Editorial. La doble vara del Poder Judicial y el Gobierno

Esta semana el juez Torres tomó declaraciones a los manifestantes a los que imputó por haber participado de la enorme movilización del 18 de diciembre del año pasado contra la reforma jubilatoria. Resta conocer qué resolverá el juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12, pero está claro que estas imputaciones y la detención del militante Daniel Ruiz bajo acusaciones gravísimas como intimidación pública, más la persecución a Sebastián Romero, buscan no solo criminalizar la legítima protesta social, sino señalar a un grupo de manifestantes como un sector minoritario y aislado del resto de la movilización para intentar aleccionar al resto de los luchadores.

Torres y funcionarios del gobierno apelan a figuras gravísimas como rebelión, alzamiento en armas, intimidación pública. Toda la investigación que se demoró cerca de nueve meses, utilizando medios digitales, edición de videos, y el flamante “ciberpatrullaje” no redundó en el hallazgo de ni la más mínima arma letal, o personas confabuladas que pudieran abonar esas teorías esbozadas desde el Poder Ejecutivo.

La apertura de causas y la detención de Ruiz, como antes la de Arakaki y Ponce, se basan, como hemos denunciado, en testimonios e informes de la misma fuerza policial que actuó en el operativo represivo y de inteligencia. Un hecho que no puede ser calificado de otra manera que gravísimo y claramente persecutorio.

Mientras tanto, los policías de la Ciudad, Luna y Franco Eloy Gerban, que apalearon y rociaron con gas pimienta a un jubilado que estaba parado en la puerta de su casa sin siquiera participar de la manifestación del 18 de diciembre, quedaron al borde del juicio oral y público por el delito de "abuso de autoridad". La doble vara judicial benefició a Gerban y a Luna con la libertad: a pesar de su feroz accionar, que fue difundido a través de videos caseros de manifestantes que no daban crédito a semejante brutalidad, no pasaron ni pasarán ni un minuto detenidos. Las penas que se le aplicarían van de 1 mes a dos años de prisión.

1000 días presa

En Jujuy, Milagro Sala acaba de cumplir 1000 días detenida. Cuando detuvieron a Milagro Sala, decíamos que Jujuy en ese momento se convertía en el laboratorio de la represión y la impunidad, donde el gobierno de Gerardo Morales ensayaba todo tipo de persecuciones y hostigamientos contra los trabajadores, los sectores populares y los luchadores.

La detención de Milagro Sala, en una causa armada e ilegal donde la principal acusación era manifestarse contra las políticas de hambre del gobierno fue el punto cúlmine de una enorme cantidad de ataques a las libertades democráticas en la provincia de Jujuy y en gran parte del país. Por esos mismos días los trabajadores de Cresta Roja eran duramente reprimidos.

El gobierno y el Poder judicial jujeño operaron durante estos mil días con una arbitrariedad e ilegalidad siniestras. Desoyeron todos los pedidos y reclamos de la CIDH y de la Corte suprema, y a pesar de que la salud de Milagro Sala se deterioraba día a día, no dudaron en mantenerla presa en el Penal de Alto Comedero. Mucho tiempo después fue trasladada a prisión domiciliaria en condiciones humillantes, convirtiendo la vivienda en una prisión, carente de la menor privacidad, vigilada y cercada por alambres de púa.

Lamentablemente se confirmó lo que muchos dijimos desde el primer momento: el plan de ajuste del gobierno de Cambiemos no pasaba sin represión.

Un joven preso por amenazar a Vidal, amenazas a dirigentes de izquierda impunes

Las amenazas, llamadas y mensajes al diputado nacional del PTS-FIT Nicolás del Caño y a la legisladora porteña de la misma fuerzas política, Myriam Bregman, no cesan. La denuncia realizada en Comodoro Py está llamativamente paralizada y ningún funcionario del gobierno ha dado ni una muestra, ya no de repudio, sino al menos de alerta.

