Desregulación. La derogación de las leyes de Abastecimiento y de Góndolas: las ganancias como prioridad absoluta

La doctrina del shock elaborada por el neoliberalismo tiene por objetivo aplicar la mayor cantidad de ataques sobre los trabajadores y sus familias en el menor tiempo posible, apostando a que la resistencia no pueda ser organizada. A la elevada devaluación de Luis Caputo, Milei le sumó un mega DNU que tiene por objetivo dar libertad a los grandes empresarios para multiplicar sus ganancias, a costa de prohibir a las grandes mayorías el acceso a cubrir sus necesidades básicas. Dentro del decreto destacan las medidas en favor de las grandes corporaciones alimenticias y cadenas de supermercados con la derogación de la leyes Abastecimiento, Góndolas, Observatorio de Precios y Regulación para los ingenios azucareros. Es por este motivo que a esta parte del decreto se la haya llamado Ley COPAL, en referencia a la cámara que agrupa a las industrias alimenticias del país.

Las firmas que acaparan la venta de alimentos como Arcor, Molinos y la azucarera Ledesma vienen de obtener importantes ganancias. Entre las tres mencionadas acumulan utilidades netas por $ 68.000 millones en los primeros nueve meses del 2023, habiendo realizado aumentos por encima de la inflación general. El nuevo DNU les viene como anillo al dedo para seguir multiplicando su rentabilidad.

Debido a la inflación disparada por la devaluación, los precios ya estaban fuera de control. La consultora LCG en su informe para la tercera semana de diciembre muestra cifras alarmantes. La inflación semanal que registrada fue del 11,3 % y acumula un 27 % para lo que va del mes, de corroborarse estos números por el Indec (o que su informe arroje datos similares), nos encontraríamos con un salto en los precios pocas veces visto en la historia del país y cercanos a los valores de una hiperinflación (50 % mensual). Milei dijo que venía a terminar con la inflación, pero las medidas de su gobierno están provocando todo lo contrario, profundizando la crisis social que dejó el peronismo con el 40 % de la población sumergida en la pobreza.

Al apoyó de la AEA (Asociación Empresaria Argentina) al DNU, de este jueves, se sumaron este viernes el de las cámaras empresariales de IDEA y Amcham, esta última agrupa a muchas de las principales empresas extranjeras entre las que predominan las estadounidenses. La Amcham celebra, entre otros aspectos, que el DNU busque poner punto final a "un intervencionismo innecesario y destructivo del Estado". También afirman que “circunscribir las relaciones empresariales y de los ciudadanos bajo la premisa que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido”. Así, pasan por alto la relación desigual entre los grandes empresarios que cuentan con el poder de definir los precios y el de consumidores que ven como sus ingresos son aspirados por la inflación.

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Ley de Abastecimiento

Aprobada en junio de 1974 durante el tercer mandato del general Juan Domingo Perón, la Ley 20.680 de Abastecimiento prácticamente no fue aplicada en las últimas décadas, habiendo estado explícitamente suspendida entre 1991 y 1999. Durante la presidencia de Duhalde se puso en duda que la ley tuviera vigencia, y lo mismo ocurrió cuando el gobierno de Cristina Fernández amagó a aplicarla en 2008 durante el lock out de las patronales agrarias. En 2014 fue aprobada una reforma de la Ley impulsada por el kirchnerismo que contó con el rechazo de rechazado la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino, la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural Argentina; pero terminó siendo letra muerta porque no produjo ningún cambio en la realidad.

La Ley da (o daba) al Estado facultades para hacer continuar la producción, la distribución o comercialización de la producción siempre y cuando se muestre que las empresas hacen maniobras especulativas. Pero el gobierno de Cristina Kirchner nunca la puso en práctica ante las maniobras de las exportadoras de granos, las automotrices o las petroleras. Por el contrario, fueron sectores que recibieron amplios beneficios. Está orientación política le amplía a Milei las posibilidades de llevar adelante sus planes en el presente.

Solamente los trabajadores, mediante comités organizados en cada unidad productiva o gran/mediano comercio pueden asegurar la provisión de bienes y servicios a precios que cubran los costos y aseguren la continuidad de la producción permitiendo la reposición de insumos y stocks, sin subordinar la producción y distribución a la maximización de los márgenes de ganancia como hacen los capitalistas. La acción coordinada de comités de trabajadores y consumidores, puede imponer la apertura de los registros para desmontar las maniobras de las grandes empresas.

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Ley de Góndolas, Observatorio de precios y Regulación de ingenios azucareros

La Ley de Góndolas fue una iniciativa del kirchnerismo que pretendía favorecer a las denominadas "microempresas" al determinar que el 50 % del espacio de exhibición de un mismo producto quede reservado para empresas de origen nacional de estas características. Otro punto establecido en la ley es la prohibición a los supermercados de la venta o alquiler de espacios preferenciales en los locales físicos o en sus sitios en la web. Además, los productos de menor valor debían estar colocados a “una altura equidistante entre el primer y último estante” de la góndola y “en la primera visualización de productos de la categoría en cuestión” en las plataformas online. Disposiciones que a todas luces nunca se cumplieron y que su legislación tuvieron efectos nulos sobre la concentración del mercado en pocas empresas.

En el caso del Observatorio de precios y la Regulación de ingenios azucareros podemos dar definiciones similares. El Observatorio ni siquiera pudo garantizar la aplicación efectiva de programas como Precios Cuidados o Precios Justos. El azúcar se encuentra entre los productos que más aumentó en los últimos años. Sin embargo, la mayor desregulación en estos ámbitos no traerá ningún beneficio para las grandes mayorías, por el contrario le da más confianza a los monopolios para ir en busca de su propio beneficios sin contemplaciones.

Estas medidas son sólo una parte del decreto presidencial que contiene concesiones para las grandes exportadoras que acaparan el comercio internacional, las prepagas que hacen negocios con la salud, las corporaciones mediáticas, las grandes farmacéuticas, entre muchas otras. Milei baso su campaña electoral en denuncias a “la casta” y prometió que serían ellos los que paguen el ajuste, pero el combo de la devaluación agrandado por el DNU conforman un ataque neoliberal que pretende saquear a quienes trabajan todos los días y sus familias.

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