Chile ya no es el mismo, tampoco sus instituciones. El 2011 con movilización en las calles, métodos combativos de lucha y con más del 80% de aprobación a la demanda por la gratuidad de la educación; se cuestionó el régimen político y, con ello, el conjunto de sus instituciones.
Bárbara Brito Docente y ex vicepresidenta FECH (2017)
Jueves 22 de marzo de 2018
La Universidad de Chile no fue una excepción. Una de las razones que lo explica es que las autoridades de la universidad fueron incapaces de ponerse a tono con las demandas que millones de estudiantes exigieron con tomas y paros, por el contrario, mantuvieron una disonancia absoluta entre el discurso a favor del fortalecimiento de la educación pública y una práctica política que obstaculizó la organización desde la base de estudiantes, profesores y funcionarios.
Sin ir muy lejos Víctor Pérez, antecesor de Ennio Vivaldi en la rectoría de la Universidad de Chile, impulsó el Proyecto Bicentenario cuya base fue el tan bullado Plan Bolonia que encendió importantes movilizaciones en la juventud europea; también su propuesta denominada “Nuevo trato con el Estado” distaba muchísimo de la política impulsada por el movimiento estudiantil por la gratuidad total de la educación pública como vía de fortalecimiento de la Universidad de Chile, en cambio, ésta bregaba sólo por un 50% de financiamiento estatal vía aportes fiscales directos, manteniendo el régimen de arancel diferenciado.
Ya pasados los días de mayor efervescencia del movimiento estudiantil, la rectoría de Ennio Vivaldi tuvo que enfrentar una reforma a las Universidades del Estado que desmejoró la democracia universitaria aún más y no otorgó aumentos sustantivos en los aportes fiscales directos. Hoy el 80% del aporte fiscal es asignado a instituciones privadas y no estatales.
Tanto el rector como las organizaciones de izquierda que dirigieron el movimiento estudiantil (el Frente Amplio y las Juventudes comunistas) pusieron la confianza en indicaciones en el parlamento, consecuentes con un programa de reformas mínimas y de abandono de la lucha por la gratuidad de la educación. Como siempre, triunfó el mercado.
De fondo, el discurso de las autoridades máximas de la Universidad de Chile se mantiene, al menos en sus nodos centrales: una concepción donde la universidad responde al desarrollo de la sociedad capitalista y del fortalecimiento de la burguesía como clase dirigente y, desde ahí, la negación a un cambio que eche raíces en la estructura y en el régimen universitario.
Ejemplo de ello es el último proyecto lanzado por la actual rectoría y Bachelet, el nuevo “Silicon Valley chileno” cuyo énfasis está puesto en el aporte para los desafíos de la industrialización del país y en la cooperación y convergencia entre el mundo público y privado.
La utilización de las fuerzas propias de las autoridades ha estado acotada hasta ahora a la defensa de la universidad, mas no a su transformación, entendiendo que la única forma de desarrollar libremente el conocimiento es escapando de su carácter mercantil.
De este modo, no es extraño ver cómo las autoridades de la universidad utilizan los medios de comunicación para difundir ideas republicanas, donde la construcción de conocimiento adquiere un lugar preponderante que debe ser asegurado por el Estado; a la vez que impulsan sumarios, expulsan a estudiantes, despiden a funcionarios, acotan las cátedras más críticas. Su fin está lejos de una concepción de universidad abierta, de libre acceso, donde se formen los hijos e hijas de los trabajadores.
Las dos crisis de la Universidad de Chile
La crisis de la Universidad de Chile está dada por la relación entre el carácter de la universidad (asegurado por las autoridades como guardianes de la tradición republicana) y la dinámica política y social que ha relativizado su función para la burguesía, transformándola no sólo en un centro de formación para el fortalecimiento de su hegemonía sino también en un nuevo centro de ataques y precarización.
La explosión abrumadora de matrículas, las expectativas e ilusiones de ascenso social que trajo aparejada su existencia como institución y el estallido en su seno de importantísimas luchas estudiantiles y triestamentales son algunos elementos que explican los ataques y por qué se volvió disfuncional para sus intereses.
La Universidad de Chile, y en general la universidad pública entendida como aquella institución cuya propiedad es estatal, se encuentra en una encrucijada al ubicarse en el medio de dos crisis: por un lado, la crisis de la educación pública que estalló producto del aumento de matrículas y de las aspiraciones irresueltas de las masas, donde el acceso a la universidad no se tradujo en ascenso social, denuncia que ya había anticipado el mayo del 68’ y los procesos reformistas latinoamericanos coartados en Chile por la dictadura militar. Y la crisis del modelo neoliberal, de focalización del gasto social, que exacerbó ese sentimiento de abandono y desidia, que incrementó deudas y reafirmó la desesperanza.
