Responsables de la comunidad terapéutica de Derqui acusada de usar métodos brutales en los "tratamientos" serán enjuiciados. La Izquierda Diario habló con Pablo Galfré, autor del libro "La Comunidad-viaje al abismo de una granja de rehabilitación”.
Domingo 14 de enero de 2018 00:00
Fotografía: imagen tomada durante inspección de la Comisión Provincial por la Memoria
Su libro es de esos que se leen casi sin pausa. Pablo Galfré publicó La Comunidad-viaje al abismo de una granja de rehabilitación (Cuadernos de Sudestada) hace poco menos de un año y uno de los casos que describió en sus páginas llegó finalmente a juicio oral. Además, la clínica San Camilo fue cerrada en noviembre tras sus denuncias y la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria. Le asiste razón cuando se queja de que las tragedias que relató no logran la atención de los grandes medios, pero en los últimos meses cosechó resultados con estos hechos concretos.
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Con cuarenta años, Galfré vive el oficio periodístico como una apasionada manera de intentar modificar la realidad. Es de perderse en sus casos, obsesionarse con ellos, como relata él mismo en algunos tramos del libro. Durante una década investigó lo sucedido con Fernando Carrera -quien fue condenado por la masacre de Pompeya y liberado doce años más tarde por la Corte Suprema-, que derivó en la película El Rati Horror Show de la cual fue productor. La Izquierda Diario había publicado en julio pasado que 17 menores enviados a ese “manicomio”, como llama este periodista a esa granja de rehabilitación, tuvieron que ser “rescatados”.
Sin embargo, a la hora de hacer un balance, empieza por mencionar en qué sentido esta historia fue para atrás. “Hay dos muertos más, Matías Lamorte (30 años), y Franco Ruiz Díaz (24 años), que murió en 2013 pero me enteré después de publicar el libro. Ambos mueren en San Antonio, que está relacionado con San Camilo, derivados por un tal Merenzon, algo que sigo indagando”, dice en diálogo con este diario. Alejandro Merenzon, alias la Ballena, es un personaje del elenco estable en los sucesivos capítulos del submundo de las internaciones compulsivas de pibes con problemas de salud mental o consumo problemático de sustancias, que prometen soluciones mágicas en sus avisos pero forman parte de una trama oscura de obras sociales, empresas de medicina prepaga y hasta sectores del Poder Judicial detrás de un negocio millonario.
Pablo Galfré
A fines de diciembre Galfré supo que directivos y empleados de la Fundación San Camilo, la comunidad terapéutica de Derqui acusada de usar métodos brutales en los tratamientos, serían llevados finalmente a juicio oral. Allí se quitó la vida Saulo Rojas hace cuatro años y con tan sólo 20 años de edad, y el proceso avanzó en el marco de la ley de Salud Mental, que el Gobierno buscó desactivar pero no lo logró. “Fue una alegría enorme, hasta donde tengo verificado es la primera vez que una muerte dudosa llega a juicio convertida en lo que fue, un homicidio culposo, aunque cuando se concrete el juicio quizá cambie la calificación a abandono seguido de muerte”, confiesa y reflexiona. Comparte el sentimiento con la madre de Rojas, Miriam Lucero, y el equipo del Grupo de Litigio Estratégico (GLE), Adrián Albor y Yamil Castro Bianchi.
El 22 de diciembre el fiscal Jorge Nocetti, de la UFI 4 de Pilar, elevó a juicio oral a los responsables de la muerte de Rojas, ocurrida el 14 de junio de 2013 mientras estaba en la “celda de aislamiento”. Tenía un cinturón en el cuello, como si se hubiera tratado de un suicidio. Fueron acusados el dueño de la Fundación San Camilo Martín Iribarne, el director terapéutico Alejandro Jacinto y Ángel Súñez, empleado de seguridad del centro de rehabilitación, imputados por el delito de homicidio culposo en el suicidio de Rojas. Para el fiscal, Súñez –más conocido en San Camilo como “Pipi”– hizo todo lo contrario a lo que dicta la ley de Salud Mental, que protege el derecho a la protección mental, a tratar al paciente con la alternativa terapéutica más conveniente y en un ambiente apto, entre otras normas. Este joven mendocino fue encerrado, sin su dosis diaria de insulina ni acompañamiento terapéutico durante semanas, en una habitación con piso de cemento, paredes revocadas y una ventana sin vidrio. Lo único que no le prohibió fue entrar con un cinturón y los cordones de las zapatillas. A los pocos minutos Rojas se “suicidó”. Para la justicia quedó claro que todas las decisiones en esta granja de rehabilitación eran de Iribarne y Jacinto. Ambos decidieron castigar a Rojas haciéndolo pasar la nota en esa celda, y también agregaron un mueble y un acolchado a esa habitación antes que ingresara la Policía Federal a revisar el cuerpo.
El día de la presentación de libro de Galfré, Miriam Lucero relató que habían llegado desde Mendoza luego de años de lucha para encontrar un lugar para tratarlo. Saulo llegó a San Camilo porque fue la única institución, de muchas, que prometió enfermeros, terapeutas, médicos. Contó que el día que ingresaron no la dejaron despedirse, y que su hijo terminó encerrado porque se negaba a ser trasladado a otra sede en Del Viso, un lugar mucho más duro que el de Derqui. Sus últimas horas las pasó allí, en una habitación de 16 metros cuadrados con un colchón húmedo tirado en el piso. “No era un chico violento, y lo encerraron como si fuera una persona terrorífica, sufrió palizas, así quedó demostrado en su autopsia, y hasta le habían fracturado la clavícula. No pido venganza, sólo quiero una sentencia que signifique algo”, dijo la mamá de Saulo sobre sus expectativas frente al juicio oral.
Para Galfré es apenas el inicio pero afirma que cree que “en este país sí hay justicia, porque al menos en este caso el fiscal Nocetti hizo su trabajo”. Al mismo tiempo destaca que si bien es un logro de la ley de Salud Mental, es el Órgano de Revisión de esa norma el que estableció que toda muerte dudosa tiene que ser investigada. “Las personas no pueden ser enterradas sin más, sin que se investigue qué pasó. ¿Cuántas personas murieron en la cama de un hospital, de un neuropsiquiátrico o de un geriátrico, y esas muertes fueron traducidas como naturales? Y no hablo del caso de Saulo que murió encerrado, sino de aquellos que quizá no recibieron su medicación adecuada o murieron de tristeza porque no los iba a ver nadie, porque fueron alejados de sus familias o les dieron la medicación equivocada”, argumenta el periodista, escritor y documentalista.
- ¿Es el caso de Felipe Mariñansky?
- ¿Qué hubiera pasado si prosperaba el decreto contra la ley de Salud Mental?
- En perspectiva hablamos del cierre de una clínica y a la vez usted investiga las conexiones con otras que siguen activas. Sin embargo que el caso de Saulo haya llegado a juicio ¿podemos considerarlo un logro?
En el prólogo de La Comunidad, Galfré escribió que durante un año y medio entrevistó “a consumidores y abusadores varios, a padres, ex empleados y psicólogos que corroboraron los pormenores de las historias”. Y agregó: “Hablé con otros que se creen prohombres en una lucha ficticia contra las drogas pero que en realidad encarnan lo peor de este sistema. Señores capitalistas. Esnifadores de otra droga letal: la plusvalía”.
