Derechos Humanos. La criminalización a las luchas sociales

Los primeros dichos de Aleuy en la Comisión de Seguridad Ciudadana buscaban justificar la mayor presencia de carabineros en las marchas, además de intentar asimilar la idea de manifestante a delincuente. En esa ocasión señaló que un delincuente es una persona que atenta contra la propiedad pública y privada, lanza molotov, roba, etc. Eso sirvió para que varios parlamentarios insistieran en la necesidad de tener más seguridad, más carabineros, más inteligencia y más políticas “disuasivas”. Mientras otros diputados se mostraron escépticos de la cifra.

Sin embargo, pocos días después el Subsecretario tuvo que pedir disculpas al señalar que la cifra entregada era errada. En la cuenta de twitter @Sub_Interior se subió un comunicado a nombre de Aleuy donde indicaba que se entregaron “porcentajes inexactos sobre la participación en actos vandálicos y delictuales”. Recordemos que Aleuy había señalado en un inicio, en el caso de Rodrigo Avilés, que se trataba de un hecho fortuito, dichos por lo cual también tuvo que retractarse, luego que aparecieran las imágenes difundidas por un canal de televisión donde se mostraba que Rodrigo cayó producto del chorro del guanaco lanzado a su cuerpo.

Más allá de las disculpas de Aleuy, lo cierto es que existe una fuerte criminalización de las movilizaciones, huelgas y protestas sociales. Criminalización dirigida contra el movimiento estudiantil, los pobladores, trabajadores, el pueblo mapuche. Donde se intenta asimilar el derecho a la manifestación y la lucha con la delincuencia y el crimen. Lo que busca esto es justificar la represión de las instituciones legales y de los cuerpos represivos del Estado.

En un conversatorio realizado en la Universidad de Chile el año pasado, titulado “¿Por qué se criminaliza la protesta social en Chile?”, el sociólogo Iván Pincheira, docente de esa casa de estudios, señalaba que las movilizaciones y protestas sociales “se encuentran permanentemente condicionados por una acción estatal que privilegiará la ejecución de una política criminal cuyo énfasis estará puesto, tanto en el perfeccionamiento de los mecanismos de persecución penal de las acciones de protesta como en el despliegue marcadamente represivo en el accionar de las fuerzas policiales”.

Paulina Acevedo, del Observatorio Ciudadano, señala en una nota del año 2013 en ese medio que “La primera vez que se utilizó el término ‘criminalización de la protesta social’ en Chile, para referirse a una situación violatoria de derechos humanos, fue en el año 2003, en el marco del informe del Relator Espacial de Naciones Unidas sobre derechos de pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, tras su visita oficial al país” y que más tarde esta criminalización comenzó a extenderse al conjunto de las movilizaciones sociales “en un Chile que despierta y que ha desbordado las calles para manifestarse contra la injusticia social y la opresión del mercado”, lo peligroso, señala la autora es que “lo que implica la criminalización de la protesta social, más allá del término, y de los derechos que son vulnerados al elevar a delito distintas formas de expresión y de manifestación ciudadana, resulta fundamental a la hora de frenar el avance de medidas de “seguridad pública” que, paradojalmente, se erigen precisamente poniendo en riesgo la integridad física y seguridad de las personas”.

Francisco Cox, en el artículo “Criminalización de la protesta social: “No tiene derecho a reunirse donde le placa”, señala como la política de criminalización lo que genera es que se busca sancionar penalmente “conductas que pueden ser el ejercicio legítimo tanto del derecho de reunión como del de la libertad de expresión” (Artículo publicado en el libro “¿Es legítima la criminalización de la protesta social? Derecho Penal y Libertad de Expresión en América Latina”).

Diversas organizaciones de derechos humanos han señalado también sus críticas hacia la criminalización. Londres 38 indica por ejemplo, a raíz del asesinato contra dos estudiantes en Valparaíso hace unos meses atrás, que “Los hechos de Valparaíso recuerdan otros crímenes, particularmente en la Araucanía, cometidos también "defensa de la propiedad", como sucedió con Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío, entre otros. La similitud de los casos está relacionada con las movilizaciones sociales, la criminalización sistemáticas de ellas por parte del estado y los medios de prensa, así como la insistencia sobre el valor de la "defensa" de la propiedad privada” (http://www.londres38.cl/1937/w3-article-97065.html).

Según nos comentó Juana Aguilera, de la Comisión Ética contra la Tortura a Izquierda Diario, “el tema de la criminalización se agudiza” tanto para la lucha mapuche como también para los estudiantes. Respecto de las palabras originales de Aleuy, sobre que el 30% de los manifestantes eran delincuentes, Juana considera que “es una estrategia que apunta a dos cosas: una, legitimar la represión ante la ciudadanía so pretexto que se trata de delincuentes; dos; atemorizar a los luchadores sociales y sus llamados a manifestaciones, porque como instrumento de lucha las movilizaciones están siendo estigmatizadas y por lo tanto, es un método de dudosa reputación, que más vale no realizarlas”, por lo tanto se apunta a la desmovilización ciudadana.

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