Lo confirmó la Sala II de la Cámara Federal, con voto del juez Irurzun, a pedido de Myriam Bregman y Sergio Maldonado. Revés para el Gobierno de Macri que quería que “investigue” el juez Otranto de Esquel.
Miércoles 14 de marzo de 2018 16:26
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, presidida por el juez Martín Irurzun, resolvió este miércoles revocar la resolución que había adoptado en febrero el juez federal Daniel Rafecas, a instancias del fiscal Guillermo Marijuan (muy afín al Poder Ejecutivo), según la cual la investigación sobre espionaje ilegal contra la familia de Santiago Maldonado y referentes de derechos humanos debía ser “investigada” en el Juzgado Federal de Esquel.
Así, la Cámara dio la razón a los argumentos y al pedido de quienes denuncian el espionaje ilegal realizado por Gendarmería Nacional (con el acompañamiento de autoridades del Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich). Irurzun firmó su resolución (que se adjunta al final de esta nota) luego de que los denunciantes expusieran esos argumentos en una audiencia oral llevada adelante en Comodoro Py este martes.
La denuncia en Comodoro Py se realizó en octubre pasado, en medio del escándalo por la desaparición de Santiago y posterior hallazgo de su cuerpo en el Río Chubut. La presentación daba cuenta del seguimiento e inteligencia ilegal practicada por distintos miembros de Gendarmería Nacional sobre Sergio Maldonado, su compañera Andrea Antico, y querellantes de la APDH de la región patagónica.
Desde entonces el Poder Judicial hizo poco y nada para que avance la investigación. En diciembre, entre diversas medidas de prueba propuestas por los denunciantes, se pidió que se citara a Sergio Maldonado como testigo. Sin embargo nada de eso se implementó y por el contrario pasaron largos meses en los que la discusión fue en qué juzgado se debía tramitar la causa.
Obviamente si la causa finalmente la tomaba el juez Guido Otranto de Esquel las dilaciones podían convertirse directamente en un cajoneo sin fin. Esa era, claro, la intención del Gobierno nacional y así había procurado que suceda el fiscal Marijuan.
En la audiencia oral de ayer estuvieron Sergio Maldonado junto a Myriam Bregman, la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, la abogada querellante en numerosos juicios contra los genocidas Liliana Mazea y Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).
Aufieri fundamentó ante el juez los motivos por los cuales la denuncia debe ser investigada en Buenos Aires, precisamente en línea opuesta a lo hecho por el juzgado de Daniel Rafecas a instancias del fiscal Guillermo Marijuan, quienes declinaron su competencia para remitir la causa al cuestionado juzgado federal de Esquel de Guido Otranto.
Otranto, como se recordará, había sido apartado oportunamente en la causa que investiga la desaparición (y posterior muerte) de Santiago Maldonado.
Los denunciantes afirmaron que el accionar descubierto tras el peritaje de teléfonos de comandantes de Gendarmería, sumado al relato de Sergio Maldonado, que fue seguido e intimidado junto a su familia en innumerables oportunidades y lugares del país, compromete a no pocos funcionarios de rango nacional. A su vez las líneas telefónicas usadas para el tráfico de la información no pertenecen al área de Esquel sino a Buenos Aires. Y la actividad de inteligencia ilegal se extendió a numerosas provincias del país, dando cuenta de un sistema centralizado. Numerosos indicios que, para los denunciantes, expresan sobradamente que la investigación debe continuar en manos del juez Rafecas en la Capital Federal.
Otro elemento preocupó a los denunciantes. Días atrás se presentó espontáneamente Gonzalo Cané como imputado en la causa. El objetivo, nada disimulado, del Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas del Ministerio de Seguridad es conocer de primera mano el expediente. Señalado como operador de la ministra Bullrich en la causa que tramita en Esquel, fue denunciado por Bregman por su intento de ocultar las pericias allí realizadas sobre Gendarmería Nacional.
Para Bregman y Aufieri este delito, de clara índole política, generó además un gran daño personal a los familiares de Santiago, que en el marco de la terrible situación vivida desde agosto debieron lidiar durante meses con las pistas falsas y operaciones impulsadas por el poder político. Para colmo padecieron el hostigamiento y la invasión de su privacidad. Por eso los letrados del CeProDH consideraron imperioso que esta denuncia comience a ser investigada seriamente y sin más dilaciones.
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