Jueves 16 de octubre de 2014
La noticia fue registrada en la sección policial, acaso omitiendo interesadamente su alto voltaje político contra los intereses de los trabajadores.
En la edición del sábado 11, el diario Perfil denunció que dos trabajadores de la Dirección de Logística del INDEC, fueron detenidos por personal de Gendarmería a raíz de una causa de narcotráfico, a cargo del juez Bonadío, en la cual además fueron apresados otros ocho sospechosos. Los detenidos, “el Gordo Maxi” y el “Gordito Farfán”, son barrabravas del club Excursionistas que habrían ocultado 300 gramos de pasta base en la caldera (aunque los trascendidos acusaron un número más voluminoso), situada en el subsuelo del edificio de Julio A. Roca y Perú que posee una salida de garaje independiente. Al respecto “voceros judiciales reconocieron que existen escuchas telefónicas en las que piden ayuda y un abogado a un hombre vinculado al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, conocido como ´Rafa’”, coincidentemente, el sobrenombre de Rafael Figueredo, actual secretario gremial de UPCN y patotero de ese sindicato empresario, procesado por golpear a Luis Opromolla, miembro del Consejo Directivo de ATE-Capital.
Sorprendentemente, la intervención K formada por los directores Ana María Edwin y Norberto Itzcovich hizo silencio de radio ante el personal del instituto, pero raudamente lanzó un comunicado oficial a los medios afirmando en particular que “las dos personas mencionadas en la causa, no ocupaban cargos institucionales ni gremiales”. La sabiduría popular aconseja a toda persona sanamente desconfiada que la primera gallina que canta es la que siempre pone el huevo. ¿Por qué motivo la intervención responde por los sindicatos? Obviamente Edwin e Itzcovich se refieren a UPCN, el gremio archi oficialista (ex menemista y devenido kirchnerista) que aportó decenas de matones y barrabravas sin los cuales seria imposible sostener el terror para manipular las estadísticas públicas, amedrentando al conjunto de los trabajadores.
Producto del fracaso y la impotencia, Guillermo Moreno sustituyó el control de precios de los productos por el control de los índices estadísticos a los hachazos con una guardia pretoriana de desclasados. Desde enero de 2007, los funcionarios de la intervención kirchnerista cogestionan el INDEC con la patota de UPCN, seleccionando incluso entre sus delegados a arribistas sin ningún tipo de escrúpulos que hoy revistan como directores de área y coordinadores de jerarquía cual patrones de estancia.
Igual que los burócratas del SMATA que conspiran contra los trabajadores de Lear, estos matones agreden constantemente a los activistas agrupados alrededor de la junta interna de ATE-INDEC que denuncian hace siete años la manipulación de las estadísticas públicas y la violencia laboral de la que son objeto la mayoría de los trabajadores.
Cabe recordar el escándalo político generado durante la presentación del libro “INDEK, historia intima de una estafa” del periodista Gustavo Noriega, cuando barrabravas de Nueva Chicago que “trabajaban” en el instituto irrumpieron violentamente en la Feria del Libro para impedir su difusión. Uno de ellos, Ariel Pugliese, está implicado en el asesinato de Marcelo Cejas en junio de 2007, mientras el resto “colaboraba” con Moreno en el Mercado Central.
Estos mecanismos de “policía política” “en sentido amplio” (como los designaba Antonio Gramsci, complementando el engaño del parlamentarismo) no sólo rigen en el INDEC, también fueron extendidos a otros organismos públicos.
“Casualmente” estos personajes son los destinatarios de los 7500 puestos de planta permanente abiertos por los concursos truchos arreglados entre gallos y medianoche por UPCN y el kirchnerismo en desmedro de un océano de estatales precarizados hace años, que forman el 60% del total de los trabajadores de la Administración Publica Nacional.
Esta “entente” donde se juega el toma y daca entre los funcionarios de la intervención y UPCN es la causa que explica el ingreso de estos lúmpenes para garantizar el orden K a cambio de todo tipo de prebendas, a fin de facilitar el desarrollo de sus negocios ilegales.
A siete años de instaurada la intervención K, nadie puede darse por asombrado de la criatura alumbrada entre el “progresismo” y lo más rancio de la derecha peronista.
Ver comunicado Junta Interna ATE- INDEC
