BRASIL – MASACRE EN AMAZONAS. La barbarie en las cárceles brasileras: facciones, tráfico y el papel del Estado

Foto: Isis Capistrano

Las chocantes escenas de los cuerpos decapitados, corredores de prisión ensangrentados vuelven a circular en los medios de comunicación. El gobierno del Amazonas confirma 62 muertos en dos cárceles: 58 en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj) y otros 4 en el presidio de Puraquequara. Las escenas remiten directamente a la mayor masacre de la historia del sistema carcelario brasilero, la masacre de Carandiru en San Pablo. Esta vez, los medios y el gobierno buscan culpar a las facciones y no a su propio accionar. ¿Es realmente así?

Relatos de jueces y abogados que trabajaron en la negociación dan cuenta de la barbarie. La escena remite inmediatamente a Carandiru. En aquella ocasión la Policía Militar de San Pablo masacró a más de cien presos. Esta vez intentan explotar una “maldad inherente” a los “bandidos”. Sin embargo, no pueden dejar de mencionar la absurda sobrepoblación carcelaria del país, las condiciones “medievales” de las prisiones como supo llamarlas en su momento un ministro del Supremo Tribunal Federal, y por más que intenten ocultar, los lazos evidentes del Estado brasilero con esta barbarie.

Consumada la masacre, el ministro de Justicia Moraes afirmó que creará inteligencia en los estados para “prevenir las masacres”, y prevé que la misma disputa nacional entre facciones puede generar conflictos similares en otros estados. Como si no se supiera que este conflicto estaba en curso y no tuviese relación con otros episodios sangrientos en Roraima, en Ceará y en otros estados.

Incluso apelando a una supuesta "barbarie inherente" todos los medios de comunicación no puede ocultar algunos hechos: el gobierno de Amazonas (sospechado de tener relaciones con una facción del tráfico, según ha informado la misma red O Globo), sólo intervino y trató de negociar la rendición después de que los presos de una facción habían matado a decenas de la otra.

Como todo el mundo sabe, todo el sistema carcelario brasilero está sobrepoblado de pobres y negros sin juzgamiento y acusados de participar en el tráfico de drogas. Para sobrevivir en un ambiente donde se fomenta la barbarie, son comunes los relatos sobre cómo los detenidos debe elegir una facción ya al entrar a la prisión. Sin esa elección los riesgos son mayores.

En la Amazonas esta regla general es llevada a un mayor nivel. Si en todo el país existe una sobrepoblación de 67%, es decir, las prisiones fueron diseñadas para 250.318 internos y hay 622.202 personas en esta condición, en el estado al norte del país la sobrepoblación es del 159%.

En todo el país se estima que el 40% de los presos nunca fueron juzgados. Casos en que hay acusación de conexiones con el tráfico son los más frecuentes entre los presos sin juzgamiento. Es suficiente con que la policía acuse a un pobre y negro de posesión de alguna cantidad de drogas para garantizar su ingreso a estas prisiones. Es demasiado pronto (y temerario) hacer especulaciones sobre el papel directo del gobierno de Amazonas en la masacre, aunque se sabe que existe un conflicto entre las facciones que buscan un control de la ruta de flujo internacional de drogas a través de Solimões. Esta ruta ha desplazado la ruta paraguaya que está dominada por una de las facciones en pugna.

También es conocido el papel activo que las fuerzas policiales y los políticos han tenido en la creación de facciones en diversos estados del país (y en particular el papel de fomentar la división y la guerra de facciones en Río de Janeiro a partir de los años 80, creando en ese ínterin también las milicias). Los objetivos en la promoción de esta barbarie son variados: la obtención de recursos ilegales, y una preocupación más estratégica por crear conflictos sangrientos que puedan presentar la represión como una solución a la barbarie. Pueden crear una violencia diaria del Estado en su "guerra a las drogas" como respuesta a los conflictos creados primero por la no legalización de las drogas y luego mediante el incentivo a la guerra de facciones.

Los vínculos del Estado con esta barbarie, sea con el sistema carcelario intrínsicamente racista, sea en la prohibición de las drogas e incluso en el incentivo a la guerra de facciones quedan en total evidencia. No hace falta que algún policía del Amazona empuñe los cuchillos y escopetas para encontrar nuevamente las manos del Estado en un nuevo Carandiru.