El saqueo del cobre y de los recursos naturales, hoy, en tiempos de pandemia, supone una reflexión mayor en torno hacia dónde deben destinarse las ganancias que se llevan a sus bolsillos los grandes grupos económicos transnacionales o del país, mientras el pueblo trabajador padece las consecuencias de la pandemia: contagios, muertes, despidos, suspensiones y hambre.
Viernes 31 de julio de 2020
La semana pasada el Financial Times, daba a conocer que durante este tiempo la región de Antofagasta ganará más de lo habitual debido al repunte brusco del 38% del valor del cobre, lo que en el último mes hizo que la minería recuperará todo lo que había perdido al inicio de la pandemia. Y es que este brusco repunte que tiene a la libra del cobre tocando los US$3, se debe a dos factores principalmente. Por una parte, a los proyectos de infraestructura en China que ha provocado una elevada demanda del metal rojo; y, por otro lado, debido a la disminución de la producción de cobre en Perú, el principal competidor de Chile, que bajó un 40% la producción debido a la pandemia.
También hemos sido testigos que los números azules de la minería chilena, sobre todo de la gran minería del norte del país, tiene relación que a diferencia de Perú, la producción cuprífera no ha parado un sólo minuto desde que inició la pandemia, donde los capitales transnacionales como BHP, Glencore, Anglo American, Barrick Gold, entre otros o los nacionales como Luksic e incluso CODELCO la minera del Estado, han empujado a las y los trabajadores a producir como en normalidad cuando en estos momentos atravesamos por una pandemia, que sólo en la minería a nivel nacional tiene a más de 5 mil trabajadores contagiados y 12 muertos, un cobre manchado por la sed de la ganancia capitalista.
Y esta es la tónica en las principales regiones mineras del país, como lo es Antofagasta en que el 40% de los contagios están ligados al rubro de la minería, pero esto a los grandes empresarios y el Gobierno no les interesa mientras en la región se siga produciendo el 52% del cobre nacional, donde esta ocupa el 50% de la exportación nacional, siendo la explotación del metal rojo el 10% del Producto Interno Bruto del país.
En Chile se produce el 30% del cobre a nivel mundial, en el país y principalmente en la región de Antofagasta se encuentra las mineras más grandes e importantes de todo el territorio. No es casual que el Gobierno de Piñera, haya respondido que defiende la esencialidad de la minería como servicio a los grandes capitales como BHP, bajo el argumento de que la minería es el sector estratégico por excelencia a nivel nacional, del cual incluso depende parte importante de los ingresos fiscales, y en las palabras del propio Gobierno para enfrentar la crisis sanitaria como la necesidad de que la minería funcione para ser el principal sostén ante alguna posibilidad de repunte económico, esto en medio de una crisis económica a nivel internacional que no encuentra una clara salida.
¿Pero es tan así como dice el Gobierno? ¿Cuánto realmente de los recursos que existen en la industria del cobre entran directamente al fisco y al bienestar de la población? Sí es así, ¿por qué no se han utilizado los miles de millones de dólares de la gran minería para enfrentar la crisis sanitaria y el Gobierno opta por un acuerdo nacional que embarga a las futuras generaciones por años? Y es que con la demagogia que utiliza el Gobierno para mantener el funcionamiento de la minería por el “bien de todos los chilenos” se esconde el brutal saqueo de los recursos naturales y las escandalosas ganancias de los capitales transnacionales y nacionales de la minería, de las cuales una pequeña porción entra al Estado.
El saqueo del cobre en Chile: un “derecho” de los empresarios desde dictadura
En Chile la producción de cobre representa el 30% a nivel mundial, la mitad de las exportaciones en el país, las que tienen un valor de US$33,3 mil millones de los US$36,6 mil millones de los metales que se exportan. Por lo tanto, el país ocupa un lugar privilegiado a nivel mundial en el mercado de los commodities. Es decir, son miles de millones de dólares los que corren en la minería del cobre sin contra la minería no metálica, en la que el litio también viene ganando un lugar privilegiado.
A pesar de las grandes ganancias que genera la industria del cobre y la cantidad de riquezas que se generan a partir de la explotación de los recursos naturales, nada de esto es algo que vaya en beneficio del conjunto del pueblo trabajador y pobre. Los únicos que tienen derecho sobre esto son los grandes capitales extranjeros y nacionales como Luksic, que han adquirido los derechos de propiedad de decenas de yacimientos, que actualmente se traduce que el 71% de la producción de cobre está en manos de los privados y el resto en la minera estatal CODELCO.
