tegrantes de la Comisión Federal contra la Violencia Institucional, delegacion Rio Tercero (Pcia de Cordoba) se encuentran en Buenos Aires desplegando una serie de actividades conmemorativas en pie de protesta con motivo de un nuevo aniversario de los asesinatos de Yamil Malizia, Lucas Funes, Mirta Selva y Alejandro Villalon.
Viernes 5 de noviembre de 2021 08:56
Los familiares de Lucas, Mirta, Alejandro y Yamil recurrieron a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nacion para elevar un registro a su Secretario Horacio Pietragalla Corti
Referido a la particular situación que impide el esclarecimiento de los casos en Rio Tercero y la detención de los culpables, exigiendo atención prioritaria a casos de vieja data que permanecen impunes y desatendidos en todo el interior provincial, un abordaje más profundo del nuevo proyecto de ley contra la violencia institucional que ataque la raíz del problema, convencidos de la connivencia política y judicial que impide el avance de las causas y esclarecimiento de los casos, promoviendo nuevos acontecimientos en virtud del visto/bueno otorgado por la justicia a los asesinos. Remarcamos, en tal sentido, que "La policía no puede investigar a la policía".
Asimismo, los familiares solicitaron el apartamiento de los criminales uniformados de sus cargos quienes continúan en funciones no solo efectuando tareas investigativas con relación a otros crímenes cometidos por sus propios colegas/amigos sino asesinando nuevamente, dejando en evidencia la total falta de imparcialidad por parte de jueces y fiscales abocados a la protección de funcionarios corruptos hasta la comisión de nuevos delitos.
En tanto se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, ordenó la realización de un nuevo juicio contra los policías José Vidaurre (34) y Cristian Ahumada (37), acusados de tirar bombas molotov contra la casa prefabricada que ocupaban Mirta Selva y Alejandro Villalón en la ciudad de Río Tercero.
Ambos habían sido absueltos, pero el TSJ anuló el juicio realizado en 2018 debido a la gran cantidad de irregularidades registradas, incluyendo la no toma de testimonio a testigos que señalaban a los uniformados.
