Educación. La cruzada de la Junta de Andalucía contra las universidades públicas

La crisis del Covid-19 es una excusa perfecta, aunque parezca paradójico, para seguir recortando los servicios públicos y abriendo mercados para beneficio privado. En un ambiente de apoyo masivo de la población al personal sanitario y a la investigación en busca de una cura a la terrible pandemia que sufrimos, la derecha promueve la desconfianza a la ciencia, el recorte del presupuesto a las universidades y tantea mantener los recortes sanitarios.

Hace pocos días se conocía que tan solo el 54% de los médicos graduados en Andalucía permanecían trabajando en la región, teniendo en cuenta que para muchos la opción de larga duración que se les daba son contratos de medio año. Ahora, el siguiente movimiento del gobierno del trifachito andaluz (PP, Cs con apoyo de Vox) pasa por recortar 135 millones del presupuesto para universidades públicas con la excusa de que dicha cantidad de dinero será destinada al Fondo de Emergencia Social y Económica contra la Covid-19 que prepara la Junta de Andalucía, por lo que el 19% del presupuesto de dicho fondo será pagado por las universidades (de un total de 700 millones).

El recorte es presentado como un “sacrificio común” por el Ejecutivo andaluz que no hace mucho perdonó 400 millones de euros a la emisora COPE (medio de comunicación de la derecha que apoya al gobierno andaluz) o que invirtió 5 millones en pagarle a diferentes medios de comunicación de la derecha para promover una buena imagen del gobierno de la Comunidad Autónoma en mitad de la pandemia.

Para minimizar el ajuste, las universidades han sido autorizadas a destinar a gastos corrientes 135 millones de remanentes (importe no ejecutado de un presupuesto ordinario), a habilitar una línea de inversiones por 125 millones y les han transferido 126 millones del total de 300 millones de deuda contraída. Un reparto de deuda desigual, ya que favorece a las grandes universidades frente a las pequeñas como denuncia Vicente Guzmán, rector de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. Como expresaba dicho rector, se trata de hacer pagar a las universidades con los ahorros que estas tengan. Por dar un ejemplo, la Universidad de Granada calcula que este ajuste supondrá un recorte de un 21% de su presupuesto.

Al mismo tiempo que se recorta a las universidades públicas, el negocio de las unis privadas se extiende con la futura apertura de un campus dirigido por la Universidad Católica de Murcia en Málaga tras llegar a acuerdos con el ayuntamiento de la ciudad que cedería terrenos municipales, entre ellos la utilización de instalaciones municipales para uso de la nueva universidad privada. Con una fijación en mantener la idea del turismo como única actividad profesional para los andaluces, las unis privadas parecen conjurarse con la derecha para mantener un modelo productivo de precariedad y trabajos de mierda. Para el Ejecutivo andaluz la inversión en universidades públicas es innecesaria, ya que su modelo económico no requiere de trabajadores cualificados, sino de mano de obra barata, sumisa y acostumbrada a la precariedad: todo lo que el modelo de ladrillo, sol y playa requiere.

La continuación del legado del PSOE

Diga lo que diga el PSOE ante esta noticia, no puede pretender vendernos que este no era su modelo, ya que si bien en su última legislatura aprobó las llamadas bonificaciones en la matricula, esto solo fue un ensayo de políticas de despiste como las ensayadas recientemente por el señor Castells.. Aquella medida, acogida con alegría por multitud de estudiantes andaluzas, y que el nuevo Ejecutivo andaluz no se ha atrevido a tocar, se trataba de un regalo envenado. Se trataba de la bonificación del 99% de los créditos de la matricula para todo estudiante, pero la clave estaba en que no se trataba de una bonificación general, sino que dependía del número de créditos aprobados en 1º matrícula en el curso anterior (de forma que siempre pagabas el 1º año de carrera salvo si tenías otra beca), es decir si uno aprobaba 60 créditos (curso completo), el siguiente año se le aprobaría esa cantidad, si uno aprobaba 30 créditos en 1º matrícula, el siguiente curso tan solo se le abonarían esos 30 créditos (la mitad de un curso de grado normalmente). Como vemos, era una medida basada en la meritocracia, ese gran mantra capitalista. Pero gran cantidad de estudiantes -por diferentes factores como tener familiares dependientes, o trabajar al mismo tiempo que estudiar, lo que podía afectar a su rendimiento académico-, no podían acogerse a la medida, al arrastrar asignaturas de un curso a otro. Esto no es todo, ya que al mismo tiempo que se anunciaba a bombo y platillo esta cuestión, otra pasaba más desapercibida y es que es fundamental para entender la problemática actual.

