Estado español. La derecha pierde, pero Pedro Sánchez podría ir a nuevas elecciones por no reconocer los derechos a Cataluña

El resultado de la elección del domingo pasado en el Estado español rebatió los pronósticos de la mayoría de los sondeos previos. La derecha, el Partido Popular con el candidato Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, no consiguió la mayoría necesaria para formar gobierno aún sumando los escaños de la ultraderecha de Vox. El PSOE podría mantenerse en el Gobierno con el apoyo de Sumar (el frente centroizquierdista que hoy ya integra el gobierno) y otros partidos, pero dependen de lo que hagan las agrupaciones catalanas, especialmente Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña) que mantienen el reclamo por el reconocimiento de la independencia catalana.

Reproducimos la declaración de la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado español sobre el reciente resultado electoral.

La derecha no gobernará, pero seguirá a la ofensiva

Los resultados de las elecciones del 23J no permitirán que se forme un gobierno de la derecha y la extrema derecha, como pronosticaban casi todas las encuestas. El PP ha protagonizado una gran recuperación en votos respecto de 2019 -casi 3 millones más- y escaños – de los 89 a los 136-, pero no suma hasta la mayoría absoluta por la bajada de Vox de 52 a 33 diputados.

A pesar de esta derrota, el bloque de la derecha obtiene un muy buen resultado, quedándose a 6 diputados de poder investir a Feijóo, sumando al diputado de UPN. En la interna de la derecha, sale muy fortalecido el PP, que no consigue sin embargo una posición autónoma de sus socios de Vox. Los de Abascal aún cosechando un peor resultado que en 2019, bajan solo de los 3,6 a los 3 millones de votos y cuentan hoy con muchas más posiciones institucionales y de gobierno en ayuntamientos y comunidades autónomas.

Desde la derecha, el discurso sobre la ilegitimidad de un gobierno distinto al de PP-Vox comienza ha tomar fuerza. Seguirán actuando en el próximo período en caso de que Sánchez logre revalidar la presidencia, por medio de una oposición dura y los brazos mediáticos y del Estado que controla, empezando por la Judicatura. De este modo, seguirán cumpliendo su papel de mover todo el tablero a la derecha y azuzar los discursos y sentidos comunes más reaccionarios.

PSOE, Sumar y sus socios podrían tener una mayoría inestable

En el otro lado, los partidos del bloque “progresista” podrían conseguir revalidar una mayoría simple muy ajustada y mucho más inestable que en la legislatura pasada, siempre y cuando Junts se abstenga. Respecto de 2019, el PSOE mejora en un millón de votos sus resultados, pero sube apenas 2 escaños. Sumar, con 31, pierde 7 diputados y se deja 700 mil votos respecto a la suma de los partidos que la componen.

La movilización electoral en clave de voto al “mal menor” contra la derecha ha beneficiado, por lo tanto, muy especialmente a Sánchez, que le ha sacado votos a Sumar, y también ha logrado un trasvase de votos desde ERC en Catalunya. Este voto “útil” y una gran parte del aumento de la participación se ha realizado en clave malmenorista. En esta ocasión, se ha visto un voto “con la nariz tapada” no solo al PSOE sino incluso a Sumar por parte de muchos sectores. Esta falta de ilusiones en el proyecto “progresista” que ya se vio en las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 28M, viene provocando una desafección creciente entre los sectores populares que conforman su base electoral.

Entre los socios parlamentarios del gobierno la suerte ha sido desigual. En los partidos vascos, el PNV con 5 diputados queda al borde del sorpasso de parte de EH Bildu, que sube a los 6 diputados. Una competencia que deja al partido histórico de la patronal vasca impedido de poder acercarse a un PP pegado a la extrema derecha de Vox. La izquierda abertzale, con su giro hacia posiciones abiertamente reformistas y de integración en el régimen, se está convirtiendo en el nuevo partido del orden autonómico vasco con rostro progresista.

En Catalunya, la desafección del independentismo se expresó en una participación 5 puntos inferior a la media estatal y en la bajada de todas las formaciones procesistas. ERC se deja la mitad de los votos y pierde 6 de 13 diputados de 2019, mientras Junts pierde un 20% y un diputado. Por su parte, la CUP baja de los 244 mil votos de 2019 a apenas 100 mil, quedando fuera de las Cortes. Unos resultados que expresan de conjunto la desmovilización y desmoralización provocada por la estrategia procesista y el actual curso de restauración autonómica, y que golpea tanto a sus principales referentes como a la izquierda independentista que fue parte del procés con su política de “mano extendida”.

