Pueblos originarios. El asedio estatal consuma el desalojo de la Lof Antual Albornoz

Se consuma así el desalojo que no pudieron concretar el 1 de abril cuando, con engaños, el fiscal Martín Lozada saca a María Antual prometiéndole una audiencia en el juzgado de paz. Esa audiencia nunca se concretó y luego de 2 horas prácticamente incomunicada en la comisaría, le informaron que no podía reingresar al territorio.

Su hermana, Natividad, quedó en el territorio de la Lof Antual Albornoz, parte de la comunidad Carilafquen, herida en su mano y su pierna a raíz de la represión policial. Quedó sin leña ante un durísimo invierno en la meseta, cuidando el ganado sola y en condiciones de absoluta precariedad en una caballeriza de paredes de piedra y techo de nylon, ya que su vivienda se encuentra cerrada y fue entregada por el privado que reclama el territorio a efectivos policiales que la asediaron permanentemente.

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Durante todo este tiempo, un acampe solidario en inmediaciones del campo, buscó denunciar y visibilizar la absoluta arbitrariedad de este desalojo. Una recuperación con más de 15 años de reconocimiento por parte del Estado provincial y donde actuó en defensa de los intereses de un terrateniente incapaz de demostrar la titularidad de la propiedad que reclama. Supuestamente le fueron entregadas en época del Gobernador Saiz, dónde hubo múltiples denuncias por irregularidades a manos de su director de Tierras, Daniel Tait. Algunas de estas entregas, como el caso de la meseta de Somuncurá, fueron revertidas por la justicia a partir de 2011, pero buena parte de estas medidas continuaron amparando el reclamo de terratenientes como Adem, un dirigente radical de Zapala, proveedor de Vaca Muerta, que cuenta con la defensa del abogado Saavedra, defensor de los presuntos asesinos de Elías Garay en la Lof Quemquentrew.

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Este despojo se da en el marco de una política antimapuche que lleva adelante el gobierno provincial, avalado desde el silencio por el gobierno nacional. En un principio, el Ministerio de Mujeres y Diversidad que comanda Elizabeth Gómez Alcorta, se presentó como intermediario en favor del derecho de las hermanas Antual. Pero rápidamente mostró su falta de predisposición a dar pelea, al igual que el INAI,. Es que son parte de un gobierno nacional que hoy debate la intervención de fuerzas federales en la zona de Bariloche contra las comunidades Mapuche en conflicto por pedido de la gobernadora Arabela Carreras.

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En el contexto de una feroz campaña antimapuche que tiene voceros como la liberfacha Villarruel, peronistas como Pichetto o macristas como Ignacio Torres, el ataque a las comunidades Mapuche no hará sino recrudecer de la mano del impulso al extractivismo que anunció Sergio Massa el miércoles pasado en su asunción.

Las hermanas Antual son solo un caso del avance judicial sobre el derecho comunitario, parte de lo jamás resuelto en lo atinente a propiedad comunitaria indígena. Un vacío legal que da rienda suelta a la arbitrariedad y el despojo que desde la campaña de exterminio de Roca enfrenta el pueblo Mapuche y todos los pueblos originarios del país.