Cuarentena y Crisis Económica. La cuarentena como excusa patronal: avanzan los despidos, la precarización y la persecución

El presidente Alberto Fernández habló del tema en la cadena nacional del día domingo: “Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en crisis los despiden”. Y advirtió “ahora les digo yo que no voy a permitir que lo hagan”. Sin embargo, el Poder Ejecutivo que hoy centraliza todas las atribuciones políticas del Estado, no ha tomado ninguna medida a la altura de los abusos que se viven en el sector laboral.

Un informe del observatorio del Derecho Social de la CTA autónoma detalla con claridad denuncias de trabajadores de distintos sectores de la producción y los servicios, varias de las cuales La Izquierda Diario viene reflejando desde el primer día.

En dicho documento se alerta además, que la propia Justicia laboral parece estar exenta de considerarse actividad de carácter esencial ya que las secretarías de trabajo provinciales se encuentran cerradas y a los abogados sindicales “no se les permite la libre circulación necesaria para defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras”.

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Despidos: la impunidad de “los miserables”

“Algunas de las denuncias sobre despidos se registraron en personal de seguridad del Ferrocarril San Martín, en el transporte de pasajeros en la provincia de Corrientes, en la cadena de kioscos Mc Kio, en diferentes empresas del rubro gastronómico, en YPF, en el complejo Cinemark, en el frigorífico Agroservice y en Gate Gourmet, entre otros. Incluso la empresa Techint ya anunció el despido de 1450 trabajadores ligados principalmente a la construcción”, indica el informe.

El caso de Techint es uno de los más despiadados, por representar despidos masivos por parte del grupo económico de Paolo Rocca, el hombre más rico de la Argentina según el ranking de la revista Forbes.

A pesar del discurso que el presidente pronunció contra “los miserables” que despiden, al día siguiente en una entrevista en Radio Con Vos, dio a entender por el caso de Techint que sus palabras no pasan de un inofensivo regaño y un “llamado a la reflexión”. Sin embargo, qué reflexión ética se puede esperar de un grupo que viene amansando fortuna desde la dictadura militar, donde decenas de trabajadores de la empresa fueron desaparecidos. 

Hoy estos despidos se encuentran en suspenso por quince días debido a una conciliación obligatoria; en el marco de una ofensiva patronal que amenaza, desde la Cámara de Construcción, dejar 100.000 trabajadores en la calle en los próximos meses.

El caso de Gate Gourmet también ha sido reflejado por La Izquierda Diario. La empresa de capital suizo que elabora alimentos y servicios de catering, despidió 180 trabajadores contratados en el aeropuerto de Ezeiza.

Una trabajadora de la empresa tercerizada de seguridad GPS del mismo aeropuerto había advertido la irracionalidad capitalista que, en tiempos de pandemia, muestra la falta de voluntad para ejercer la pretendida solidaridad que espera de los empresarios el presidente. “Gate Gourmet podría con los más de 15.000 platos de comida que producen por día ayudar a los centros de atención médica y barrios carenciados de la zona e incluso incorporar más personal para llevar adelante esta tarea comunitaria”.

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Despidos persecutorios por reclamar condiciones de higiene y seguridad

Ante la negativa de las patronales de atender protocolos mínimos de higiene y seguridad en medio de inflexibles medidas de aislamiento por parte del Estado, cientos de trabajadores de los sectores que se consideran esenciales vienen exigiendo elementos básicos como guantes, barbijos o alcohol en gel. La respuesta empresarial no varía.

Según el informe de la CTA autónoma: “Los trabajadores de seguridad del San Martín denunciaron la falta de insumos para garantizar la seguridad sanitaria en la actividad y frente a ello la patronal respondió con 7 despidos en carácter de represalia. El caso de los y las trabajadoras de La Continental, comenzó con el paro de actividades ante la negativa de la empresa a garantizar insumos de seguridad sanitaria. A este paro le siguieron amenazas por parte de la empresa de despidos y cierre de locales. Finalmente, en el caso de GPS la empresa despidió a trabajadores que se organizaron para reclamar por medidas de seguridad sanitaria.”

La voz más arriba citada de una trabajadora del aeropuerto es la de Ayelén Córdoba. Ella fue despedida junto a otros trabajadores por organizar una comisión independiente de higiene y seguridad, que reclama elementos básicos de protección del personal y también test masivos, medida lógica para aislar y dar tratamiento a potenciales infectados sin síntomas que continuaran trabajando. Hoy los trabajadores continúan con estos reclamos y pelean por la reincorporación del personal despedido.

Se hace urgente la sanción de una ley que prohíba los despidos, por lo menos en lo que dure la crisis de la pandemia. Este es un punto fundamental que vienen reclamando los trabajadores y diputados del Frente de Izquierda. Quienes hoy integran el Frente de Todos habían sido parte apoyar una ley similar durante el Gobierno macrista. Sin embargo, hoy en el poder, se limitan a ofrecer una doble indemnización, completamente insuficiente para frenar el oportunismo patronal.

