Burda y peligrosa. La campaña sucia de Bullrich y Stornelli contra la masiva movilización en el Congreso

“No podemos aceptar que una persona que se ha degradado tanto personalmente quiera degradar a toda una sociedad”, dijo en la tarde de este jueves Myriam Bregman en referencia a Patricia Bullrich. La diputada del Frente de Izquierda estaba en las puertas de la Alcaidía 15 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se alojaban siete de las 35 personas detenidas la tarde-noche del miércoles en el marco de la brutal represión orquestada por la ministra de Seguridad contra la movilización en rechazo de la Ley Bases.

Bregman denunciaba ante periodistas que las y los detenidos recibieron “tratos totalmente degradantes e inhumanos, una práctica de torturas que no podemos naturalizar”. Y también denunciaba la campaña sucia que está montando el Gobierno nacional, acompañado por su par porteño, contra quienes salieron a defender sus derechos.

Sobre esa campaña, el fiscal federal Carlos Stornelli, en línea con el Poder Ejecutivo, acusa a las y los detenidos de cometer graves delitos rayanos con el terrorismo y el intento de dar un golpe de Estado. Y pidió para todos ellos la prisión preventiva. Así lo hizo a través de un escrito que el titular de la Fiscalía Federal 4 envió al Juzgado Federal 1, que conduce la jueza María Romilda Servini. Ambos estaban de turno el miércoles, de allí que parte de las detenciones (las realizadas por las fuerzas federales) cayeron bajo sus órbitas.

Te puede interesar: Continúan presos los detenidos en la protesta contra la Ley Bases: ¡libertad a todos ya!

Mamarracho jurídico

A esta altura nadie duda sobre el prontuario de Stornelli. Un fiscal federal que llegó a estar procesado por asociación ilícita y se negó en reiteradas oportunidades a concurrir a declarar, quedando en “rebeldía”. Y es, junto al juez Ariel Lijo y otros personajes, uno de los “capos” que hicieron de Comodoro Py un antro de operaciones, persecuciones políticas y demás injusticias. No sorprende que hoy sea quien tiene a cargo la colaboración con Milei y Bullrich.

El escrito de ocho páginas del fiscal, al que tuvo acceso La Izquierda Diario, es un mamarracho. No sólo por lo que le pide a Servini sino por los fundamentos en los que se basa. Pero eso no quiere decir que no prospere, lo cual configuraría una peligrosa avanzada sobre el elemental derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

El fiscal le pidió a la magistrada que ordenara la centralización en su Juzgado de todas las causas abiertas por los hechos de este miércoles y que se ordenara la prisión preventiva de todos los detenidos. Vale decir que 22 del total de esos 35 detenidos se encontraban bajo la órbita del Poder Judicial porteño, en una causa abierta en la Unidad de Flagrancia Este que conduce el fiscal Carlos Caputo. Por eso quince varones estuvieron detenidos en la Alcaidía 4 de Parque Patricios y siete mujeres en la Alcaidía 15 de Chacarita. Stornelli pidió sumarlos a los 13 que ya tenía bajo su investigación.

Sobre la noche del jueves, desde el Poder Judicial porteño decidieron remitir la causa en la que se agrupaba a 20 de esos 22 detenidos al fuero federal. “Es la respuesta más razonable tanto desde la perspectiva de la correcta administración de justicia, como de la preservación de los derechos y garantías de las personas que podrían resultar acusadas”, manifestaron desde el fuerpo local para justificar el envío del expediente al Juzgado de Servini.

Así le dieron la razón a Stornelli, quien fundamentó su pedido con argumentos desembozadamente políticos. Según su escrito, hay que investigar las “acciones y conductas, en algún caso bajo posible forma organizada, tendientes a incitar la violencia colectiva en contra de las instituciones, a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, infundiendo un temor público y suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse en un posible alzamiento en contra del orden constitucional y la vida democrática, con el propósito de perturbar y/o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los representantes de la Cámara Alta del Congreso de la Nación”.

Los “fundamentos” del fiscal están en línea con lo difundido horas antes por diversos funcionarios y por la misma Oficina del Presidente, que a través de un posteo de X felicitó a las fuerzas que reprimieron “a los grupos terroristas” que “intentaron perpetrar un golpe de Estado”. Tan es así que Stornelli cita como únicas “pruebas” para acusar ése mismo tuit del Gobierno y extractos de los diarios Clarín y La Nación donde se asegura sin probarlo que al automóvil de Cadena 3 lo incendiario “piqueteros” y “militancia de izquierda” y que las fuerzas federales sólo se dedicaron a “contener el desmadre”.