La tesis central que explica el quehacer de la Universidad de Chile y de sus autoridades yace en las antípodas de la dictadura, momento en el cuál se produjo un doble movimiento que debilitó profundamente la educación pública:los militares se encargaron (por la fuerza) de frenar el proceso reformista de finales de los 60’; y la imposición del neoliberalismo en el terreno educativo desde los 80’, donde la Universidad de Chile sería una habitante ubicada en el extremo opuesto del territorio ideológico, por esto, víctima del asedio del aparato militar en su aspecto coercitivo, y, ya finalizada la dictadura, en su aspecto de consenso ubicado en el centro del sistema neoliberal. Guy Santibañez lo nombraba en su texto En torno a la Universidad y la Cultura como el paso del terror a la servidumbre.
El fantasma del asedio
En este contexto es que surge la tesis del asedio como forma de exculpar las falencias visibles de la universidad pública. Hoy vislumbramos sus consecuencias en un escenario muy distinto no sólo a la dictadura militar donde cobró una forma visible de persecución, desapariciones, torturas, intervencionismo; sino al Chile conservador de los 90’, donde el miedo se convirtió en subordinación a la sociedad impuesta.
Cientos de miles de jóvenes salieron a las calles, se tomaron sus liceos y universidades, salieron a enfrentar a la policía e impusieron consignas que expresaron el espíritu del movimiento: “somos la juventud sin miedo” versaba una tela colgada en el muro de un liceo de Santiago Centro. Así, las y los estudiantes irrumpieron en el escenario político reafirmando un nuevo fin de ciclo para la política chilena.
El rector Jaime Lavados montes en los 90’ dice: “Hablo de asedio porque es difícil encontrar otra palabra que describa mejor el enorme flujo de informaciones hechas sobre la base de supuestos, de débiles fundamentos, desde puntos de vista sesgados, y de análisis inconsistentes, que se han venido publicando y difundiendo acerca de la Universidad de Chile, de su gestión, su eficacia, y hasta su validez y su razón de ser.”
El problema es que dichas afirmaciones son unilaterales, sitúan la responsabilidad en un otro que, ya en los 2000, resulta no ser más que una abstracción metafísica y, con ello, el problema se torna irresoluble. No sólo fue el régimen militar, tampoco sólo los gobiernos de la transición a la democracia quienes situaron a la Universidad de Chile en un lugar secundario en el nuevo mercado educativo, fueron los propios rectores desde su rol directivo quienes administraron una universidad bajo las reglas establecidas por el sistema neoliberal sin ninguna resistencia, con una brutal adaptación y medidas que sólo profundizaron los aspectos más aberrantes, y formaron parte de todo un engranaje que llevó a la precarización de la educación pública: un gobierno universitario que hasta el día de hoy no contempla el voto universal de las autoridades unipersonales, el autofinanciamiento de las distintas facultades fortaleciendo únicamente aquellas que mayor inserción tienen en el mercado laboral, la precarización laboral de las y los funcionarios y la inserción del subcontrato, una educación sexista en las aulas, entre otros aspectos.
El carácter de la institución y el régimen universitario está puesto al servicio de las necesidades de la burguesía, pero este es sólo el punto de partida, darle un valor concreto a dicha definición implica identificar la estructura interna que hizo y continúa haciéndola posible a la vez que las tensiones y contradicciones que cruzan la universidad en tanto universidad situada.
La explosión de la lucha estudiantil desnudó la brutal realidad en la que se encuentra la Universidad de Chile muy lejos de la universidad pública que se necesita para integrar a amplias masas de hijos de trabajadores y trabajadoras que hoy no tienen acceso a la educación superior, repuso la pelea por la elección universal de las autoridades unipersonales y el cogobierno triestamental con mayoría estudiantil; nombró además con total claridad a los responsables mediante la crítica al Estado subsidiario. Sin embargo, poco ha cambiado y continúan los esfuerzos por mantener un mercado educativo donde las universidades del Estado tienen pocas chances de sobrevivencia.
Continúa siendo tarea del movimiento estudiantil revivir el grito por una educación al servicio de los trabajadores y el pueblo. Lejos de la voluntad del actual Ministro de Educación quién dijo que el tiempo de las marchas ya pasó. Mientras la crisis de la educación pública continúe, mientras miles de hijos e hijas de trabajadores sigan quedando fuera de las aulas y otros tantos endeudados de por vida; la marchas, paros y tomas organizadas por las y los estudiantes desde sus asambleas, la movilización, continúa como tarea completamente vigente, como una necesidad latente que seguro no tardará en irrumpir.
