Actualidad Nacional. La detención de Salvador Cienfuegos y la colusión Fuerzas Armadas – Narcotráfico

Quien fuera ex Secretario de Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), está siendo investigado por el mismo tribunal que enjuicia a Genaro García Luna -ex jefe de la Secretaría de Seguridad Publica de México bajo el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Los cargos que se le imputan a Cienfuegos son por narcotráfico (“conspiración de manufactura, importación a Estados Unidos y distribución de drogas ilícitas”) y lavado de dinero.

La detención de este general de cuatro estrellas, tiene el efecto de un terremoto: Cienfuegos es el más alto funcionario mexicano detenido en Estados Unidos, y el primer jefe de la SEDENA que pisa una cárcel.

Su antecedente más cercano es Jesús Gutierrez Rebollo, zar antidrogas bajo el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000), que en 1997 fue condenado a 40 años de prisión por sus vínculos con Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, quien era en ese momento el narco más poderoso del país.

La noticia fue dada a conocer por la periodista Ginger Thompson desde su cuenta de twitter y rápidamente fue recogida por medios como El País o New York Times por su evidente trascendencia internacional, que destacaron que esto “ arroja una sombra sobre la lucha de México contra el crimen organizado, sino que también pone de relieve las fuerzas de la corrupción que tocan los niveles más altos del gobierno”.

Asociación con el narco y militarización del país

Efectivamente: el caso García Luna y ahora el de Cienfuegos son la punta de un iceberg. El fenómeno del narcotráfico en México no se entiende sin considerar la asociación existente entre los distintos carteles de la droga y los distintos niveles del estado y el régimen político mexicano en las últimas décadas (que por supuesto estuvo articulado con muchos momentos de confrontación armada), lo cual ha sido denunciado por organizaciones sociales, políticas y de izquierda en los años pasados.

En esto destacó, particularmente, el rol de las fuerzas armadas, que combinó la colusión con el narcotráfico -la cual llegó a sus más altos estratos-, con una militarización que se extendió por prácticamente todo el territorio nacional. Esta última tuvo como consecuencia cientos de miles de muertos, desaparecidos y desplazados, golpeando en primer lugar al pueblo trabajador, las mujeres y la juventud.

La detención de Cienfuegos en EE.UU. se suma a los juicios en ese país contra Genaro García Luna y Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del Cartel de Sinaloa. La administración estadounidense pretende conquistar -hacia dentro y hacia fuera- una imagen de mayor efectividad en la lucha frente del narcotráfico y de mayor control sobre lo que sucede más allá de sus fronteras. En esto no se limita a los capos, aprovecha que se trata de personajes (García Luna, Cienfuegos) que ya no están en los círculos de poder.

Sin embargo, este posicionamiento, cínico e hipócrita, no logra ocultar la responsabilidad evidente de Estados Unidos en los saldos devastadores de la llamada “guerra contra las drogas”, alentada por su política prohibicionista, que estuvo acompañada, a lo largo de la historia, de acuerdos ocultos con los principales carteles; además, EE. UU. financió la guerra contra el narco y a la par vendió armas a los cárteles, como se evidenció en la Operación "Rápido y Furioso", un verdadero y redondo negocio para la industria armamentística estadounidense.
Esto en el contexto de una injerencia imperialista y una subordinación extrema de México a la Casa Blanca, que hoy continúa bajo el gobierno de AMLO, y que se evidenció en la actuación de las agencias de seguridad e inteligencia yanquis en territorio nacional.

Distintos analistas sostienen que la detención de Cienfuegos no se trata de una operación conjunta. López Obrador, por su parte, en la conferencia de prensa, informó no conocer los cargos contra el general Cienfuegos.

Sin embargo, al gobierno mexicano le conviene. La detención de Cienfuegos -por encima del cual sólo estaba el expresidente Peña Nieto- dirige los reflectores sobre éste y su Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la misma forma que lo hace el juicio a Genaro García Luna respecto al expresidente Felipe Calderón y el Partido Acción Nacional (PAN). Estos procesos judiciales pueden afectar duramente a las dos principales fuerzas de oposición, semanas después que se aprobó, por parte de la Suprema Justicia de la Nación, la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes.

Cienfuegos y el ejército: un historial criminal

El historial de Cienfuegos como secretario de Defensa incluye su rol central en la militarización del país. Él defendió la actuación de las Fuerzas Armadas en las calles y fue uno de los principales impulsores de un marco jurídico para la actuación castrense, que se expresó en la Ley de Seguridad Interior. Esto significó “enmarcar legalmente” la violación sistemática de los derechos humanos, el asesinato y desaparición de decenas de miles de personas.
Cienfuegos tiene además responsabilidad directa en dos casos fundamentales que muestran el verdadero rol de las FF.AA. mexicanas: la masacre de 22 personas en Tlatlaya y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En ambos casos, Cienfuegos defendió la participación del ejército y la “verdad histórica” con la que el gobierno de Enrique Peña Nieto intentó echar un manto de impunidad sobre la responsabilidad del estado y sus instituciones. Esta actuación del ex secretario de Defensa se suma a lo que ya dijimos: la colusión y asociación de las máximas jerarquías castrenses con el narcotráfico.

AMLO se apresuró a enunciar que se trata “de una manzana podrida”, expresión de la descomposición del "anterior régimen". En su conferencia de prensa, el presidente alegó que las actuales conducciones del Ejército y la Marina son intachables e incorruptibles, y que, como la tropa, son “pueblo armado”.

Nada dijo, por cierto, de su responsabilidad en las masacres y desapariciones mencionadas y las violaciones a derechos humanos bajo la llamada guerra contra las drogas; tampoco dijo que sus integrantes hoy son parte de la Guardia Nacional creada por su gobierno, que debutó reprimiendo a los migrantes, con cuya creación el gobierno mostró que no cumpliría su promesa de regresar el ejército a los cuarteles. Es decir, que hay una continuidad, más allá del cambio de administración del 2018, en sus integrantes y en el carácter y el rol de estas instituciones represivas.

Nuevamente, entró en acción el discurso de Lopez Obrador en defensa y legitimación de las fuerzas armadas.

Como si éstas no estuvieran al servicio de reprimir a los trabajadores, las mujeres que luchan y la juventud, de amedrentar a la población con la militarización del país, y de garantizar los negocios de los capitalistas, incluso de los propios carteles del narcotráfico, de lo cual son muestra -y no excepción- Salvador Cienfuegos.

La tarea planteada desde los sexenios anteriores sigue pendiente y vigente. Las organizaciones obreras, populares, políticas y de izquierda debemos impulsar un movimiento que luche contra la militarización del país -incluyendo por supuesto la abolición de la Guardia Nacional-, por el juicio y castigo a los responsables de las masacres y desapariciones perpetradas por el Ejército y la Marina, y contra la subordinación al imperialismo estadounidense.