Cada vez más facultades para una institución que ha violado históricamente los derechos humanos. Organicémonos para acabar con la policía y levantar una alternativa a la izquierda del actual gobierno.

Carla Rosales Medina militante Vencer
Martes 24 de mayo de 2022
Menos de tres meses han pasado desde que el Gobierno de Apruebo Dignidad (FA-PC) asumió el mando tras las elecciones presidenciales. Gabriel Boric e Izkia Siches durante la campaña hablaron de la refundación de Carabineros, institución que por años ha violado los DD.HH, reprimiendo al Pueblo Mapuche y que durante la revuelta llegó a las más de 8.500 denuncias por violaciones a los derechos humanos.
Pero ¿fue capaz Gabriel Boric de mantener las promesas de su campaña?
La semana después de haber asumido el mando, el día viernes en Plaza Dignidad se realizaba una movilización por la libertad de las y los presos políticos como cada semana. En esta oportunidad la movilización se realizaba con la asistencia de estudiantes secundarias que luchaban por la demanda de educación sexual integral y en contra del acoso en sus colegios y liceos. Sin embargo, la represión no tardó en llegar, terminando la jornada con una brutalidad policial y un manifestante con graves lesiones luego de que durante su detención Carabineros azotó su cráneo contra el pavimento.
La semana siguiente, en la primera marcha estudiantil por el aumento de la BAES un estudiante es baleado por un Carabinero mientras que otro queda en estado de gravedad tras ser atacado por bandas armadas en el barrio meiggs.
La respuesta del Gobierno fue anunciada en la conmemoración del Día del Joven Combatiente: mientras en las calles del país se reprimía con brutalidad la movilización, el Gobierno de Apruebo Dignidad salía a brindarle todo el respaldo en su actuar a Carabineros, avalando la represión e impunidad. Mientras que la respuesta para las y los secundarios que continuaron con las movilizaciones fue la criminalización desde la boca del propio presidente: "Los estudiantes que quieran utilizar medios violentos tendrán que responder ante la ley".
En su respaldo al actual criminal de carabineros, no se quedo solo en palabras. Desde entonces el gobierno continua sosteniendo en su cargo al General Director de Carabineros Ricardo Yáñez quien ha sido el principal responsable de la represión desde que asumió en noviembre de 2020.
Mismo general que nuevamente vuelve a ser cuestionado con el asesinato de Francisca Sandoval, reportera de la Señal 3 La Victoria, a quien le dispararon bandas armadas de Meiggs en completa complicidad con Carabineros. Imágenes mostraron que efectivos de la policía mantuvieron conversaciones con los autores de los disparos mientras reprimían brutalmente la movilización del Día Internacional de las y los Trabajadores.
Francisca falleció doce días después en la Posta Central producto del impacto de bala. Durante la tarde, tanto la velatón y las manifestaciones convocadas en justicia y memoria fueron reprimidas , nuevamente, por la policía.
La vieja receta de la concertación
Durante el mes de abril el Gobierno usó la vieja receta represiva de la concertación. La Ministra del Interior Izkia Siches, anunció una millonaria inversión para reprimir el Wallmapu. Se aumentaron de 4 a 19 los blindados, se trasladaron 34 camionetas blindadas y se ocuparían $1.000 millones para compra de drones. Este anuncio incluyó la creación de un nuevo sistema de inteligencia del Estado.
Las usuales costumbres del estado de perseguir, reprimir y espiar a integrantes de las comunidades en resistencia no se han perdido y esta lejos de terminarse. El gobierno, en palabras de la misma vocera de gobierno Camila Vallejos, ha decidido negar la prisión política, en el caso del machi celestino y el de las y los presos políticos de la revuelta. “Celestino Córdova es un preso común por el delito de incendio con resultado de muerte”. El gobierno ha decidido obviar el hecho que el caso de los Luchsinger-Mackay carecía de pruebas claras contra el Machi Celestino, y aun así la justicia lo condenó.
Pero los ataques al Pueblo Mapuche no terminan aquí. La semana recién pasada el gobierno anunció el Estado de Excepción Intermedio en el Wallmapu, el que fue definido así por el ministro secretario general de la presidencia Giorgio Jackson : "A diferencia de los Estados de Excepción, queremos concurrir con ayuda de las Fuerzas Armadas el resguardo de la infraestructura crítica y de gravedad para el libre tránsito, abastecimiento de la población o circulación de vehículos de emergencia, sin afectar ninguno de los derechos fundamentales que la Constitución asegura”. Queda demostrado que el Gobierno de Boric adquirió rápidamente las costumbres del viejo régimen.
La respuesta del nuevo Gobierno implica continuar la criminalización y represión al Pueblo Mapuche quienes han luchado durante años por recuperar el territorio que les pertenece. El aumento de la dotación policial y militar en La Araucanía, reafirmado con la declaración de estado de excepción, es una clara línea para acabar con cualquier atisbo de que demandas como la autodeterminación y el reconocimiento de naciones originarias, se salga de carril institucional chileno. Esto para liberar de manos a la policía para que continúe protegiendo los negocios de las empresas forestales y latifundistas que han usurpado el territorio Mapuche, como las familias Matte y Angelini que tienen 2 millones de hectáreas y cuentan con toda la protección del Estado.
¡Levantemos una alternativa independiente de las y los trabajadores!
Está más que demostrado que estos hechos no son aislados. La represión del estado golpea tanto los trabajadores subcontratados de ENAP que reclamaban mejoras en sus condiciones de trabajo, como a la juventud. Recientemente vimos un nuevo intento de parte de carabineros de lanzar a un joven ciclista al lecho del Río Mapocho. Esta represión se legitima con la complicidad del gobierno al mantener al general Yáñez en su cargo con total impunidad. La agenda represiva del gobierno avanza contra secundaries, trabajadores, sectores en lucha que se movilizan contra las precariedades de la vida.
Por esto, necesitamos organizarnos contra estos ataques represivos del gobierno, levantando una alternativa que pelee por la disolución de la policía una institución que no merece ni un tipo de respaldo ni menos toda la modernización e inyección de dinero para reprimir. Esta pelea es inseparable de la lucha por la desmilitarización del Wallmapu porque si vuelve a correr sangre Mapuche sabremos quienes son los responsables. Al igual que sabremos quienes son los responsables de toda la represión y violencia que se ha ejercido contra secundaries, trabajadores y sectores organizados.
Hacemos un llamado a levantar una alternativa de las y los trabajadores y de la juventud combativa, que esté a la izquierda del Gobierno actual de Apruebo Dignidad, ya que son estos sectores los que históricamente han desviado la lucha en las calles para pactar sobre nosotres o como en la revuelta sobre nuestros muertos.

Carla Rosales Medina
Militante de Vencer y Pan y Rosas