Otras formaciones mejoran ligeramente los resultados, como el BNG, mientras que socios regionalistas de centro como el PCR o Teruel Existe quedan sin representación.

El “progresismo” podría perder la posibilidad de formar gobierno por su compromiso con la defensa del Régimen del 78

Este mapa de conjunto deja una situación muy compleja para la posible revalidación del gobierno de coalición y, más todavía, para su viabilidad en los próximos años. La suma de PSOE y Sumar con sus socios – ERC, EH-Bildu, PNV y BNG – se quedaría en 172, frente a los 171 del bloque de la derecha.

Debería por lo tanto contar con la abstención de Junts para lograr la investidura. Lo mismo se plantearía en adelante, para sacar cualquier ley y los Presupuestos Generales del Estado, que debería contar con el apoyo o abstención también de todos sus socios, incluyendo las diferentes formaciones que integran Sumar. Todo, además, con el añadido de que el PP ha logrado mayoría absoluta en el Senado.

El rol de bisagra que la aritmética parlamentaria ha dado a Junts pone, por lo tanto, en peligro la posibilidad de una revalidación del gobierno “progresista”. El firme compromiso del PSOE, y de sus socios, con la política de Estado contra el independentismo catalán y el derecho a decidir, puede llevarlos a renunciar a la Moncloa, que se convoquen nuevas elecciones en enero de 2024 y dar así una nueva oportunidad a que la derecha y la extrema derecha gobiernen.

Las exigencias de Junts de amnistía para los represaliados independentistas catalanes – más de 4000 procesados – y un referéndum para ejercer el derecho a decidir se topan, como no podía ser de otra manera, con el muro del PSOE del 155 y Su Majestad. Sumar y ERC, por su parte, se unen a la campaña que pretende lograr el apoyo de los de Puigdemont mientras niegan estas dos demandas democráticas esenciales, que cuentan con el respaldo de más del 80% del pueblo catalán.

En 1935, el diputado fascista Calvo Sotelo pronunció en las Cortes su famosa cita de “España, antes roja que rota”. Hoy los “progresistas”, junto a buena parte del independentismo vasco y catalán, parecen querer parafrasearlo y estar en el “España, antes en manos del PP y Vox, que rota”.

Sin embargo, no será con la estrategia de Junts con la que estas demandas democráticas se conquistarán, como demostraron en el mismo procés con su rol de contención y posterior claudicación. Estas solo serían posibles con una movilización independiente de todos los sectores de la burguesía catalana y sus partidos, con la clase trabajadora al frente, y en alianza con el resto de sectores populares del Estado.

Las negociaciones que todos los partidos llevarán adelante en los próximos días, intercambiando exigencias de asignaciones y cargos a puertas cerradas, serán toda una constatación de que el “progresismo” se ha convertido en un candado más sobre estas y otras demandas democráticas irresueltas que no estarán en la agenda.

La restauración “progresista” del régimen del 78 en riesgo de retroceder

Una de las grandes obras del gobierno “progresista” ha sido conseguir una relativa reestabilización de la larga crisis del régimen español abierta tras el 15M. Sánchez y Díaz, acabaron la legislatura con una cierta recomposición de los partidos tradicionales – muy superior a la de sus homólogos conservadores y socialdemócratas europeos -, una Corona apuntalada en la figura de Felipe VI, la cuestión catalana desactivada y la aplicación de políticas similares a las que desataron el 15M – aumento de los desahucios, pérdida de poder adquisitivo histórico, transferencias millonarias a las empresas del IBEX35- pero ahora relegitimadas y con el apoyo de las direcciones de CCOO y UGT.

Sin embargo, este logro, aunque importante en la coyuntura y para la pasivización de la movilización previa, se demuestra que tenía los pies de barro. Si bien los resultados del 23J muestran una relativa recuperación de los partidos del viejo bipartidismo, este está aún lejos de reestablecerse. La crisis de gobernabilidad amenaza con reaparecer con más fuerza que antes de 2019 y la posibilidad de una repetición electoral está inscripta en la situación, y con bastantes puntos. Una expresión de que siguen coexistiendo dos proyectos burgueses incapaces de generar una nueva hegemonía más o menos estable y duradera, y que pueden volver a abrirse brechas por arriba que podrían ser aprovechadas por los de abajo.

