El movimiento magisterial contra la reforma educativa neoliberal que el gobierno federal insiste en mantener a toda costa, abrió la discusión sobre el proyecto educativo nacional y quiénes deben definirlo.
Martes 9 de agosto de 2016
Intentando refutar las críticas a la reforma educativa por su falta de contenido pedagógico y de recuperar la iniciativa política, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó su “nuevo modelo educativo”.
Contó con el respaldo de los charros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con los que viene negociando, mientras los representantes de la Segob ganaban tiempo en la mesa de negociación con la CNTE, negándose a discutir la abrogación de la reforma, que es la demanda principal del movimiento.
Tratando de parecer “incluyente” y de mostrar a los maestros como intransigentes, la SEP dispuso que su “modelo” se someta a un proceso de consulta exprés que deberá concluir en septiembre. Ignorando nuestras demandas, Nuño llamó a la CNTE a que no se “autoexcluya” de esta consulta amañada para avalar su reforma.
En contraposición, la CNTE propone la construcción de un Proyecto de Educación Democrático, por lo que convocó a un “foro informativo” sobre evaluación, a realizarse este 9 de agosto, en el que podrán participar maestros, padres y madres de familia, académicos, sindicatos y organizaciones sociales… además de empresarios, funcionarios y legisladores de diversos partidos del régimen.
Desafortunadamente, desde su convocatoria este foro fomenta la idea de que podemos ponernos de acuerdo con quienes aprobaron y siguen sosteniendo la reforma.
Desafortunadamente, desde su convocatoria este foro fomenta la idea de que podemos ponernos de acuerdo con quienes aprobaron y siguen sosteniendo una reforma que literalmente ha costado sangre, sudor y lágrimas a los maestros y sus familias.
El modelo de Nuño, la OCDE y los empresarios
El “nuevo modelo” de Nuño poco tiene de original. Es el refrito del proyecto educativo neoliberal que se ha venido imponiendo desde sexenios anteriores, dictado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los empresarios. Estos quieren subordinar aún más la educación pública a sus intereses, por lo que promovieron la reforma educativa.
El “nuevo modelo” mantiene el enfoque basado en competencias que han empobrecido significativamente los contenidos educativos, en función de una serie de “aprendizajes esperados” y estándares curriculares tendientes a la formación de mano de obra disciplinada y “competente”.
La “escuela al centro” basada en la “autonomía de gestión”, encubre la negativa del gobierno federal a destinar suficientes recursos para la educación pública, indispensables para que haya condiciones materiales adecuadas para el aprendizaje.
El “nuevo modelo” mantiene el enfoque basado en competencias que ha empobrecido significativamente los contenidos educativos.
El programa Escuelas al CIEN, mencionado como parte del “nuevo modelo”, no resolverá el profundo déficit en infraestructura y equipamiento escolar, ni cambiará significativamente las precarias condiciones en que se educan los hijos de la clase trabajadora. Por el contrario, al obtener sus recursos mediante “certificados de inversión” (privada), hipoteca el futuro de las nuevas generaciones, en beneficio de los bancos y empresas financieras.
Al mismo tiempo, Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional) favorece la discriminación perversa entre escuelas “de primera”, cuyos “servicios” son preferidos por los “usuarios”, por lo que reciben mayores recursos al ser consideradas “eficientes”; y escuelas de “segunda” abandonadas o condenadas a desaparecer, como es el caso de los turnos vespertinos, las telesecundarias y las escuelas para trabajadores.
La “autonomía de gestión” sirve también para legitimar que los maestros, junto a los padres y madres de familia se tengan que hacer cargo de resolver las múltiples carencias de las escuelas. Al tiempo que permite una mayor injerencia de los particulares, entiéndase las empresas, mediante los Consejos de Participación Social.
El objetivo de imponer a toda costa la “normalidad mínima escolar” y un “marco de convivencia” punitivo, busca impedir que los trabajadores de la educación y los estudiantes se organicen.
Lejos de ser, como el modelo presume, “órganos colegiados de decisión técnico pedagógica” donde los maestros podamos discutir libremente los problemas de nuestras escuelas, los Consejos Técnicos Escolares son el medio para legitimar e imponer las directrices de la SEP, reforzando el tutelaje autoritario de los directivos.
