La derecha chilena ha logrado un fallo favorable en la justicia argentina en su ya histórica demanda de extradición del exguerrillero Galvarino Apablaza Guerra, quien vive en Argentina en condición de asilado político.
Isabel Infanta @isabel_infanta
Miércoles 10 de febrero de 2016
El exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez es uno de los principales acusados en el asesinato de Jaime Guzmán, considerado el "ideólogo" de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet y fundador del partido Unión Demócrata Independiente (UDI). También se lo acusa de estar involucrado en el secuestro del empresario Jorge Edwards, directivo del derechista diario chileno El Mercurio.
El 3 de febrero, el juez federal Ernesto Marinelli, quien tiene la causa desde 2011, falló favorablemente al pedido del Estado chileno de dejar sin efecto el asilo político de Apablaza Guerra, bajo el argumento de que los hechos sobre los que se pide la extradición serían crímenes comunes, los que la legislación argentina no considera pasibles de asilo político.
Caso Apablaza, una cuestión de Estado
El fallo todavía puede ser apelado, tanto por el gobierno argentino como por la defensa de Apablaza. Sin embargo, la derecha chilena ya celebra un primer logro que expresa el fallo: que en un caso de asilo político, en el que normalmente solo actúan dos sujetos, el Estado que da o no el asilo político y el sujeto que lo solicita (el Estado argentino y Apablaza en este caso), se le ha reconocido a un tercer sujeto, el Estado chileno, actuación en el caso.
Este hecho, que contradice incluso la legalidad internacional, se inscribe en la reaccionaria teoría de los dos demonios, que pone en pie de igualdad a persecutores y perseguidos. Esta teoría, que fue la base de las leyes de impunidad (obediencia debida y punto final) en Argentina, son la base de la política de "reconciliación nacional" que fundó la democracia pospinochetista en Chile, y de la que han sido tributarios tanto el gobierno de Piñera (derecha) como los la antigua Concertación (centroizquierda) y ahora de la Nueva Mayoría (centroizquierda, incluido el Partido Comunista).
Reacción abierta y doble discurso
Lo interesante del caso Apablaza es que, así como saca hoy a relucir el carácter abiertamente reaccionario de la política de Derechos Humanos de la derecha, tanto chilena como argentina, pone al descubierto el doble discurso que acompañó la política de Derechos Humanos de la centroizquierda, chilena y argentina, y del kirchnerismo en particular.
Los hechos de los que se lo acusa ocurrieron en el año 1991. Desde ese entonces, todos los gobiernos que pasaron por la Moneda, sede del ejecutivo chileno, reclamaron al gobierno argentino la extradición de Apablaza, quien se encuentra en Argentina desde 1994. Durante el gobierno de Sebastián Piñera, en 2010, el exguerrillero recibió el asilo político por parte de la entonces presidenta Cristina Fernández, bajo los fundamentos del dictamen de la Conare (Comisión Nacional para Refugiados), contradiciendo un fallo de la Corte Suprema que habilitaba la extradición.
La decisión del gobierno kirchnerista de negar la extradición en ese momento estuvo fundamentada en razones humanitarias, psicológicas, es decir, argumentos que no pretendieron confrontar con los que esgrimía la derecha chilena en su pedido. El kirchnerismo tuvo que manejar un doble discurso, embretado entre el pedido de otorgamiento de asilo político realizado por los organismos de Derechos Humanos, importantes aliados, y su verdadera política de alineamiento al imperialismo norteamericano, sancionando en 2007 su “ley antiterrorista”, que será una importante herramienta que sin dudas usará el macrismo contra luchadoras y luchadores populares.
La "cuestión doméstica" en Chile
El caso Apablaza viene a reforzar las desaveniencias al interior de la coalición gobernante en Chile. La Democracia Cristiana y el Partido Comunista, que vienen trenzados alrededor de las reformas educativa y laboral, tienen en el caso Apablaza un nuevo frente de discordia. Por ahora, los resultados vienen favoreciendo las posiciones de la Democracia Cristiana, que tiene a su favor el factor pasivizador que ejerce el Partido Comunista desde la CUT y sus posiciones en el movimiento estudiantil, generando expectativas en la rosca parlamentaria. Las gestiones del gobierno de Bachelet por la extradición de Apablaza Guerra se dinamizaron frente al recambio de gobierno en Argentina, lo que ha sido ampliamente agradecido por la UDI y pueden ser fuente de nuevas crisis al interior del Partido Comunista.
¡No a la extradición de Apablaza Guerra! ¡Abajo las leyes antiterroristas!
Si bien los marxistas revolucionarios no compartimos la estrategia de las organizaciones guerrilleras, defendemos a todo luchador popular de las garras de la justicia burguesa. Por eso defendemos el legítimo derecho de asilo político a Apablaza Guerra. Es una cuestión de crucial importancia para la lucha de los trabajadores combatir el fortalecimiento de las instituciones represivas del Estado de los capitalistas. Por eso, la lucha para derogar las leyes antiterroristas, el desprocesamiento y libertad de los trabajadores, estudiantes y luchadores populares, es de primer orden, de uno u otro lado de la Cordillera.
