Se cumplen 45 años del golpe genocida luego de un año de pandemia. A continuación se tratará de desarrollar los elementos claves en la política sanitaria de la última dictadura militar, que cimentaron los pilares del desguace de la salud pública y contribuyeron a determinar el sistema de salud fragmentado con el que se hizo frente al COVID-19.
Domingo 21 de marzo de 2021 20:30
Centro Clandestino El Chalet establecido por la dictadura como parte de la represión a los trabajadores del hospital Posadas.
A un año de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y luego de la primera ola, el país presentó los peores índices de morbilidad y mortalidad por el nuevo Coronavirus. La prolongada cuarenta sólo sirvió para mostrar las profundas contradicciones en el sistema de salud y en la reorganización de los recursos. El gobierno de Alberto Fernández no avanzó en centralizar los recursos en función de las necesidades estructurales de la población y los recursos científicos, con la fabricación de test nacionales, fueron puestos en función del beneficio de los laboratorios y no en el testeo masivo. Por otro lado, la transferencia tecnológica, para la fabricación de las vacunas, tienen de beneficiarios directos a empresarios biotecnológicos ligados al poder político como Hugo Sigman y Miguel Figueiras. La vacunación VIP también mostró hacia dónde se destinan los escasos recursos que aún en la situación catastrófica de la pandemia, el peronismo junto a Cambiemos están dispuestos a perpetuar un sistema de salud fuertemente fragmentado a nivel nacional y en todas las provincias donde gobiernan.
El sistema de salud argentino se encuentra dividido en tres sectores: público, de obras sociales y privado. Esta configuración no es producto de una evolución natural o una exclusividad del desarrollo tecnológico y científico en la atención médica, sino que es el resultado de los procesos sociales, políticos e históricos del país, incluida la lucha de clases. Partiendo de esta premisa se evidencia que las reformas sanitarias introducidas por la última dictadura militar del 1976, tuvieron como objetivo implementar un programa económico neoliberal en la salud, que se profundizará en los 90 estableciendo cómo característica una mayor mercantilización de la salud.
El programa económico de Martínez de Hoz impuesto con el terrorismo de Estado con el objetivo de aniquilar a la vanguardia obrera argentina y desmantelar la salud pública. La nefasta política sanitaria de la dictadura tuvo como objetivos beneficiar al desarrollo y proliferación de la medicina privada, desfinanciar a la medicina pública y reorientar los recursos financieros de las obras sociales hacia las clínicas privadas aniquilando la capacidad instalada de las mismas.
Con la apertura y disminución de los impuestos a las importaciones, se les permitió a los empresarios de la salud la facilidad de compra de aparatos de tecnología médica, aumentando la "oferta" de servicios de salud y seguros privados. Sin embargo los hospitales no fueron fuertemente equipados con estas tecnologías, y para las obras sociales la adquisición de las mismas resultaba poco rentable para la burocracia sindical que se configuraba como el actor político de ese subsector. Esto significó el traspaso directo de la tecnocracia y el financiamiento hacia la actividad privada.
La dictadura puso al frente de la secretaría de salud pública al Almirante Manuel Irán Campo, médico pediatra representante de la Argentina en la OMS y la OPS quien participó en la conferencia de Alma Ata para la campaña de "Salud para todos en el 2000"en 1978. Fue el encargado de negar la violencia y el terrorismo de Estado como problema de salud pública y llevar a cabo la política sanitaria en detrimento de las mayorías, impuesto por la dictadura, haciendo todo lo opuesto a lo establecido por los componentes programáticos y estratégicos formulados por la OMS en Kazajistan.
Una de las primeras medidas del gobierno militar fue la eliminación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) a través de la Ley 21.902 en noviembre de 1978. De esta forma se elimina la posibilidad de financiación integrada de la gestión de los subsectores público y del seguro social. Esto también condujo a la descentralización de los servicios y los establecimientos hospitalarios nacionales pasaron al ámbito provincial o municipal, cómo preludio a la profundización del mismo durante los años 90, transfiriendo los recursos a las jurisdicciones que pasan a asumir la responsabilidad por financiar los servicios, configurando distintos sistemas provinciales de salud.
Al reducir la financiación de los servicios públicos de salud, afectando su capacidad de respuesta, se produjo el fortalecimiento de la medicina privada. Esto también determinó un cambio en la concepción de la prestación de la salud de los hospitales, ya que antes se consideraba que el hospital público debía proveer salud en forma universalista, mientras que a partir de ese momento se dirigió exclusivamente a la población de bajos recursos y sin otra cobertura de Obra Social. Con el tiempo se implementó el arancelamiento de servicios públicos de salud.
Bajo el contexto autoritario que sofocaba los reclamos sociales, le fue posible mercantilizar a la salud por medio del asesinato y desaparición forzada de una vanguardia de trabajadores capaz de enfrentar estas políticas. Muchos trabajadores de la salud se encontraban organizados para defender la salud pública, pero los militares con sus grupos de tareas desaparecieron a la gran mayoría de compañeros que peleaban por mejorar las condiciones salariales, laborales y en defensa de la salud pública, tal como lo hicieron los trabajadores del hospital Posadas. La dictadura dejó el saldo de más 400 trabajadores de salud detenidos desaparecidos, y cuyas ideas de transformación de la realidad y la defensa de la salud pública hoy sigue vigente en los miles de esenciales que luchan no solo contra el COVID sino también contra las políticas de ajuste de los gobiernos provincial y nacional orquestadas por el FMI y contra las persecuciones políticas y sindicales.
A 45 años del golpe y a 1 año de la pandemia por COVID-19 hay que poner de manifiesto que ni los gobiernos radicales ni peronistas fueron capaces de revertir los cambios estructurales de las políticas sanitarias de la última dictadura, y que hoy se expresa en el deterioro de la salud pública con los índices que muestran la capacidad altamente limitada de dar respuesta a la pandemia. Por eso es importante reflexionar que también es necesario luchar contra el profundo desfinanciamiento y el desguace de la salud pública.
Este 24 de marzo se conmemora un día más de lucha contra la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos juicio y castigo a todos los responsables militares, políticos y civiles del golpe que destruyó la salud pública y se llevó la vida de más de 400 compañeros de la salud, y cuyos métodos de amedrentamiento y persecución política por parte del Estado continúan vigentes. El miércoles marchemos con el Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