Y es que esta tónica se ha dado, desde la legislación minera del año 82’, una de las herencias de la dictadura de Pinochet que aún sigue vigente como lo es el Código Minero y la Ley de Concesiones mineras del mismo año, una legislación totalmente entreguista a las empresas imperialistas. Por ejemplo, la Ley de Concesiones mineras establece de carácter indefinido la concesión de explotación, siendo alguna de las pocas “obligaciones”, pagar una patente anual que no representa muchas veces ni una pérdida para el privado. Llega a ser una legislación tan ridículamente a favor de los empresarios, que la explotación estatal respecto de las sustancias concesibles (el cobre, por ejemplo) se debe hacer a través de esta ley, donde el Estado “compite en igualdad de condiciones” con los particulares, es decir, el Estado debe conseguir concesiones de sí mismo.
Es más, una vez que al particular se le otorga la concesión, tiene un derecho de propiedad, a pesar de que “el dueño” -en el papel- sea el Estado, el privado tiene todas las acciones posibles para ejercer su derecho de propiedad y resguardarlo, que incluso está consagrado en la Constitución de 1980, como parte de un derecho fundamental. También, en esta misma Constitución, se establece el “derecho” a indemnización en caso de expropiación. Por lo que no sólo se dan el derecho a saquear todo, sin ni un tipo de control, sino que además hay que indemnizarlos.
Pero, no sólo ha sido la Constitución golpista la que se ha encargado de asegurar las grandes fortunas para los capitales extranjeros y nacionales privados. Durante el Gobierno de la ex Concertación,con Ricardo Lagos a la cabeza, se llevó adelante la promulgación del “royalty” minero o lo que se conoce como el impuesto específico a la minería. El cual históricamente ha sido un robo, si pensamos que este impuesto a las ganancias de las grandes mineras no supera el 5% de las utilidades generadas, mientras las mismas se dan el lujo de evadir impuestos, como lo es el impuesto a la renta del 27% que debe pagar todo empresario, pero que en el documento de las observaciones del Consejo Minero en torno al royalty minero, se dio cuenta que ese 27% termina siendo un 16% real de impuesto, ya que las grandes compañías mineras tienden a dividir sus ventas entre sus filiales.
Para ejemplificar más sencillamente este descarado robo, las cifras del año 2019 muestra que de los ingresos al fisco por parte de la gran minería fueron de US$3.966 millones, de estos sólo US$2.689 millones fueron aportados por las grandes mineras privadas que concentran el 71% de la producción, mientras que el aporte de CODELCO como minera estatal fue de US$1.277 millones de dólares siendo que la producción de cobre de esta un poco más de un cuarto del total.
Pero para mostrar aún más la brutalidad que expresan estas cifras, es cosa de ver las últimas ganancias de Minera Escondida, una de las más de 50 grandes mineras del país, que sólo durante el último año fiscal tomando en cuenta sólo los costos de producción logró llegar a los US$5,9 mil millones, lo que equivale a tres meses de sueldo por 500 mil pesos de toda la población de la región de Antofagasta. Y esto sin contar las ganancias del resto de los grandes grupos como Anglo American, Barrick Gold, Glencore, Lumina Copper, KGHM, Freeport-McMoran, TECK y AMSA del grupo Luksic.
Riquezas hay para que la crisis no la pague el pueblo trabajador y pobre. Es por esto que hay que aumentar el impuesto a estos grandes empresarios al 20%, con los cuales se podría garantizar el sueldo íntegro de las y los trabajadores ligados directa e indirectamente a la minería para así paralizarla junto los otros trabajos no esenciales hasta que se controlen los contagios en la región minera y que sean los trabajadores a través de Comisiones de Higiene y Seguridad bajo control de ellos mismos junto a profesionales de la salud y especialistas quienes determinen cuándo y cómo volver a trabajar.
Con todas estas riquezas, se podría financiar un real plan de emergencia frente a la crisis sanitaria, que cuestione las grandes ganancias de los capitalistas y que sean estos quienes paguen la crisis. Pero este debate, abre una discusión más profunda que el aumentar el impuesto a las grandes fortunas, sino que, peleemos por una Asamblea Constituyente libre y soberana para realmente decidir sobre los recursos naturales del país y que éstos estén al servicio del pueblo pobre y trabajador.