A principios de 2017, saltaba la noticia de que la Junta de Andalucía presentaba el Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de Andalucía 2017-2021 en el cual se afirmaba premiar la excelencia y se buscaba eliminar la burocracia y la lentitud en la gestión. Lo que ocurría es que el reparto de los fondos públicos cambiaba ya que se aseguraba que tan solo un 70% del mismo sería a través de recursos públicos y el 30% quedaba en manos de las universidades de encontrarlo de fuentes públicas o privadas. Además, sobre el porcentaje de financiación pública, una parte quedaba ligado a “resultados que reconocerán el esfuerzo y los avances de las universidades hacia la mejora académica e investigadora a través de indicadores”. También se afirmaba en dicho documento que se buscaba generar mentalidad emprendedora en la comunidad universitaria. Esto fue denunciado en su momento por rectores de universidades pequeñas como la de Huelva que veía un peligro en dicha medida ya que favorece a las universidades más grandes, de mayor antigüedad y prestigio frentes a las de menos recorrido. Hoy en día la cuestión gana más relevancia porque como vemos evidentemente la derecha no va a revertir este tipo de medidas, sino que las amplia con el recorte directo al presupuesto autonómico lo que, si bien es un golpe general, es objetivo que hace más daño a las universidades más débiles.

Apuñalar a la Educación Pública hasta hacerla caer

La Junta de Andalucía se coloca con esta medida como alumno aventajado del señor Castells, cuyo borrador de reforma universitaria amenaza con recortes generalizados para todas las Universidades Públicas en el Estado español. Algo que no es nuevo durante las últimas décadas, las universidades acumulan una serie de recortes que se calcula que han sido 9.498 millones para el conjunto de las universidades españolas entre 2010 y 2017 según datos del Ministerio de Educación.

Esta situación nos permite ver que las intenciones del señor Castells no son debidas a que viene de una lejana galaxia cual peli de Star Wars, sino que se integra muy bien en los objetivos de la burguesía española que lleva décadas buscando hacer ajustes en la universidad española, con aquel famoso documento del Circulo de Empresarios en 2005 que afirmaba que había un exceso de universitarios para el mercado laboral. En este caso, la Junta de Andalucía con su modelo de playa, ladrillo, y sol parece ser la primera en aplicar una política de destrucción de la Educación Pública siguiendo la línea de lo que ha sido el modelo productivo andaluz bajo gobiernos del PSOE o ahora, el de la derecha. Los señoritos andaluces están de acuerdo con el señor Castells en que la universidad debe adaptarse al mercado y no ser un centro de saber, que hay que inculcar mentalidad emprendedora en los universitarios. Una línea que inició el PSOE andaluz pero que ha seguido el gobierno del trifachito, sin ningún problema, si tenemos en cuenta que su Consejero de Educación, Javier Imbroda es un magufo del negocio del “coaching” y que tiene intereses directos en la educación privada (dos cosas a erradicar por el bien colectivo de la humanidad, los que te hablan de mentalidad emprendedora y los que te venden el tema del coaching, normalmente de la mano).

Una izquierda combativa e independiente para enfrentar esta situación

El problema es que la izquierda andaluza reunida entorno a Adelante Andalucía no parece tener una línea combativa en este sentido, más allá de la limitada actividad parlamentaria, sin una visión de independencia de clase, condenados lentamente a ser la muletilla del PSOE andaluz, aunque se hayan declarado en contra de esta posibilidad (a pesar de que IU Andalucía siempre ha estado cómoda al servicio del PSOE). Lamentablemente no parecen tener una estrategia clara para combatir esta situación más allá de esperar al siguiente ciclo electoral y esperar que la alianza con Podemos e IU no estalle debido a las contradicciones de gobernar con el PSOE a nivel estatal, en mitad de un mar de recortes y leyes a favor de las grandes empresas.

Por eso, se hace necesario construir una izquierda con independencia de clase, que luche por la unidad obrero estudiantil y con un programa destinado a hacer pagar la crisis del Covid-19 a las grandes empresas y con el objetivo de defensa y mejora de los servicios públicos, reconvirtiendo el modelo productivo a uno que no suponga explotación ni precariedad para la clase obrera andaluza.