Cuando no son despidos, es el recorte o la suspensión del pago de salarios

Otra de las formas con las que las empresas imponen sus ganancias sobre la salud y la vida de los trabajadores, es la de los descuentos o la quita total del salario.

El documento de la CTA autónoma describe: “Además de los despidos, algunas empresas han recurrido a otras modalidades de recortes parciales como la firma LATAM que inició tratativas para abonar sólo 50 % de los sueldos, o el ingenio San Isidro que amenazó a su personal con la de quita de presentismo o salarios a quienes no cumplan tareas. Por su parte, empresas como Telefónica o Gate Gourmet han recurrido al adelantamiento de vacaciones para personal sujeto a cuarentena. Casos más graves se registran entre les docentes del Plan Fines y empleades del Bingo Pilar quienes fueron avisados que no percibirán salarios durante la cuarentena.”

Es vital la prohibición de represalias y garantizar el salario al 100 % para quienes estén obligados a dejar sus puestos laborales. Así como también el pago íntegro del salario en el caso de las licencias. Esta es otra de las “medidas de emergencia” que viene impulsando el Frente de Izquierda y que es urgente que los sindicatos la tomen en sus manos, con las medidas de fuerza necesarias para su garantía.

“Determinar las áreas de producción esenciales y redistribuir hacia ellas la totalidad de los recursos disponibles”

Una parte importante del informe está dedicada a denuncias de trabajadores de empresas y ramas que se consideran esenciales, pero que están realizando tareas que no son significativas para “garantizar bienes y servicios esenciales para la sociedad y para aquellas actividades sanitarias orientadas a combatir la pandemia”. Se pone de manifiesto que arriesgan su salud y la de su familia por capricho empresarial.

En telecomunicaciones se presentan los casos de Telecom con “la persistencia de líneas de trabajo no afectadas directamente a garantizar el servicio” y también de “Cat Technologies donde 1.500 trabajadores se encuentran trabajando afectados al call center comercial.”

Empresas metalúrgicas aducen su funcionamiento a la producción necesaria para la industria de la alimentación y la fabricación de insumos hospitalarios. Sin embargo trabajadores de Siderca, Siderar y Acindar “explicitan que la mayor parte de la producción no refiere a estos insumos”.

Reclamos similares se presentan en la industria minera, en manos de multinacionales como la Barrick Gold. La lista sigue con la industria del papel, con el ejemplo de Celulosa Argentina. Refinería Quilmes, Ingenios Azucareros, Actividad Vitivinícola de Mendoza, Inrot SA que fabrica lana de vidrio, o FATE que fabrica neumáticos.

Reconversión tecnológica y reorientación de las actividades

Los “héroes de la primera línea”, como el Gobierno y los medios de comunicación llaman a los trabajadores estas actividades, no sólo reclaman el cese de las tareas que no son esenciales para la crisis de la pandemia, sino que dan un paso adelante en la propuesta de reconvertirlas y reorientarlas “en lo que consideran bienes más prioritarios”.

El informe de la CTA señala que “en este caso se trata de un intento por incidir en el control y la planificación de la producción de cara a enfrentar la pandemia. Tal fue el caso en Mondelez, Bimbo, Felfort y Fernet Branca donde se cuestiona la fabricación de golosinas, aperitivos y facturas congeladas y se intenta impulsar la reconversión del sector para aumentar la producción de alimentos esenciales.”

La Izquierda Diario también viene reflejando el ejemplo de trabajadores de la alimentación que plantean la “reconversión de todas las fábricas de golosinas para producir alimentos de primera necesidad y alcohol en gel, con la conformación de un comité de trabajadores, ingenieros y técnicos que diversifiquen los productos en función de la necesidad del pueblo trabajador y los sectores más pobres que hoy son casi el 40 % de nuestro país”.

Ejemplos así resaltan en todas las industrias del país y también en otros países afectados por la pandemia.

También fábricas recuperadas por sus trabajadores como Madygraf y el estatal Astillero Río Santiago, que han empezado a elaborar alcohol en gel, vienen exigiendo al Estado que les destine los recursos para la reconversión tecnológica que permita fabricar camas para los hospitales, respiradores eléctricos y todo que sea necesario.

En este sentido, el Frente de Izquierda viene planteando que lo que hasta ahora el Estado argentino viene contemplando como actividades esenciales, se declaren como de utilidad pública y comiencen a funcionar bajo la órbita del Estado como parte de un plan centralizado de todo el sistema, incluyendo a los laboratorios y farmacéuticas. De esta manera, con el control directo de “los héroes de primera línea”, de los trabajadores que vienen demostrando un verdadero compromiso y solidaridad social -en contraposición a la avaricia irresponsable de las patronales- será posible reorientar las actividades para satisfacer las demandas más urgentes que presenta la pandemia.

Un plan de fondo debería incluir la unificación del sistema de salud público y privado, para evitar el colapso que el propio Gobierno anticipa para los hospitales cuando comience el pico de infecciones. Y sumar la disposición de las Universidades y sus recursos tecnológicos, incluyendo a sus profesionales en formación y científicos.
Si realmente se quiere poner la salud del pueblo por delante de las demandas del poder económico, todas estas medidas se hacen imprescindibles.