Taide Zaror Técnico en enfermería
Lunes 22 de abril de 2019
El debate del aborto ha estado en boga los últimos años, a raíz del resurgimiento del movimiento feminista y de mujeres que lo ha puesto en el debate en distintos países, como Argentina, con la marea verde y Chile, con el mayo feminista. Pero tanto en Argentina, como Chile, el aparato estatal se encargó de negar el derecho a que las mujeres puedan decidir sobre sus propios cuerpos, aún cuando las calles clamaban de manera masiva por la legalización del aborto y la garantización de una política de salud pública que permita acabar con las muertes por abortos clandestinos.
Es que no es casual que cuando nos empezamos a movilizar en contra de la violencia machista, en contra de los femicidios, del acoso y el abuso, en contra de la naturalización de la violencia que se ejerce hacia la mujer y las diversidades sexuales; cobre fuerza la idea de poder decidir sobre nuestros cuerpos y por ende, la demanda del aborto libre, legal, seguro y gratuito para todos los cuerpos gestantes, que no es otra cosa que defender nuestras vidas y el derecho a decidir qué hacer con ellas.
La educación sexual integral y preventiva, debe ser la primera herramienta que sirva para que mujeres y adolescentes cuenten con información para decidir y contrarrestar aquellas ideas morales, o concepciones machistas que ponen a la mujer en el lugar de receptáculo reproductor, como dijo Ena Von Baer “las mujeres deben prestar el cuerpo”, sin importar las condiciones de vida, edad o interés por ejercer la maternidad.
Es importante tener en cuenta cerca de 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años y alrededor de un millón de menores de 15 años experimentan la maternidad, según la OMS. En Chile, el 50% de las mujeres que quedan embarazadas mientras cursan su educación escolar no continúan sus estudios, según datos del MINEDUC, siendo ésta la principal causa de deserción escolar en mujeres adolescentes. Es precisamente este sector, quienes son empujadas a los trabajos más extenuantes con sueldos miserables, condiciones precarias, desprovistas de derechos laborales, o de contratos al no tener 4to medio rendido. El embarazo adolescente en muchas ocasiones trae aparejado el empobrecimiento de aquellas familias que deben subsistir incluso con menos que el sueldo mínimo, por asumir la tarea de sustentar una familia a corta edad.
En defensa de nuestras vidas y nuestros proyectos de vida
En cuanto al problema de la violencia machista y la negación del derecho al aborto, es preciso detenernos a observar el rol de género que pesa sobre las mujeres, pues desde la iglesia y la educación se propende a la imagen de la mujer, como mujer completa solo en la maternidad. La concepción de la mujer como madre abnegada y la romantización de la miseria y la negación a la que las mujeres-madre deben someterse, “Todo por los hijos”. En este imaginario no caben las mujeres que quieran hacer algo distinto de su vida, no cabe la mujer que quiera desarrollar un proyecto de vida propio, independiente, que no contemple la maternidad como fin último de su existencia o que ya siendo madre no desee tener más hijos. Todas ellas son tildadas de insensibles o raras ¿Hay espacio para sus sueños, sus proyectos? Claramente no, bajo esta concepción.
La iglesia católica y la derecha bajo la premisa de “Defender la vida” o “salvar a las dos vidas” juega con este ideario colectivo.
Aborto legal para no morir
El aborto sin riesgos es una realidad en muchas partes del mundo y forma parte de las guías técnicas de la organización mundial de la salud. La estigmatización y la penalización son una barrera para la atención oportuna del aborto, constituyendo al aumento de las complicaciones de abortos clandestinos e inseguros.
En las primeras fases del embarazo, hasta las 12 semanas de gestación, la OMS recomienda el aborto médico, es decir, no es necesaria la intervención quirúrgica. El método recomendado para el aborto médico es la mifepristona seguida de misoprostol. Lo que constituye un tratamiento ambulatorio que podría ser implementado en la atención primaria de salud, es decir, los CESFAM.
Sin embargo, aún surgen sectores que rechazan abierta, o veladamente estas demandas debido a que existe una concepción moral e ideológica inculcada por la Iglesia y sostenida por el Estado, tanto en instituciones educacionales como en políticas públicas.
Las tres causales para la realización del aborto, sin duda han sido un avance progresivo para muchas mujeres que se veían obligadas a llevar embarazos inviables o no deseados, que según estándares internacionales la anterior legislación chilena constituía una vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres y en ocasiones una forma de tortura. Sin embargo, aún falta mucho por avanzar en materia de legislación, ya que estas causales sólo constituyen el 3% de los casos de aborto en Chile. Y, además, se constituyó como un desvío a la lucha por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito por parte de la Nueva Mayoría en un contexto donde la marea verde Argentina había cruzado la cordillera y podíamos ir por más.
Por otro lado el Frente Amplio apostó por limitar nuestra demanda y levantar junto a la Nueva Mayoría y a la derecha liberal de Evópoli un proyecto por la despenalización que tiene cómo límite que no modifica el código penal en todas aquellas causales no legisladas en la Ley de Aborto en tres Causales (2017) además de dejar la lucha por garantizar el acceso y calidad para un futuro incierto.
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¿Por qué luchamos?
Desde la agrupación Pan y Rosas estamos impulsando una campaña nacional por este derecho básico. Para que las mujeres, incluso las niñas y adolescentes puedan decidir libremente, y no tengan que estar sometidas a la muerte por abortos inseguros.
Estos son los ocho puntos de nuestra propuesta que tomamos de la propuesta de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de nuestras compañeras Argentinas:
1. Por el aborto libre, legal, seguro y gratuito que comprenda que es un problema de salud pública y no de creencias religiosas, ético o moral.
2. Toda mujer y persona con capacidad de gestar tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo hasta las catorce semanas.
3. El Estado debe garantizar el acceso a la realización de la práctica del aborto en un plazo máximo de 5 días a partir de su requerimiento.
4. Debe garantizarse que un número adecuado de profesionales de la salud dispuestos y capaces de proporcionar tales servicios, estén disponibles en todo momento en las instalaciones públicas y privadas.
5. Sin perjuicio de lo anterior, más allá del plazo establecido para la realización de un aborto, la mujer puede acceder a la interrupción de su embarazo en los casos en que haya habido una violación, se encuentre la madre en riesgo de vida o malformación fetal grave.
6. Para la realización del procedimiento se requiere el consentimiento informado de la mujer expresado por escrito. Si tiene menos de 13 años de edad, debe contar con su consentimiento y la asistencia de al menos uno de sus tutores o representante legal.
7. Cobertura económica integral de la interrupción legal del embarazo a cargo de la institución de cada afiliada, ya sea pública o privada.
8. Que incluya a toda persona con capacidad de gestar.