Un mamarracho jurídico para perseguir políticamente. El escrito de Stornelli sobre detenidos cita como "pruebas" notas periodísticas y el comunicado del mismo Gobierno que usó infiltrados policiales para justificar la represión. pic.twitter.com/NhQB8ILO51

— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) June 13, 2024

Stornelli le anticipó a su vez a Servini que investigará “todos los tipos de participación probable, sea a título de autor, partícipe primario o secundario, instigador e, incluso, quien pudiera haber incurrido en el delito de encubridor”. Obviamente no habla de Bullrich, sus funcionarios, los jerarcas de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, los que ejecutaron las órdenes y los infiltrados de los que se sirvieron. Pero allí debería buscar si lo que quiere es llegar a la verdad.

El fiscal asegura que los detenidos cometieron, entre otros, “delitos contra la seguridad pública”, “instigación a cometer (otros) delitos”, “intimidación pública”, “incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones”, “organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, “resistencia a la autoridad” y “perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos”. Todo “con el posible agravante” de ser considerados actos terroristas (artículo 41 quinquies del Código Penal).

Te puede interesar: Detenciones ilegales: convocan a conferencia de prensa el viernes a las 15 Hs

Campaña burda, pero peligrosa

Todo el país pudo ver que este miércoles el Congreso amaneció totalmente vallado y protegido por cientos de efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. La idea de que se pudiera consumar un “golpe” con actos de “terrorismo” sobre el Parlamento suene descabellada, pero en ella se sustenta la burda campaña que está montando el Gobierno con ayuda de Comodoro Py.

Una vez asegurada la aprobación en general de la Ley Bases y antes de salir nuevamente del país con destino a Europa, el presidente Javier Milei había aportado a la campaña: “Nos quieren tirar un muerto”. Y horas después, mientras Stornelli le pedía a la jueza prisiones preventiva a granel, Bullrich anunciaba que su cartera se presentará como querellante y demandará a todos los imputados.

Dando un paso más que el fiscal, la ministra dijo que los acusará de “sedición” e irá contra los “líderes de las organizaciones” para hacerles pagar el operativo que ella misma orquestó. Un operativo que, dicho sea de paso, dejó un saldo de 200 heridos por gases, balas de goma y palazos. Que los manifestantes paguen por ser violentamente reprimidos es otra ocurrencia típica de la degradada representante de “la casta”.

Paralelamente, el vocero Manuel Adorni insistió en su rutinaria conferencia: “Son terroristas que quisieron poner de rodillas a la democracia”. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, agregó: “No me vengan a decir que lo de ayer fue una manifestación pacífica”. Y el secretario de Seguridad local, Diego Kravetz, completó: “La falta de respeto a la Policía es un atentado, merecen una sanción ejemplar”.

Lo que no investiga Stornelli

Pero lo que importan son los hechos. Y ahí la arremetida discursiva de los funcionarios, al igual que las “pruebas” del fiscal, hacen aguas. Es una posibilidad que las y los detenidos sean “engarronados” más de lo previsto, pero lo cierto es que todo se reduce a una construcción a medida de los objetivos oficiales de hacer pasar a como dé lugar el tremendo plan de ajuste sobre el pueblo trabajador.

Frente al Congreso vallado hasta los dientes, desde la mañana del miércoles fueron decenas de miles de personas las que se acercaron a la Plaza para manifestar, de forma pacífica pero firme y convencida, su rechazo a la Ley Bases. Muchas concurrieron organizadas en asambleas barriales, en sindicatos, en agrupaciones obreras y sociales, en partidos de izquierda. Otras lo hicieron “sueltas”. Y como la cosa apuntaba a ser muy masiva, Milei y Bullrich decidieron impedirlo.

En las primeras horas de la tarde, a poco de que las columnas de la CGT y las CTA se retiraran de la Plaza (cuando aún faltaban muchas horas para la votación), las fuerzas federales comenzaron a provocar a quienes seguían allí con el objetivo de impedir que otra tanda de manifestantes llegaran al salir de sus trabajos. Con una sucesión de movimientos eclécticos, gendarmes, prefectos y policías tiraron gases a quienes caminaban por las veredas y llegaron a cortar ellos mismos varias calles (pisoteando el bullrichista “Protocolo de Orden Público”).

Te puede interesar: El vergonzoso papel de la CGT y las CTA debilitó la lucha contra la Ley Bases y facilitó la represión policial

Intentaron varias veces “dividir” la concentración, metiéndose entre las columnas y corriendo a fuerza de gas pimienta a los grupos más pequeños. Avanzaron sobre diputados y referentes políticos que se habían sumado a manifestar, dejando a varios de ellos hospitalizados. Hasta quisieron impedir el ingreso al Congreso de los diputados del PTS-FITU Nicolás del Caño y Alejandro Vilca.

El ensañamiento con quienes permanecían en la Plaza quedó a la vista de todos los móviles periodísticos. Las columnas del Frente de Izquierda estaban concentradas en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos. Poco antes de las 16, Bullrich ordenó una provocación contra ese sector. Un camión hidrante de la Policía Federal primero arrojó agua a un grupo aislado y después se descargó con potencia contra las columnas partidarias.

