea una querella pintada” y que asuma un rol activo. Para ello propuso que la UNT designe como representantes a los profesores Eduardo Ruiz Pesce y Ramón Eudal, quienes presentaron denuncias en algunas de las causas en cuestión.
Cuando Bardón se proponía levantar la sesión, Adela Seguí, decana de Derecho, pidió la palabra para reivindicar la decisión del Consejo y calificó de “violenta” la intervención de Gómez, “hizo caer una sospecha grave sobre el Consejo Superior” agregó. En otra intervención agregó que el fiscal federal “vino a hacer política, que vaya a investigar, es su trabajo”.
Con dureza, Daniel Yépez (del estamento docente de Filosofía y Letras) criticó la “poco gratificante” visita de Gómez. Con una intervención a los gritos contra la “justicia tortuga, que tardó 30 años para juzgar a los genocidas, que no se renueva” fustigó al fiscal federal, quien ya se había retirado de la sala. Estas palabras motivaron el aplauso de Hugo Saab y otros funcionarios que seguían la sesión.
Cuando Bardón y un grupo de decanos se levantaban dando por finalizada la sesión, representantes del gremio docente ADIUNT hicieron uso de la palabra para reclamar ser parte de la querella y proponer una comisión investigadora independiente compuesta por los cuatro estamentos.
Ante la Justicia Federal
Por estas causas ya prestaron declaración Juan Carlos Raimundín (ex secretario administrativo) y Olga Cudmani (ex directora de la Dirección General de Construcción Universitarias, sector que pasó bajo la órbita directa de Cerisola en 2008). Se prevé que hoy Horacio Alfredo Lobo (ex inspector de obras) se presente ante el juez Fernando Poviña.
Para la semana que viene están citados Osvaldo Venturino (ex director de Inversiones y Contrataciones), Luis Sacca (ex subsecretario de Políticas Administrativas y ex diputado nacional por la UCR) y el ex rector Juan Alberto Cerisola.
