Terrorismo de Estado. La denuncia de Ortega Peña contra Perón y la causa de la Triple A

Mediante una cédula judicial cursada a mediados de este mes, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió desistir de la búsqueda de los autores materiales del asesinato del dirigente del PST César Robles, ocurrido el 3 de noviembre de 1974 a manos de la Triple A. El juez omite las pruebas y pistas sobre las conexiones que permitirían encontrar a los responsables de su muerte y de los más de 1.500 casos que permanecen impunes, como el del intelectual Rodolfo Ortega Peña.

El pasado 16 de diciembre el Juzgado Federal envió una cédula de resolución del caso César Robles. Como contamos en otra nota, la cédula judicial para el caso Robles resuelve desistir de buscar a los autores materiales y declara también que el autor intelectual de la organización ilícita Triple A fue José López Rega. De esta manera queda en evidencia un intento de resolución política de la causa y la falta de una real investigación.

Es inverosímil que la Justicia sólo considere autor intelectual a José Lopez Rega. No se puede omitir la cadena de mandos y jerarquías, tratándose de un integrante de la Policía Federal Argentina y a su vez secretario privado del entonces presidente Juan Domingo Perón, quien mediante un decreto lo ascendió de cabo a comisario general.

Como ya se dijo en este sitio, Perón eligió uno a uno a los cabecillas de la Triple A, los restableció -ya que varios habían sido desplazados de la Policía por deshonra, con experiencia en represión a opositores sindicales y políticos- y decretó el ascenso a comisario de Rodolfo Eduardo Almirón, Juan Ramón Morales, Luis Margaride y Alberto Villar. Perón le dijo a éste último cuando lo convocó para nombrarlo jefe de la Federal: “Yo no lo necesito, lo necesita el país”.

Es también asombroso que la Justicia, que toma como primer atentado de la Triple A el “perpetrado en la persona del senador Hipólito Solari Yrigoyen el 21 de noviembre de 1973”, omita el documento reservado de Perón redactado pocas semanas antes (1/10/1973), luego del asesinato de Rucci, que constituye una verdadera orden para los miembros del partido. Allí el general declaraba que “grupos marxistas terroristas y subversivos han declarado una guerra contra nuestra organización y nuestros dirigentes”.

En ese documento se ordenaba que “en las manifestaciones o actos públicos los peronistas impedirán por todos los medios disponibles que las fracciones vinculadas al marxismo tomen participación. (...) En todos los distritos se organizará un sistema de inteligencia, al servicio de esta lucha, el que estará vinculado con el organismo central que se creará”. Y a su vez “aconsejaba” emplear “todos los elementos de que dispone el Estado para impedir los planes del enemigo y para reprimirlo con todo su rigor”.

La cédula judicial de Martínez de Giorgi, no obstante, sostiene que “el estudio y desarrollo más minucioso de la totalidad de las constancias analizadas, permiten reforzar tal declaración, en tanto existen diversas y variadas fuentes acerca de la finalidad que tenía la agrupación desde su propio génesis, que no era otro que la eliminación de los comunistas y desafectos al gobierno, particularmente a la acción de López Rega”.

Perón, Villar y la denuncia de Ortega Peña

La historia parecería mostrar que no en vano Perón tenía de secretario privado a “Lopecito”, como lo llamaba cariñosamente. No bien asumió a la presidencia, Perón reafirmó el Pacto Social acordado meses antes con los sindicatos oficiales y las patronales, que congelaba los precios y los salarios, suspendiendo las negociaciones colectivas por dos años.

Paralelamente, Perón impulsó una batería de medidas represivas que llegaron incluso a la reforma del Código Penal. Ocho diputados peronistas renuncian a sus bancas en repudio a la reforma, a todas luces proscriptiva de las luchas obreras y populares que se desataron luego del Cordobazo (1969) y los procesos provinciales que lograron la caída de la dictadura de Onganía.

Ya en julio de 1973, a poco de la Masacre de Ezeiza, el recibimiento de Perón a la Juventud Peronista culminó con una provocación, designando al mismo López Rega como enlace con este sector. Luego ante los cuestionamientos por las designaciones de Villar y Margaride por “gorilas”, Perón les contestó que “puede ser, pero son buenos policías”.

