El último Consejo de Ministros adelantó una serie de medidas para abaratar el coste de la factura. Medidas temporales y de poco impacto para las arcas de las grandes eléctricas, que aún así han amenazado con un cierre “desordenado” de sus centrales. Ante esto, las direcciónes de CCOO y UGT callan y se convierten en cómplices del abuso y el “gangsterismo” de estas multinacionales.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 15 de septiembre de 2021
Día tras día las noticias arrancan con un titular prácticamente calcado al del día anterior; “nuevo récord histórico en la factura de la luz”. Esta situación, que ya ha golpeado y golpea en las condiciones de vida de cientos de familias trabajadoras que no pueden hacer frente a estos aumentos, amenaza con ser un verdadero drama social cuando en otoño, y especialmente invierno, lleguen las bajas temperaturas.
Ante esta situación el Ejecutivo ha ido tomando diferentes medidas, todas ellas de muy poco calado. Reducción del IVA en un primer momento, una medida que tardó 48h en quedar obsoleta, tras una nueva subida histórica del precio de la luz.
Posteriormente, esta semana, el Consejo de Ministros ha acordado limitar muy moderadamente los superbeneficios de las eléctricas a través de una minoración temporal sobre el exceso de retribución que las empresas están obteniendo al aplicar sobrecostes a la generación de electricidad limpia que no deberían incluirse, así como la limitación de la subida de precios del gas y rebajas fiscales. Medidas, estas últimas, temporales, destinadas a frenar el impacto hasta marzo del 2022, cuando estiman que el precio de la luz y el gas se estabilizarán.
Ante esta situación, que provocaría una reducción mínima de sus beneficios, el lobby energético ha dado un golpe en la mesa para marcar territorio. Este lobby, uno de los más potentes en el Estado español desde el franquismo y que ha aumentado su poder al calor del Régimen del 78 y su vinculación con los diferentes partidos políticos e instituciones del Estado, responde al anuncio del Consejo de Ministros con un cierre “desordenado” de las centrales nucleares.
Este sector ha reportado ganancias milmillonarias. Sin ir mas lejos, Endesa obtuvo el pasado año un beneficio neto de 1.394 millones de euros, ocho veces más que los 171 millones que registró en 2019 e Iberdola ha tenido unas ganancias récord de 3.610 millones de euros en 2020.
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Una actitud al más puro estilo gánster que podría afectar nada más y nada menos que al 25% del suministro eléctrico del Estado.
Es evidente que desde el Ejecutivo se han puesto en marcha medidas completamente insuficientes, y a todas luces se muestra como la propia dinámica de mercado capitalista y las prácticas detestables de las grandes eléctricas (como el vaciado de embalses dejando a poblaciones sin el suministro básico) las han enviado a la basura en pocas horas.
Existen otras medidas que el Ejecutivo tiene a su alcance. Su propia Constitución del 78, en el artículo 7, define el suministro eléctrico como ”un servicio de interés económico general”, con lo cual, mediante fórmulas como la aplicación del Estado de Alarma, podría el Ejecutivo hacerse cargo de las centrales energéticas para garantizar su distribución. Ni tan siquiera, valiéndose de sus propias leyes lo realizan. Es una auténtica impostura.
La única manera de acabar con el chantaje de las eléctricas es nacionalizarlas sin darles un céntimo y ponerla bajo gestión de trabajadores y usuarios. Y no podemos esperar que lo haga este gobierno que no está dispuesto a plantarles cara, ¡lo tenemos que imponer! #En2Minutos pic.twitter.com/mx3jBUspAB
— Lucía Nistal (@Lucia_Nistal) September 15, 2021
Unas medidas que podrían ser tomadas por el Gobierno que por otro lado, tampoco garantizarían per se la solución al problema. Solo hace falta ver cómo la Justicia ha tumbado recientemente el canon hidroeléctrico, con lo que el Gobierno deberá indemnizar con más de 1.624 millones de euros, como mínimo, a las multinacionales eléctricas.
Ahora bien, como decimos, esto no está planteado, hay muchos amigos en los Consejos Directivos y no conviene atascar la puerta giratoria. Una situación muy diferente a la vivida hace apenas un año.
Durante los episodios más graves de la crisis sanitaria, el Ejecutivo no dudó en aplicar todo tipo de medidas contra la población, contra los autónomos, contra la clase trabajadora, la juventud y los migrantes. Multas, represión, limitación de movilidad, mantenimiento de actividades laborales sin el más mínimo control sanitario, y todo con una más que insuficiente inversión en el deteriorado sistema sanitario público.
Aquí no le tembló el pulso a nadie en Moncloa. Algo muy diferente cuando al otro lado están las grandes empresas energéticas.
¿Y qué decir de las direcciones de CCOO y UGT? En el último periodo las direcciones sindicales, junto a la ministra “comunista” Yolanda Díaz, se han acostumbrado a negociar y cerrar todo tipo de conflicto en una mesa con la patronal.
Ante la escalada incontrolable del precio de la factura, las direcciones de los dos grandes sindicatos ya anunciaron que no iban a llamar a movilizaciones, argumentando que “no era el momento” debido a que el “Gobierno estaba haciendo todo lo posible”.
Durante las anteriores crisis, las direcciones burocráticas de CCOO y UGT fueron sostén y cómplices de los recortes, ajustes y represión, por omisión. Desaparecieron del mapa mientras la clase trabajadora y los sectores populares sufrían las peores consecuencias de la anterior crisis económica. En la actualidad siguen jugando ese papel de sostén de los negocios capitalistas, pero de forma activa, llamando directamente a la desmovilización.
Estamos ante una situación en la cual el Gobierno “progresista” busca tomar medidas cosméticas que no ensucien los dos años de legislatura que les quedan y el lobby energético amenaza con un cierre “desordenado” cuando se toca un céntimo de sus beneficios.
Es evidente que para llevar adelante las medidas contra las eléctricas ante la situación actual, es necesaria la organización de la clase trabajadora y los sectores populares. Es urgente que los grandes sindicatos abandonen su inmovilismo y llamen a la movilización y a la huelga general, organizando asambleas en todos los lugares de trabajo, estudios y barrios.
Una movilización que levante un programa de eficacia real contra el lobby energético y sus cómplices en Moncloa. Por una expropiación sin pago de las centrales energéticas y que estas sean puestas bajo control democrático de sus trabajadores y trabajadoras y de los usuarios. Una gestión que permita dar respuesta, no solo al actual encarecimiento de la factura de la luz, sino que además permita planificar racionalmente una transición verde alejada del hipócrita e insuficiente “greenwashing” que buscan desde las instituciones capitalistas.