Estuvimos con @NicolasdelCano en Casa de Gobierno con el Ministro del Interior y otras autoridades para expresar nuestra seria preocupación por la falta de investigación y el silencio del gobierno ante las amenazas que venimos recibiendo desde hace 20 días

— Myriam Bregman (@myriambregman) 11 de octubre de 2018

Es que justamente son ellos los que han creado un clima de hostilidad y ataque permanente a la oposición, a la izquierda y a los luchadores en general. La campaña descarada contra la familia y los que exigimos justicia por Santiago Maldonado, encabezada por la ministra Patricia Bullrich, fue la punta de lanza de esa campaña de demonización que se extendió a todo aquel que se manifestara en las calles: los movimientos sociales acusados de ser canales del narcotráfico, las mujeres, los trabajadores despedidos, la juventud.

Sin embargo, la velocidad con que un joven fue detenido en La Pampa por usar Facebook para lanzar pueriles amenazas contra la gobernadora Vidal, contrasta con lo que denunciamos más arriba. Todo el peso de la ley para un pibe que apenas puede asustar y la impunidad absoluta para cientos de fachos que se saben amparados por la justicia para hostigar sin pausa a legisladores y luchadores.

Detuvieron a un joven en La Pampa por amenazar a Vidal. "Amenazar a Macri o Vidal no es un chiste", aclaran. Parece que amenazar a dirigentes gremiales y a la izquierda, si...#ParaAtras

— Myriam Bregman (@myriambregman) 11 de octubre de 2018

Terrible ataque a campesino en Santiago del Estero

La semana culminó con un violento desalojo en el que Héctor Reyes Corvalán resultó gravemente herido por quemaduras en todo su cuerpo y heridas de balas de goma. El viernes 12, por la mañana, oficiales de justicia y más de diez policías con camionetas ingresaron violentamente al lote que habita Corvalán con su familia, en el Paraje de Suncho Pampa ubicado a 260 km. de la ciudad Capital de Santiago del Estero.

El MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) denunció que “durante este violento desalojo se realizaron destrozos (hornos, cercos, entre otros), amenazaron de muerte, mataron los perros, desaparecieron las doscientas cabezas de ganado, dispararon balas de goma e incendiaron el rancho de la familia”. En esas circunstancias fue herido de gravedad Héctor Reyes Corvalan, quien “fue trasladado de manera urgente a la vecina provincia de Tucumán, con diagnóstico grave, y se encuentra alojado en terapia intensiva”.

La familia Corvalán, según denuncia el MOCASE, viene sufriendo todo tipo de amenazas y hostigamiento y resistiendo el desalojo y la violencia que el terrateniente cordobés Néstor Quesada ejerce desde el año 2012 contra quienes habitan y cultivan ese pequeño pedazo de tierra. “La violencia estructural que concentra casi el 75 por ciento de tierras cultivables en solo el 15 por ciento de empresarios del agronegocio, sigue poniendo en riesgo la permanencia y la vida de los sistemas campesinos e indígenas”, denuncia el MOCASE y hace responsables “del intento de homicidio contra Héctor Reyes Corvalan, de la violencia ejercida, y de todos los delitos causados a la familia campesina a Néstor Quesada, a todos los policías participes del hecho, como así también al Oficial de Justicia Dr. Luis Scillia (…) Denunciamos los modos de actuación de las fuerzas públicas siempre resguardando a los empresarios y vulnerando la vida de las personas. Las familias Campesinas e Indígenas de Santiago del Estero siguen resistiendo al despojo, atropello y violencia de mano de empresarios, gobiernos y el sistema de Justicia que vulneran cotidianamente, como hace más de 500 años, los derechos de los Pueblos a sus Territorios”, concluye el comunicado.

Ese mismo día, nada más ni nada menos que el “día de la diversidad cultural”, el gobierno nacional en un acto de cipayismo y coloniaje nos sorprendió con un mensaje de pleitesía al Reino y el Estado Español. Nada más que agregar.