El tratamiento de la represión en los medios. Los intentos de criminalizar la protesta social. La identificación de “radicales” y “provocadores”, un argumento de la derecha, del gobierno y de la burocracia sindical.
Lunes 28 de septiembre de 2015
El tratamiento de la noticia de la represión en el Codicen en los principales medios de comunicación masivos fue nefasto. Aunque no pudieron tapar la brutal represión policial (no se puede tapar el sol con un dedo), se encargaron de victimizar a quienes allí se encontraban. La operación que usaron fue separar a los estudiantes que estaban ocupando el edificio del Codicen de las organizaciones que solidariamente se instalaron en las afueras al mismo, debiendo sortear los duros vientos y el frío extenuante durante horas (y días). Medios como El Observador y El País directamente atacaron a una de las dirigentes de la organización de derechos humanos Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, tildándola de agitadora y provocadora de la intransigencia de los estudiantes. Como si todos los estudiantes estuvieran “manijeados” por Irma Leites. El derechista El Observador tuvo el tupé de titular una nota “Irma, una dama ultra detrás de las pedradas y los encapuchados” en la que carga todas las tintas contra esta mujer, ocultando que fueron los propios estudiantes quienes, bajo la amenaza de la represión, desde el sábado de noche comenzaron a enviar comunicados pidiendo que todas las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles se congregaran en la puerta del Codicen para solidarizarse y así evitar la represión.
Los medios atribuyeron que la situación de la ocupación “cambió” a partir de la presencia de estos “grupos radicales”. Sin embargo, se olvidan que desde el mismo sábado en la noche los estudiantes denunciaron que las fuerzas represivas habían realizado demostraciones en la puerta bloqueando el ingreso e impidiendo inclusive que se pueda enviar comida y agua a quienes mantenían la ocupación, en ese momento también sitiados por la policía.
La estrategia del gobierno
El Ministro del Interior, Eduardo “El Bicho” Bonomi, mintió descaradamente al decir que los estudiantes que ocupaban el Codicen salieron “sin ningún problema” y que quienes comenzaron los disturbios fueron los que estaban afuera, acusando especialmente a la Plenaria Memoria y Justicia y al Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (SUATT).
Todos los que estuvieron allí en el momento de los hechos saben perfectamente que la Guardia Republicana ingresó violentamente por una puerta trasera del edificio e impidió que los estudiantes pudieran salir, y que fue gracias al cordón que realizaron los manifestantes que se encontraban afuera que los estudiantes pudieron salir y evitar que fueran detenidos.
Esta mentira no hace más que culpabilizar a las organizaciones que se congregaron en solidaridad con los estudiantes, contribuyendo a estigmatizar a quienes no comulgan con las ideas frenteamplistas, y generar división en el movimiento popular.
El PIT-CNT con el dedo “acusador”
Marcelo Abdala, Secretario General del PIT-CNT y dirigente del Partido Comunista, dijo que “no compartía algunas metodologías usadas por grupos muy pequeños que están afuera de las organizaciones populares de masas” y los tildó de “provocadores”. Y que el accionar de la central sindical está basado en acciones “de masas”.
Más aún, estas afirmaciones de Abdala van en sintonía con el comunicado emitido por el PIT-CNT en el que manifiesta su rechazo al procedimiento policial pero al mismo tiempo toma distancia de “algunas metodologías que … actúan bajo la premisa del ´cuanto peor mejor´ y que escudándose en los estudiantes construyen diversos escenarios de provocación”.
Habría que preguntarle a Abdala y al PIT-CNT, en primer lugar, si se basan en “acciones de masas” por qué no convocaron a “las masas” a las puertas del Codicen a apoyar a los estudiantes y a defenderlos de la segura represión. Por otro lado, el PIT-CNT se hace eco de la campaña macartista del gobierno contra organizaciones no frenteamplistas, y que, no es casualidad, también critican a la dirección burocrática y oficialista de la central sindical.
El Partido Comunista hace de ésta una práctica habitual: todo lo que se le escapa “por izquierda” termina siendo demonizado y por tanto blanco fácil para la persecución estatal, el espionaje del DOE (Departamento de Operaciones Especiales) – que ya tiene fama por su práctica de espiar y perseguir a estas organizaciones llamadas por ellos “antisistémicas”, ubicándolas como chivos expiatorios para lograr su propósito de criminalizar la protesta social.
Por último, los dirigentes del PIT-CNT sostienen diferencias en las “metodologías”. Sería interesante saber a qué metodología se refieren: ¿a la ocupación de un edificio público como forma de protesta o a la reacción defensiva frente a la represión policial?. Es totalmente válido opinar (y hasta discernir) sobre la efectividad y legitimidad de una ocupación, pero lo que no se puede es cuestionar a quienes responden a una agresión, como la que ocurrió el martes cuando la policía, sin mediar palabra, sin una orden aparente mostrada, y en simultáneo a que el abogado de los estudiantes, Pablo Ghirardo se encontraba estableciendo negociaciones con el gobierno que hubiese permitido la desocupación pacífica del edificio, irrumpieron violentamente por una puerta de atrás sorprendiendo a los estudiantes y reprimiéndolos salvajemente. Si frente a una acción represiva como ésta alguien no puede defenderse, entonces tenemos que pensar que el Partido Comunista se volvió católico, ya que pareciera sostener la máxima cristiana de “si te pegan, pon la otra mejilla”. Eso deberían haber hecho los manifestantes a quienes se les pateó la cabeza, se les llenó de golpes su cuerpo, se las quebraron sus huesos con el afán de detenerlos. Un consejo como mínimo poco creíble.
Nada es casualidad
Recordemos que en 2013 el aparato represivo del estado en manos del gobierno frenteamplista se mostró tal cual es: en febrero hubo una manifestación en la Suprema Corte de Justicia donde unas 300 víctimas y familiares de desaparecidos de la dictadura repudiaron la decisión de ese organismo de trasladar a la Jueza Mariana Motta del fuero penal al civil, trancando con esto decenas de causas por violación a los derechos humanos. Al cabo de unos meses, y en el marco de una serie de irregularidades procesuales, se procesó por el delito de “asonada” solo a 7 de esos manifestantes, entre quienes se encontraban Irma Leites, Jorge Zabalza, Álvaro Jaume, Aníbal Varela entre otros, en un intento de juzgar a los “cabecillas” de tal manifestación, y avanzando en los derechos básicos como el de participar en una acción de protesta. Querían dar un escarmiento y criminalizar la protesta. Finalmente el procesamiento por “asonada” quedó sin efecto, pero el expediente sigue abierto.