El proyecto reaccionario de la derecha junto a la extrema derecha, por más que podría haber ganado o hacerlo en una repetición electoral, contaría con una enorme oposición social hacia sus políticas abiertamente antiderechos, como los ataque a la ley trans, contra el feminismo, las migrantes o contra el independentismo catalán, que podría reabrir nuevos episodios explosivos de la lucha de clases y cuestiones democráticas “apagadas” como la catalana o el rechazo a la Corona.

Pero el proyecto del progresismo, además de suscitar la galvanización de la derecha y los resortes mediáticos y judiciales que controla, también es incapaz de articular un bloque alternativo estable por lo reaccionario de su trasfondo: la defensa y apuntalamiento del mismo Régimen del 78, y la aplicación en lo esencial de las mismas políticas en favor del IBEX35 que defiende el PP, aunque lo haga bajo un discurso progresista y busque que las medidas pasen en base al pacto social con las burocracias sindicales.

Nos encontramos en un punto en el que el proyecto “progresista” puede llegar a colapsar a pesar de su relativa victoria en las elecciones (que solo “suma” junto a un grupo heterogéneo de formaciones políticas). El PSOE es probable que llegue a sacrificar sus opciones de gobernar en un ejercicio de baluarte progresista de la Corona y la unidad de España.

Una muestra más de que, aunque no vaya a gobernar la derecha y la extrema derecha, la supuesta alternativa es un gobierno que aplicará una gran parte de su agenda y sus políticas.

La agenda derechista del gobierno “progresista”

Solo unos días antes de las elecciones se hacía público el acuerdo entre Sánchez y la Comisión Europea para comenzar en 2024 un plan de ajuste fiscal por valor de 20 mil millones en dos años. Un tijeretazo que, aunque todavía no llega a los niveles de los recortes de Zapatero y Rajoy, va en la misma dirección y puede verse incrementado si la situación internacional se agrava. También en 2025 vence el compromiso para hacer una reforma de pensiones en clave regresiva, supervisada por los “hombres de negro” del AIREF. Todo para seguir recibiendo los siguientes tramos de Fondos Europeos, parte del “mayor trasvase de dinero público a las empresas privadas” realizado por este gobierno y del que el mismo Enrique Santiago del PCE presumía.

La política guerrerista y de aumento del gasto militar del imperialismo español, puesta en marcha por el gobierno Sánchez-Díaz, seguirá su curso, así como las criminales políticas de frontera con matanzas como la de Melilla o los cientos de ahogados sin rescatar de la ruta del Atlántico.

El “progresismo” no es un proyecto de reformas “insuficientes”, como lo han querido presentar muchos de los que lo han llamado a votar “críticamente”. El siguiente gobierno Sánchez-Díaz, si se constituye, emulará más al segundo ejecutivo de Zapatero – el de los recortes de pensiones, salarios públicos o el aumento de la edad de jubilación a los 67 – que al primero de Sánchez, marcado por algunas medidas redistributivas mínimas y la revalidación de lo esencial del legado de una década de contrarreformas y ajustes.

Organizar la respuesta a la agenda derechista

La movilización contra las medidas reaccionarias y ataques no se puede circunscribir a oponerse a PP y Vox, y lo que hagan sus gobiernos locales o autonómicos. La lucha contra la agenda de un posible gobierno PSOE-Sumar es también parte de este combate, que debe apuntar a los cimientos del Régimen del 78 y esta falsa democracia al servicio de los capitalistas, ahora que puede volver a tambalearse por las disputas por arriba.

En las últimas semanas muchos sectores de la izquierda a la izquierda del PSOE y Sumar han planteado esta idea de la necesidad de “volver a las calles”. Para que esto no sea una mera cobertura de “izquierda” a la campaña por el voto al mal menor que, más explícita o menos explícitamente, han llevado adelante la mayor parte de estas organizaciones políticas, sindicales y sociales, es hora de pasar a la acción.

