71 de 81 universidades españolas se saltan los mínimos legales sobre contratos, con casos de hasta el 100% de temporalidad. Sólo 4 campus cumplirían los nuevos requisitos previstos. Sueldos de hasta 300€, chanchullos y tasazos: la cara B de la universidad neoliberal.
Lunes 22 de marzo de 2021
El informe “¿A qué puede llamarse universidad?” del Observatorio del Sistema Universitario presenta un panorama demoledor: solo 10 de las 81 universidades españolas cumplen las exigencias establecidas hace décadas por la legislación. Si tenemos en cuenta los requisitos previstos por el Proyecto para acreditación de centros del Ministerio, el número se desploma a 4 universidades, todas ellas públicas.
El informe estudia el cumplimiento de cuatro medidores regulados por la legalidad actual: la oferta docente, la actividad investigadora, la plantilla de personal docente e investigador (PDI), y las instalaciones y equipamiento de los centros docentes. Los datos recogidos sobre el PDI en la Universidad española son especialmente preocupantes.
El Real Decreto 420/2015 exige que el PDI con contrato temporal no supere el 40% en las universidades públicas, y la LOU (Ley Orgánica de Universidades) extiende este requisito a las universidades privadas. Aunque estos requerimientos se establecieron hace años, dos tercios de las universidades públicas presentan una temporalidad superior al 40%.
Destacan por su elevada precariedad las universidades catalanas, donde 5 de las 7 superan el 60% de contratos temporales; y la altísimas proporción de PDI a tiempo parcial en las universidades privadas, llegando hasta el 88,4% de la plantilla en la madrileña Universidad Alfonso X el Sabio.
La precariedad también es un virus: ¡a la huelga contra la universidad neoliberal!
Otra de las situaciones más graves de precariedad laboral dentro de las universidad es la generalización de la figura del “asociado”. En los años 80 fue presentada como una excepción para regularizar a los “no numerarios” tras las luchas de los años anteriores, pero que se ha convertido en un coladero con sueldos que rondan entre los 300€ y los 600€.
Según el artículo La precariedad del trabajo académico en la universidad, para llegar a este coste de la mano de obra las castas que dirigen las universidades recurren a ingeniosas categorías, como el “falso asociado”, o docentes “visitantes” en su propia universidad, entre otras. Así, el personal asociado va desde el 42% de media en el conjunto de universidades a tasas de más del 50%.
Este ha sido un tema recurrente a la hora de poner cara de disgusto entre rectores para después no hacer nada, tal y como reprodujo el ministro de Universidades Manuel Castells con una promesa de acabar con esta situación que no se ha concretado en ninguna medida. De la misma forma, las tasas universitarias siguen expulsando a miles de estudiantes por no poderlas pagar cada año.
¿Qué modelo de universidad quiere Castells y por cuál debemos pelear los estudiantes?
Si además de los centros propios consideramos los centros adscritos, los datos son incluso peores. En España existen 166 centros adscritos, 148 de ellos a universidades públicas. De estos, 101 son de titularidad privada. De las 50 universidades españolas con centros adscritos, 40 superan el 40% de contratos temporales, llegando a alcanzar el 100% en centros como la Universidad de la Rioja.
Los centros adscritos constituyeron desde su creación una forma de conseguir titulaciones con los precios y facilidades de las universidades privadas, pero con el sello de las universidades públicas. Sin duda, esto cuestiona la calidad y viabilidad de estos centros intervenidos por la privada, que se han convertido en una forma de negocio privado de venta de títulos, pero que son equiparables a los de la universidad pública, implicada así en este negocio.
Como el propio Observatorio plantea, estos flagrantes datos no solo ilustran la brecha existente entre comunidades y universidades públicas y privadas, sino que también evidencian la impunidad con la que las universidades pueden obrar por fuera de la ley durante décadas. A pesar del prestigio asociado, las castas universitarias han conseguido moldear los campus como uno de los sectores más opacos respecto a condiciones y derechos laborales, al margen de molestas inspecciones o fenómenos sindicales. O eso creían.
En los últimos años se han convocado en varias universidades huelgas de personal investigador, de limpieza, mantenimiento, servicio de deportes o laboratorio, combatiendo EREs, exigiendo subidas laborales que no se cumplían, o denunciando que “las universidades cubren puestos estructurales y trabajos de responsabilidad similares a los de los funcionarios con estudiantes a los que mantiene en la más absoluta precariedad”.
No es que queramos acabar con la precariedad laboral en los campus porque creamos que el prestigio que acompaña al trabajo intelectual tenga que liberar de la precariedad a la plantilla de las universidades, sino porque queremos combatir a quienes nos roban el fruto de trabajo y el tiempo a cambio de sueldos de miseria, con o sin títulos, desvelando el envoltorio clasista con el que las universidades pretenden tapar la pobreza con honores.
En estos momentos el paro juvenil supera el 40%, hay 3,72 millones de parados contabilizados y más de un tercio (el 33,5%) son parados de larga duración, es decir, llevan más de un año desempleados. La sensación de inseguridad respecto al futuro, el incremento del paro juvenil y la deficiente actuación de las instituciones educativas y los gobiernos dibujan un futuro desolador para la juventud, pero no debemos caer en la desesperación de un sistema que no nos ha dado nada, sino que debemos convertir toda esa rabia en organización militante.
Jorge Remacha
Nació en Zaragoza en 1996. Graduado en Historia en la Universidad de Zaragoza. Milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español y en la agrupación juvenil Contracorriente.
