Panorama Político. La consulta de AMLO, la oposición burguesa y la movilización popular

Después de semanas en las que se esperaba un nuevo choque con el gobierno, aquella falló positivamente en torno a la constitucionalidad de una consulta popular sobre el posible enjuiciamiento a los ex presidentes de los 5 sexenios previos.

Previamente, había trascendido el dictamen negativo preparado por el ministro Luis Aguilar, que trasladaba al tribunal la disputa entre la oposición de derecha y el gobierno, con el marco de la instalación del plantón del FRENA en el Zócalo capitalino. Sin embargo, el dictamen de Aguilar no prosperó.

La votación de la SCJN representa un revés considerable para la oposición burguesa, y constituye un avance importante del gobierno obradorista, al conquistar un fallo favorable a su propuesta de realizar la Consulta. A la par, se muestra un acercamiento entre el poder ejecutivo y judicial —sobre la base de la aceptación de la propuesta de AMLO— después de las fricciones de los años previos. Sin embargo, la incertidumbre antes al fallo, y que haya sido una votación ajustada (6 magistrados contra 5), muestran que el gobierno no tiene aún —como evidentemente sería su deseo— un tribunal superior que se alinee sin ninguna fisura. Habrá que verlo si logra construir ese escenario favorable a partir de ahora. En ese sentido, la modificación de la pregunta de la consulta, intenta ser un gesto de “independencia” por parte de la Suprema Corte, aunque sin duda no fue suficiente para contener las acaloradas respuestas provenientes de la oposición.

La hipocresía de la derecha

Rápidamente, los representantes políticos e intelectuales de la oposición burguesa no se hicieron esperar. Desde los periodistas de El Universal, Milenio y otros medios, el ex presidente Vicente Fox, quien terminó su protesta tuitera con la chapulinesca frase “¿ahora quién podrá salvarnos?”, se descargaron contra la resolución del tribunal.

Dirigentes de Acción Nacional, el PRD y Movimiento Ciudadano, alegaron también la inconstitucionalidad e ilegalidad de la Consulta y el disciplinamiento de la sala superior a AMLO. Distintos constitucionalistas —entre ellos el priista Diego Valadés— argumentaron que con esto se vulnerarían los derechos humanos, y que “lamentablemente la política en esta ocasión estuvo por encima de lo jurídico”.

Argumento cínico, cuando constantemente la clase dominante utiliza una y otra vez lo “jurídico” para imponer sus fines. Durante las últimas décadas, las principales leyes y reformas constitucionales que avanzaron sobre los derechos y conquistas de los trabajadores y el pueblo, fueron consideradas legítimas por los tribunales de “justicia”, como es el caso de las reformas laborales y energética, entre otras. Estas declaraciones pretenden responder a la jugada política del gobierno, que busca debilitar las posibilidades de los partidos de oposición burguesa hacia las elecciones del 2021.

La consulta de AMLO y la movilización popular

Este fallo se dio en una semana donde se mostró una línea represiva del gobierno en las calles.

El supuestamente extinto cuerpo de granaderos fue enviado contra las manifestaciones en pro del derecho al aborto primero el pasado 28, y a amedrentar a quienes participaron de los actos en conmemoración del 2 de octubre. Dos de las demandas más emblemáticas en México —el derecho a decidir de las mujeres y el juicio y castigo a los responsables de la masacre de 1968— encontraron como respuesta oficialista miles de efectivos en las calles y una represión “progresista” y con “perspectiva de género” por parte de Claudia Sheinbaum. A muchos se nos vino a la mente el recuerdo, todavía vívido, de las represiones manceristas del 2013 en la ciudad de México.

Mientras el gobierno reacciona de esta forma contra quienes se movilizan, a la par busca mostrarse, ante los ojos de la mayoría de la población, dispuesto a ajustar cuentas con el pasado neoliberal.

Sin duda la propuesta de Lopez Obrador concita mucha simpatía. Hay que considerar que la consulta se avizora como la bandera del MORENA hacia las próximas elecciones, donde está planteado que ambas coincidan el 6 de junio. La intención de este partido es que la justa aspiración que millones tienen, en cuanto al juicio y castigo de los expresidentes, le permita arrastrar un voto masivo a su favor y contrarrestar el desgaste evidente y el descontento que recorre a sectores de los trabajadores, la juventud y el movimiento de mujeres. No podemos dejar de decir que, a la par, diputados del MORENA presentaron una iniciativa de Ley de Amnistía, que fue saludada por el propio presidente como una “contraparte” necesaria, sin decir nada que, de prosperar, implicaría sancionar, una vez, el perdón y el olvido.

En ese marco, la resolución de la SCJN fue saludada por los intelectuales y medios de comunicación afines al gobierno —como La Jornada— que la calificaron como un “fallo histórico” y “un importante paso en el complicado y laberíntico proceso de desmontar el andamiaje de inmunidad (e) impunidad”.

Pero la realidad es que —como se planteó en la movilización del 2 de octubre— la justicia que reclama el pueblo trabajador no debería someterse a consulta. En los últimos años, millones se movilizaron en todo el país: como en el 2014, cuando se señaló a los partidos del ahora extinto pacto por Mexico (PRI, PAN, PRD) como los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

No hay nada que consultar respecto a estas demandas, puestas en juego por millones en las calles, mucho antes que Morena llegase a Palacio Nacional. El pueblo trabajador debe conquistar y garantizar, con la movilización en las calles, sin dejarla librada a ninguna consulta organizada desde arriba, la demanda de Juicio y Castigo a los responsables de la militarización, de la entrega del país, del hambre y la miseria. La consulta impulsada del gobierno abre una importante discusión: la utilización de esta política plebiscitaria, pretende instalar la idea de que, mediante una democracia participativa (esto a pesar del carácter no vinculante de la consulta) y bajo la tutela del actual gobierno, las masas pueden ser sujetos del cambio. Sin embargo, la mayoría de las decisiones fundamentales no han sido ni serán consultadas por el gobierno de AMLO: ni el curso de la política sanitaria contra la pandemia, ni las medidas ante la crisis económica y social, ni la subordinación a la Casa Blanca.

Si lo que queremos es atacar la impunidad de los de arriba, es necesario cuestionar las instituciones, responsables de los planes contra el pueblo trabajador durante las últimas décadas. Estas instituciones, lejos de desaparecer, continúan tras una retórica supuestamente progresista, que garantiza los intereses de los grandes empresarios en detrimento de los trabajadores y el pueblo.