Poco después de que Perón echara públicamente a los Montoneros de la Plaza de Mayo, el 1° de mayo de 1974, se produjo la Masacre de Pacheco. Fue el 29 de mayo, cuando se secuestró y asesinó a tres activistas obreros del PST en momentos en los que se realizaba una reunión de esa organización en el local de General Pacheco (zona norte del Gran Buenos Aires). Con el accionar de un comando de la Triple A se consumaba así un salto en la escalada represiva contra la vanguardia obrera.

En ese caso se sindicó como responsable del crimen a un comando de la Triple A junto a integrantes de la burocracia sindical. Justamente éste último es otro de los sectores que desde las investigaciones de Rodolfo Walsh en 1975 hasta la misma cédula judicial confirman como partícipes de Triple A: “Incluso puede afirmarse la pertenencia a esta asociación ilícita de diversos miembros de organizaciones sindicales”.

Rodolfo Ortega Peña, intelectual de izquierda, defensor de presos políticos y diputado nacional por el Peronismo de Base, haciéndose eco del impacto que provocó la masacre en amplios sectores democráticos y de la izquierda denunció la política del gobierno. Él fue el primero que señaló como responsable directo de esta política al general Perón, en una entrevista brindada al diario del PST en ese momento. Peña también dijo que “todos aquellos sectores que han tenido una inserción real en el ámbito de la clase trabajadora y que trabajan políticamente significan un peligro para la burocracia sindical y para la política del Pacto Social”. Y agregó que “no sólo las amenazas van a seguir, sino que esta represión de derecha va a continuar; porque creo que no es un episodio aislado, sino una suma de episodios que hace a una política necesaria para el Pacto Social, ante la imposibilidad de contener la radicalización de la clase trabajadora”.

No se equivocó. En absoluto. Pocos meses después, el 31 de julio de 1974, con Isabel Perón en el gobierno, el propio Ortega Peña fue asesinado. Un auto lo interceptó y lo acribillaron frente a su esposa que lo acompañaba. La Policía Federal liberó la zona, siempre el mismo modus operandi. La Triple A se adjudicó el asesinato y todo apunta a que fueron perpetrados por el entorno íntimo de Villar.

El sepelio de Ortega Peña, la Federal y el Grupo Villar

Una masiva movilización acompañó el sepelio de Ortega Peña y fue brutalmente reprimida por orden de Villar. Unos 400 detenidos fueron a parar a distintas comisarías, después de que las fuerzas policiales rodearan los micros que los trasladaban. A las pocas semanas la Triple A confección nuevas listas negras, con sus nombres completos y domicilios.

Testigos vieron en la Comisaría 29º a Almirón, uno de los principales responsables operativos de la Triple A, con una hoja donde figuraba la lista de los detenidos allí. En una carta enviada por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) al Partido Socialista de los Trabajadores (PST) –incorporada al expediente– se informaba que “hasta nosotros ha llegado esta lista, que está en manos de las AAA, todos los integrantes de la misma han sido condenados a muerte por esta organización parapolicial”. La cédula judicial cursada recientemente por Martínez Giorgi dice que “según fue constatado, varias de las personas que fueron detenidas en dicha oportunidad, luego habrían resultado asesinadas o secuestradas por la organización ilícita investigada en autos”.

Según otro testimonio que figura en la cédula judicial, “César Robles era uno de los principales dirigentes del PST y estuvo presente en el velatorio de Rodolfo Ortega Peña, en el que se encontraban decenas de dirigentes y militantes del mismo partido y de otras organizaciones políticas y sindicales en oposición al gobierno. A partir de entonces, comenzaron a producirse una serie de atentados contra militantes y locales del PST, que fueron demostrando que aquella lista de personas ’condenadas a muerte’ era efectivamente un objetivo de la Triple A”.

Hoy, pese al arsenal probatorio, a los testimonios de muchos sobrevivientes y a la constatación histórica de que el accionar de la Triple A no fue otra cosa que parte de un plan sistemático de exterminio de opositores políticos, sindicales y sociales, la Justicia realiza maniobras que intentan seguir consumando la impunidad. No hay que permitirlo.

* La autora es hija de César Robles, querellante en la causa y referente del CeProDH