El objetivo de imponer a toda costa la “normalidad mínima escolar” y un “marco de convivencia” punitivo, busca impedir que los trabajadores de la educación y los estudiantes se organicen, discutan y se manifiesten en sus escuelas, propiciando que en éstas impere un clima represivo, nada “pedagógico”.
Luego de golpear y debilitar al sindicato, el gobierno se dio cuenta que necesita de los charros para implementar su reforma y mantener controlado al magisterio.
El “nuevo modelo” pretende legitimar el Servicio Profesional Docente impuesto por la reforma, que “define los mecanismos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de los maestros” en el sistema educativo nacional, cancelando sus derechos laborales conquistados con décadas de lucha. A cambio, propone el desarrollo de una “meritocracia”, seleccionada a partir de evaluaciones amañadas, de acuerdo con el tipo de maestro (individualista, despolitizado y obediente) que persigue este modelo.
Destaca un apartado relacionado con la “gobernanza” del sistema educativo, donde se refiere al SNTE. Luego de golpear y debilitar al sindicato, el gobierno se dio cuenta que necesita de los charros para implementar su reforma y mantener controlado al magisterio.
Nuestro proyecto
La CNTE ha luchado siempre por la defensa y democratización de la educación pública, en el terreno político, pedagógico y social. Desde hace meses viene promoviendo un “diálogo nacional” para la construcción de un “proyecto de educación democrática”.
El proyecto educativo de la CNTE rechaza la reforma educativa; reivindica el derecho a la educación como un derecho humano; plantea la defensa de la educación pública y de las escuelas normales; exige el aumento del presupuesto educativo hasta un 12% del PIB, entre otros de sus planteamientos progresivos. Además, propone una evaluación integral y horizontal de todo el sistema educativo que parta de las escuelas y comunidades.
Es necesaria una salida propia de los trabajadores, absolutamente independiente del gobierno y los partidos patronales; solo así lograremos garantizar la educación que el pueblo necesita.
Como límite, aunque el proyecto de la CNTE se reivindica popular y democrático, no cuestiona el carácter de clase de la educación que imparte el Estado (burgués). En consecuencia, la dirección de la CNTE alimenta la idea de que un proyecto de educación democrático puede ser consensado con los empresarios, su gobierno y sus partidos, quienes buscan privatizar a toda costa la educación pública y acabar con el resto de nuestras conquistas sociales con las “reformas estructurales”.
Así, ante la cerrazón del gobierno, en su propuesta a la Segob, la Comisión Negociadora de la CNTE planteó, como condición para la construcción de este proyecto, que se suspendan todas las acciones inherentes a la reforma educativa, en particular las evaluaciones punitivas, asumiendo que la lucha por su abrogación deberá seguir la “ruta legislativa”, dejando esta tarea en manos de los mismos legisladores parásitos que la aprobaron.
Quienes integramos Nuestra Clase, al mismo tiempo que defendemos todo aspecto progresivo de la educación pública, pensamos que no hay “proyecto de educación democrática” que sea posible sin echar abajo la reforma.
Quienes integramos Nuestra Clase, al mismo tiempo que defendemos todo aspecto progresivo de la educación pública, pensamos que no hay “proyecto de educación democrática” que sea posible sin echar abajo la reforma y que esta lucha no pasa por “convencer” con buenos argumentos a nuestros enemigos, que atentan contra las necesidades e intereses de los trabajadores y el pueblo.
El gobierno federal no va a retroceder en su reforma a menos que se lo impongamos, fortaleciendo y extendiendo el movimiento a otras escuelas, secciones y sectores de trabajadores. Es por ello que, desde Nuestra Clase, venimos proponiendo que se organice una Asamblea Metropolitana y un gran Encuentro Nacional de Organizaciones en Lucha, para discutir un pliego de demandas y un plan de acción unificados, en la perspectiva del paro nacional contra todas las reformas estructurales.
La discusión pedagógica debe ser inseparable de la lucha política en las calles, junto a nuestros hermanos de clase. Es necesaria una salida propia de los trabajadores, absolutamente independiente del gobierno y los partidos patronales; solo así lograremos garantizar la educación que el pueblo necesita.