La clase trabajadora, la juventud, el movimiento feminista y LGTBI, no podemos permanecer como sujetos pasivos ante la cocina parlamentaria de los próximos meses o una posible repetición electoral. Es hora que la izquierda sindical, junto a las organizaciones sociales y la izquierda anticapitalista, promovamos un proceso de autoorganización y movilización por nuestras propias demandas, las que no caben en sus mesas de negociación ni dentro de los candados del Régimen del 78.

Para pelear por medidas de urgencia que enfrenten la agenda social-liberal de unos, o ultraliberal de otros, y que no se detengan en la línea roja de los beneficios y la propiedad de los capitalistas. Como la derogación de todas las reformas laborales y de pensiones que este gobierno ha dejado en pie, por el reparto de horas de trabajo sin reducción salarial para acabar con el paro, por un SMI acorde al coste de la vida que se cifra en 1500 euros mensuales, con cláusulas de revisión salarial mensuales, por la expropiación de las viviendas de grandes tenedores y bancos, la intervención del mercado de alquiler y la nacionalización bajo control de trabajadores y usuarios de las grandes empresas eléctricas, de transporte y la distribución de alimentos.

Para cortocircuitear los intentos de restaurar el régimen político contra el que se levantó la juventud indignada de 2011, las mareas o el movimiento democrático catalán. Que defienda el derecho de autodeterminación, en Catalunya y en el resto del Estado, que contra la casta de jueces amigos de los empresarios defienda una justicia basada en jurados populares y con elección por sufragio universal de los jueces, la abolición de la Monarquía y el Senado, una cámara única con diputados revocables, electos proporcionalmente a sus votos y que cobren el salario medio. Que contra las medidas represivas de este gobierno defienda la anulación inmediata de la ley mordaza, la libertad de todos los presos políticos, la anulación de todas las causas, la apertura de los archivos “secretos” para destapar todas las infiltraciones policiales a los movimientos sociales, entre otras medidas. Medidas que se articulen en torno a la demanda de poner fin a este régimen por medio de la movilización obrera y popular y poder abrir procesos constituyentes donde poder decidirlo todo.

Construyamos una izquierda socialista y revolucionaria para la lucha de clases

Retomar la movilización social, para poder enfrentar las maniobras pasivizadoras de los reformistas va unido a construir una alternativa política independiente.

El retroceso de proyectos como el de la CUP en Catalunya o Anticapitalistas en Andalucía – donde Adelante Andalucía obtuvo solamente 9000 votos después de 8 años de gestión “progresista” del ayuntamiento de la capital gaditana – merecen una reflexión profunda. Es que las políticas de conciliación de clases o de gestión del Estado capitalista, no son ningún atajo, sino más bien un lastre para la emergencia de una alternativa política revolucionaria. Las posiciones mal menoristas de otros sectores que, como Izquierda revolucionaria, han seguido haciendo campaña por el proyecto de conciliación de clases y gestión del Estado imperialista que representa Sumar, también nos alejan de la posibilidad de una izquierda independiente de los dos grandes proyectos burgueses en pugna.

Otros sectores, como los que se agrupan en torno al llamado Movimiento Socialista, vienen de romper con formaciones que hoy ya son parte de la izquierda del régimen y buscan articular una alternativa de independencia de clase. Es un punto de partida, desde el que se podría disponer las fuerzas y las energías de los cientos de jóvenes que agrupan para pelear en el terreno de la lucha de clases y también dar la pelea política contra la influencia pasivizadora del reformismo, para lo cual será necesario defender un programa anticapitalista y socialista.

Más allá de las diferencias que tenemos, en especial con quienes han insistido en la idea de apoyar algún tipo de lógica del “mal menor”, desde la CRT pensamos que es fundamental abrir un debate público en la extrema izquierda sobre el balance del ciclo político que se cierra y sobre qué izquierda revolucionaria necesitamos construir. Y, al mismo tiempo, buscar los acuerdos necesarios para promover la vuelta a los social en clave de lucha de clases, desde una perspectiva independiente respecto del reformismo y sus burocracias amigas.

Porque es urgente poner en pie una izquierda que defienda abiertamente un programa transicional anticapitalista, con eje en el desarrollo de la lucha de clases y con la perspectiva de pelear por gobiernos de trabajadores y trabajadoras y una sociedad socialista. En esta tarea ponemos todos nuestros esfuerzos los y las militantes de la CRT.