Para que el ejercicio sea “vinculante” - es decir, que obligue a acatar su resultado -, requiere que participe el 40 % del padrón electoral (37.4 millones de personas). De lograrse, quedará en manos de las instituciones del régimen político que se haga (o no) justicia.
Miércoles 14 de julio de 2021
El amplio repudio popular a los gobiernos neoliberales y a sus representantes, posibilitó el triunfo del MORENA en las elecciones presidenciales del 2018 y obligó a este partido, así como a su gobierno, a adoptar iniciativas para diferenciarse del resto y posicionarse como democráticos y progresistas.
Una de ellas es la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, iniciativa que AMLO presentó al Congreso de la Unión para su aprobación. Ante lo cual, el Instituto Nacional Electoral (INE) -que se ha convertido en una trinchera de la oposición de derecha al gobierno federal- interpuso un recurso de inconstitucionalidad.
Finalmente, a fines del año pasado la Corte dió validez constitucional a la consulta, pero modificó el contenido quitándole toda referencia a los expresidentes. En tanto que el INE, en cuyas manos quedó la organización, ya dejó claro que hará lo menos posible para que se realice exitosamente.
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Así, aún suponiendo que se lograra el difícil objetivo de conseguir los votos suficientes para hacerla vinculante, con un contenido tan ambiguo ni siquiera está garantizado que se enjuicie a los expresidentes y menos que se haga justicia. Finalmente, AMLO ya dijo que debemos perdonar y “mirar para adelante” y que por eso votaría en contra o no votaría, aunque insistió en que hay que participar.
Justicia, ¿dónde?
Si bien AMLO presentó la consulta como un ejercicio democrático para que el pueblo se pronuncie contra los fraudes, la corrupción, la liquidación de derechos sociales y el papel de los gobiernos anteriores en la proliferación de la violencia, para que todo esto no se repita, la realidad es que poco o nada de ello ha cambiado durante su mandato.
Sigue militarizado el país con la Guardia Nacional y las fuerzas armadas tienen más poder que nunca. No obstante, los niveles de violencia, especialmente contra las mujeres, no han disminuido. La cantidad de feminicidios y asesinatos de periodistas, ambientalistas, comuneros y migrantes, es escalofriante.
Crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, siguen impunes. Y ante masacres perpetradas por militares vinculados al crimen organizado, los altos mandos se limitan a pedir disculpas. También continúa la impunidad de los exfuncionarios y empresarios negligentes o corruptos, como mostró el colapso de la línea 12 del metro, que le costó la vida a 26 personas. Pero sí se criminaliza y hostiga a quienes defienden sus derechos, como a las huelguistas del SutNotimex y a su dirigente Adriana Urrea.
Hasta ahora no se revirtió ninguna de las reformas estructurales neoliberales. Las propuestas de reforma eléctrica y petrolera, obstaculizadas por el poder judicial, suponían un mayor predominio estatal en materia energética, pero no retroceder en los avances de la privatización que impusieron gobiernos anteriores. Mientras se sigue depredando el medio ambiente y despojando a las comunidades de sus recursos naturales con los megaproyectos, en beneficio de los grandes empresarios nacionales y trasnacionales.
En materia laboral, se profundizaron los despidos de empleados públicos con el pretexto de la “austeridad republicana”; se legitimó el outsourcing con algunas restricciones y continúa la precarización.
En vez de acabar con estos flagelos, el MORENA y su gobierno quieren utilizar la consulta para relegitimarse y fortalecerse ante sus competidores, canalizando los reclamos populares de justicia -que se han visto defraudados por la 4T- hacia la confianza en las antidemocráticas y corruptas instituciones del régimen, contribuyendo así al reforzamiento de éste.
Los socialistas ante la consulta
Soslayando lo anterior, algunas organizaciones que se reivindican socialistas, como las que se agrupan en la “Coordinadora Anticapitalista por el Castigo a los Expresidentes” (CACE), se han convertido en fervientes impulsoras de la consulta, incluyendo a grupos populistas y a algunos que incluso se reclaman trotskistas, como la Coordinadora Socialista Revolucionaria, el Grupo de Acción Revolucionaria y Alternativa Socialista. Con ello pretenden “confrontar a la derecha”, “fortalecer la crítica al Estado y al sistema”, “presionar a AMLO para que rompa el pacto sistémico que mantiene”, así como confluir con “movimientos sociales y sectores de base del MORENA”.
Más allá de las “buenas intenciones” de estos compañeros, el hecho es que dejan de lado que, en vez de enfrentar consecuentemente a la derecha, apelando a la movilización popular, los artífices de la consulta -es decir, el gobierno federal y su partido- lo que buscan es contener y capitalizar el descontento popular contra los viejos partidos, para mantener así la estabilidad que les permita administrar mejor al capitalismo semicolonial mexicano, al que no se proponen combatir en lo más mínimo. Lo cual implica fortalecer a las instituciones de la degradada “democracia” mexicana, maquillándolas de supuesta “democracia participativa” con mecanismos como la consulta.
Los socialistas comprendemos la simpatía que puede despertar en sectores populares iniciativas como ésta, alentada por la aspiración de juzgar y castigar a los responsables de la herencia neoliberal. Sin embargo, debemos tener claro que esto solo será posible con la movilización obrera y popular en las calles, sin confiar en las instituciones ni en la justicia al servicio de los poderosos.
Pretender construir una alternativa “anticapitalista” yendo detrás de forma oportunista de la política de AMLO y el MORENA, como hacen los compañeros de la CACE, es un sinsentido que solo puede llevar a la impotencia y a la cooptación institucional de los movimientos sociales y evitar que los sectores de base del MORENA realmente progresistas, giren a izquierda y rompan con este partido propatronal. Con la ilusión de “presionar a AMLO para que enfrente a la derecha”, lamentablemente contribuyen a fortalecer la confianza en el mismo, en lugar de impulsar una alternativa independiente frente al gobierno y la derecha.
Desde el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas llamamos al movimiento obrero, estudiantil y popular a unirse, organizarse y discutir democráticamente en cada escuela, comunidad y centro de trabajo, un plan de lucha para enfrentar, con independencia del gobierno y de las demás instituciones del Estado, los planes antiobreros y antipopulares de ayer y de hoy e imponer el castigo para los responsables.
