La caída en picado de Cristina Cifuentes parece no tener fin. Hoy se ha hecho pública la imputación de definitiva de la expresidenta por cohecho y falsificación documental.
Viernes 11 de mayo de 2018
Estos delitos pueden conllevar penas de hasta 6 años de prisión y la pérdida de su antiguo puesto de técnico superior administrativo en la Gerencia de la Universidad Complutense de Madrid, el cual ya había solicitado este jueves pasado y del que ya recibía sueldo.
Dado que renunció al acta de diputada de la Asamblea de la Comunidad de Madrid el pasado 8 de Mayo, es precisamente su puesto como funcionaria lo que más queda en el aire. Por ahora, la Universidad Complutense de Madrid no se ha pronunciado, y es que, legalmente, hay que esperar a una hipotética condena para inhabilitarla.
No obstante, el reingreso de Cifuentes a su vida laboral previa a su carrera política no deja de estar manchado por la polémica. Ocurre en medio de la tempestad mediática provocada por su fraudulento máster por el que se le imputa, que ha puesto a las universidades públicas en el punto de mira. Ya no sólo la Universidad Rey Juan Carlos se ha visto empapada por el escándalo. El rector de la Universidad Complutense, Carlos Andradas, así como el rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Rafael Garesse, exigieron rápidamente responsabilidades al respecto, temiendo el efecto que la polémica podía acarrear al crédito de las instituciones.
Este temor no parece demasiado profundo como para olvidar a quien se debe la universidad. La reincorporación de Cifuentes en la Complutense podría pasar por un trámite normal si no se hubiese puesto en tela de juicio la honestidad de la expresidenta y, lo que es peor, de las instituciones. El nepotismo no surge de la voluntad del privilegiado, sino de la institución que tolera que ello ocurra. En el caso del máster, ya han sido imputados los miembros del tribunal, y la profesora que modificó las notas lo hizo bajo presión del rector y amenaza de una asesora del Gobierno de Cifuentes. En el caso de la Complutense, aunque no haya trascendido el asunto, tampoco hay ninguna normalidad, tal y como ha insistido la universidad.
No hablamos de la falta de moralidad de ostentar un cargo político mediante engaños respecto a un documento. Sino que, además, el presidente del tribunal que aprobó sus oposiciones para técnico superior en el año 2001 es uno de sus mejores amigos, Dionisio Ramos, también alumno del máster de la URJC e implicado en el Tamayazo y en la Gürtel. Otros miembros del tribunal de oposiciones fueron José Francisco Otero, a quien la expresidenta nombró gerente del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y Reinolfo Ortiz Gómez, empresario vinculado a Francisco Correa. Su reincorporación no podría ser, por tanto, menos que sospechosa, no por sí misma, sino en tanto que el cargo que ocupara Cifuentes en la gerencia parece más fruto de amiguismo que otra cosa, lo que sumaría para la acusación de cohecho en caso de destaparse esta irregularidad. Algo huele a podrido en la Complutense, y no son los cadáveres de Medicina.
A este respecto, la universidad no ha hecho ninguna declaración, más allá de remarcar que es un proceso de incorporación habitual. A este silencio se suma Podemos, que lejos de hacer una crítica a las castas universitarias de las cuales salieron sus dirigentes, prefieren hablar de la renovación de las instituciones y centrar su atención en el polémico caso del máster, ignorando por completo el carácter orgánico que tienen estos tratos de favor y el hecho de que el éxito de la presidenta se debe a una práctica común y habitual en las universidad públicas, y no es un caso aislado. No es más que la lógica consecuencia de una universidad heredera de la gestión franquista y corrompida por los intereses de los empresarios y los políticos que los asisten.