Minutos después otro hidrante empezó a atacar a las columnas que estaban a una cuadra, en Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen. Ante la persistencia de los manifestantes, Gendarmería y la División Motos de la Federal arremetieron con gases lacrimógenos y balas de goma. Luego se vería cómo un vehículo de Cadena 3 terminó prendido fuego. Estaba todo listo para avanzar con la cacería.

Un puñado de personas fueron apresadas en esa zona, a una o dos cuadras del Congreso. Pero la mayoría fue literalmente cazada al voleo en calles y esquinas alejadas, sobre todo en la Avenida 9 de Julio. Lo confirma el hecho de que 22 de esas detenciones estuvieron a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que no participó de los operativos alrededor del Parlamento.

Mientras durante todo el día los medios mostraron un auto incendiado, lo que realmente Bullrich y Adorni no quieren que veas fue la brutal represión desatada contra quienes se manifestaron contra la Ley Bases a tal punto que fueron corridos desde Congreso hasta la 9 de julio pic.twitter.com/v5vSprGZsh

— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) June 14, 2024

El modus operandi no es nada nuevo. Las fuerzas federales aplicaron una de las ya clásicas operaciones represivas planificadas por Bullrich y sus funcionarios. Así se vio en reiteradas oportunidades durante la presidencia de Mauricio Macri, en movilizaciones tan diversas como las realizadas en Plaza de Mayo por Santiago Maldonado o frente al Congreso en repudio a la votación del Presupuesto 2019.

Te puede interesar: Abogada de detenidos: "Manifestarse contra una ley regresiva es totalmente válido"

Infiltrados

Como se explica en otra nota, este miércoles también se vio el accionar de infiltrados policiales, cuyos movimientos sirvieron de excusa al Gobierno para desatar la balacera, las persecuciones por calles aledañas y la cacería de personas.

Además de 200 heridos, entre las personas detenidas hay estudiantes universitarios, docentes, asambleístas barriales y hasta un vendedor de choripanes que fue “levantado” de su propio vehículo mientras cuidaba su mercadería. Ellas y ellos son los “terroristas” que querían consumar un “golpe de Estado”.

Consultada sobre la denuncia de la presencia de infiltrados, este jueves Myriam Bregman dijo que “hay que preguntarle a Patricia Bullrich, mis compañeros de La Izquierda Diario han subido los videos, los ponemos a disposición. Ella es la que tiene que explicar, porque fue quien desató la represión a una determinada hora para que no siguiera entrando gente a la plaza. Como lamentablemente no hubo paro, la mayor parte de las personas iban a ir cuando salieran de sus trabajos. Y eso es lo que Bullrich quiso evitar. Sus represiones tienen horarios”.

La afirmación de Bregman puede complementarse con lo que fuentes del Gobierno reconocieron ante el diario La Nación respecto a que, “más allá de las declaraciones y definiciones políticas, hasta el momento no se ha podido entrever en los episodios de ayer un patrón que sugiera una coordinación de acciones. Tampoco se estableció, por el momento, la filiación política de los detenidos en el sentido de poder vislumbrar, a partir de eso, un concierto previo para ejecutar actos desestabilizadores”.

Pero los detenidos siguen sin ser liberados y Stornelli los quiere mucho tiempo más así. “Es todo una locura, ¿por qué tienen que estar incomunicados, por qué no pueden recibir alimentos o medicación? ¿Por qué se tardó tanto para que los abogados y sus familiares pudieran verlos? Patricia Bullrich quiere hacer de esa crueldad una norma, dijo la diputada del PTS desde la Alcaidía 15, donde fue a ver el estado de las mujeres presas.

Sobre Stornelli, Bregman agregó que “compró los inventos de Bullrich”, pero él es un fiscal “que debería estar dando explicaciones en la Justicia y no juzgando a personas que se manifiestan”.

Este viernes a las 15 se realizará una conferencia de prensa donde participarán organizaciones que fueron reprimidas el miércoles. En un comunicado, la misma Bregman convoca a participar “frente a las falsas imputaciones y calumnias realizadas por Patricia Bullrich y Manuel Adorni, replicados por un escandaloso dictamen del fiscal Carlos Stornelli”. Asimismo, afirmó, “se va a poner de relieve la situación de las y los detenidos ilegalmente durante esta jornada”. La conferencia de prensa será en la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), de Piedras 730 de la Ciudad de Buenos Aires.

Es necesario el más amplio repudio ante esta situación. Sólo con una masiva contracampaña democrática, encabezada por organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles y culturales se podrá poner freno a los ataques represivos, plagados de ilegalidades, con los que el Gobierno pretende garantizarse la aplicación de su plan de guerra económico contra la población trabajadora.