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Red Internacional
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Educación. La demagogia detrás del proyecto de “Ley Admisión Justa”

La derecha junto a Marcela Cubillos –Ministra de Educación- y su sistema de admisión escolar discriminatorio que promueve la segregación social reponiendo la selección, competencia y discriminación en los establecimientos públicos del país.

Sábado 12 de enero de 2019

El pasado jueves 10 de enero, el gobierno neo-liberal de Sebastián Piñera, vuelve a arremeter con nuevos ataques hacia el movimiento estudiantil, donde en primera instancia, promovió la persecución política con la aprobación del proyecto de “Ley Aula Segura”, dándole facultades arbitrarias a los directores para expulsar a estudiantes que se organicen en sus lugares de estudio, sin un debido proceso. Pues, ahora su maniobra para fortalecer el mercado educativo, es a través de la competencia entre las y los mismos/as estudiantes, impulsando desde el MINEDUC el proyecto “Admisión justa”, el cual consta de modificaciones al Sistema de Admisión Escolar (SAE) dentro de la Ley de Inclusión, como por ejemplo, que en los liceos de alta exigencia se pueda elegir al 100% de sus estudiantes por mérito, bajo los protocolos que el establecimiento estime conveniente, estos pueden ser tanto pruebas de conocimiento y de aptitudes acorde al proyecto particular, o finalmente las notas que él o la estudiante tenga de su proceso educativo anterior.

En palabras de la ministra Cubillos "nos parece justo que, en lugar del azar, ese cupo se resuelva en base al esfuerzo y el mérito". "Es injusto no reconocer el mérito y una señal equivocada". Hay que recordar, que en el gobierno de la ex Nueva Mayoría, dentro de la reforma educativa se aprueba la ley de Inclusión, donde si bien se elimina el copago y la selección dentro de los liceos municipales, deja abierta la posibilidad de su “mejora” de forma oportunista al no cuestionar el carácter mercantil de la educación en Chile, y dejando a las corporaciones privadas el rol de decidir dentro de los establecimientos educacionales.

Meritocracia en los marcos de la educación de mercado

Las reformas de la derecha solo proponen fortalecer el mercado educativo, manteniendo intacta la herencia de la dictadura, la cual es promover la educación como un bien de consumo, generando así más riquezas para los empresarios, promoviendo una subjetividad en base a la competencia individual, y a su vez la falsa idea de “ascenso social”, donde sabemos que en Chile la división de clases sociales es material, donde el gran empresariado, el cual representa al 1% de la población acumula el 30% de la riqueza nacional, mientras que el resto de las y los trabajadores tiene un salario menor a los $450.000 mensuales. Dentro de este punto de vista, el discurso de la meritocracia tiene grandes cabidas haciendo competir a las y los secundarios/as por “mejores notas”, para acceder a “una mejor educación”, pero mientras estas condiciones materiales no se alteren, esa brecha social no va cambiar esta estructura, sino que se va a profundizar la desigualdad, ya que su base será la segregación según la clase social de la cual provenga.

Por otro lado, estas maniobras del gobierno se dan en el marco de una profunda crisis de legitimidad luego de la caída en las encuestas de todas las instituciones que mantienen esta democracia para ricos, el asesinato a Camilo Catrillanca y los constantes asedios a las comunidades en resistencia, la represión sistemática a las luchas de las y los trabajadores como los portuarios, la huelga de CIC, la huelga de CGS’s Chile, que presta servicios de call center, etc. y esto se combina con el intento de desvío de las luchas que históricamente ha levantado el movimiento estudiantil secundario, queriendo imponer la selección y la competencia como medidas de contención ante las olas de movilizaciones en años anteriores.

Es necesario que el movimiento estudiantil compuesto por secundarios, universitarios junto a trabajadores y trabajadoras de la educación bajo la movilización, vuelvan a poner en la palestra pública la discusión sobre el derecho a la educación, esto significa que el Estado se haga cargo en el financiamiento integral tanto para las universidades públicas como la educación escolar en un 100%, a su vez cuestionarse el acceso a estas, el cual debe ser irrestricto en todos los establecimientos educacionales barriendo con toda la herencia de la dictadura.