Imperialismo. La doble vara del imperialismo en los derechos humanos

En sí mismo, el “informe Bachelet” no presenta novedades sobre el nivel de crisis humanitaria y el grado creciente de totalitarismo del gobierno de Nicolás Maduro, que ya había sido ampliamente denunciado por partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones internacionales de los derechos humanos. No obstante, el imperialismo recurre a una vieja táctica de cubrirse, bajo una causa aparentemente inobjetable (la defensa de los DD.HH), para llevar adelante su intereses geopolíticos en la región. En este artículo nos abocaremos a hacer un breve repaso de la utilización de los derechos humanos y su relación con las intervenciones imperialistas, ya sean en grado estrictamente económico o inclusive militar.

Como veremos, estas políticas muestran una “doble vara” de las potencias imperialistas a la hora de medir las violaciones a los derechos humanos y de ejecutar las posibles represalias. De esta forma, el discurso de los derechos humanos ha conllevado a legitimar lo inaceptable en virtud de los intereses geopolíticos de las principales potencias. Para dar cuenta de esto, nos enfocaremos principalmente en la relación que estas intervenciones se ajustan a la política exterior de la principal potencia imperialista de los últimos 70 años: Estados Unidos.

I.

El fin de la Segunda Guerra Mundial dejó al descubierto a todo el mundo los horrores cometidos por el nazismo. Una vez finalizada la guerra los principales jerarcas debieron sentarse en el banquillo de los acusados en Núremberg. Un hecho menos recordado es que la piedra angular de los derechos humanos se gestó en medio de enormes controversias que iban desde la composición de los jurados, hasta a qué leyes debían ser sometidos, pasando por las irregularidades en las atribuciones que poseía la defensa. La solución encontrada fue la creación de un Tribunal Militar internacional ad hoc particularmente flojo de papeles en términos jurídicos. Algunas miradas más sagaces descubrieron pronto los problemas de poseer como representantes de los mismos intereses a los jueces y la querella.
En definitiva los juicios de Núremberg terminaron sancionando los crímenes cometidos durante la guerra de un solo lado. Los responsables de los horrores cometidos por los ejércitos aliados jamás pasaron por un tribunal, tan solo algunos oficiales de poco rango que fueron sometidos a los tribunales militares de sus propios países con un trato particularmente benevolente. Como admitiera el ex secretario de defensa estadounidense Robert Mc Namara en el documental/entrevista Fog of War: “Si no hubiéramos ganado, nos considerarían criminales de guerra”. Es que las atrocidades cometidas por los Estados Unidos contra poblaciones civiles no se limitaron a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Aún mas, el juzgamiento de los crimenes perpetrados por la alemania nazi ni siquiera fue exahustivo. Se enfocó principalmente en los altos jerarcas del NSDAP mientras que los comandantes de la Wehrmacht que no eran miembros del partido debieron afrontar sentencias mucho más bondadosas.

Las fisuras en la credibilidad de los juicios llevaron a la constitución de un derecho internacional que permitiera afrontar las violaciones a derechos humanos con mayores herramientas y aplicable por fuera del marco bélico. En este sentido, la reconversión de la Sociedad de las Naciones en la ONU permitió el marco para la sanción de los derechos humanos, un instrumento a simple vista progresivo pero que se vería vapuleado por la organización que era la encargada de suministrarla. A la par, Estados Unidos se consolidaba como la potencia imperialista hegemónica y emprendía su rol de de “gendarme del mundo”.

II

Los años de posguerra estuvieron marcados por el enfrentamiento entre los Estados Unidos y los estados obreros burocratizados. Este hecho marcó un eje transversal para la política exterior norteamericana. No obstante, el poderío norteamericano no fue utilizado simplemente para el enfrentamiento con los movimientos auto reivindicados socialistas sino con cualquier medida que afectara el desarrollo empresarial fuera de sus fronteras, es decir, cualquier hecho que afectara el nuevo modelo de expansión y acumulacion capitalista [1]. En virtud de las situaciones se desplegaron una serie de tácticas que iban desde la intervención militar directa hasta operaciones más quirúrgicas.

Al mismo tiempo, en las primeras décadas de posguerra se sucedieron en el globo una serie de revoluciones y movimientos de liberación nacional. El triunfo de la Revolución Cubana selló la propagación de la guerra de guerrillas y distintas formas de guerra asimétrica. Las potencias imperialistas requirieron entonces una reelaboración castrense para enfrentarla de manera eficiente. La inexistencia o menor importancia de los ejércitos regulares, las fronteras imprecisas y la difuminación de los límites entre lo civil y lo militar, conllevaron a considerar a toda la población civil de las zonas de conflicto como un potencial enemigo. En el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional, el enfrentamiento pasaba ya no solo entre estados y sus fronteras nacionales, sino también al interior de estas últimas. El antecedente más acabado de la nueva forma de combate contra la insurgencia, lo inauguró el ejército francés en Argelia. La tortura y el exterminio de civiles se volvió un pilar sistematico de la nueva forma de guerra [2]. De esta manera, la negación de los derechos humanos, que anteriormente habían proclamado, se convirtió en un componente esencial de las operaciones en que los ejércitos imperialistas llevaban adelante la guerra.

El modelo francés fue adoptado y perfeccionado por los norteamericanos. Pronto se convirtió en un modelo de exportación para sus aliados del tercer mundo, principalmente los cuadros de los ejércitos de dichos países. En nuestro continente, estos fueron instruidos a través de la Escuela de las Américas. La CIA ocupó un papel preponderante en estas politicas, llegando a un grado tal de sofisticación en la tortura que elaboró distintos manuales sobre los metodos más efectivos para ejecutarla.

III

La derrota en Vietnam significó un stand by en las intervenciones militares a gran escala de los EE.UU. De aquí en adelante las operaciones militares serían llevadas a cabo por tropas del ejército profesional. Con la llegada de Jimmy Carter a la presidencia el discurso de los derechos humanos tomaría vital importancia en la política exterior de los EE.UU. Sin embargo, el estallido de la guerra de Afganistán mostraría la distancia entre discurso y práctica. El presidente demócrata y, posteriormente, el republicano Ronald Reagan, estaban decididos a convertir a Afganistán en un “Vietnam ruso” [3]. Para ello, se decidió financiar y entrenar a los elementos más radicalizados del extremismo islamico en el país: los muyahidines. Así, se operó a través del dictador pakistaní Zia Ul Haq, quien anteriormente había sostenido una tensa relación con Carter debido a la persecución y ejecución de opositores políticos como a la búsqueda de desarrollo de un programa de armamento nuclear [4].

De igual manera, la crisis de la OPEP en el 73 había sido una dura advertencia para el imperialismo de la necesidad de controlar los pozos petrolíferos de Medio Oriente como un elemento vital de la acumulación imperialista. La caída del Sha en Irán había significado un duro revés en ese objetivo. Por tal motivo, la invasión Irakí del 80 contra la nueva república islámica fue observada con buenos ojos por parte de las potencias imperialistas como una forma de contener las amenazas contra sus objetivos. De esta manera, no solo se prestó apoyo logístico al régimen de Hussein sino que también se ignoraron o se aminoraron las protestas iraníes en las Naciones Unidas por el uso de armas químicas por parte del ejército irakí [5]. De todas maneras, este apoyo al dictador iraquí, no imposibilitó que el propio EE.UU. vendiera armas secretamente al gobierno iraní para financiar a los contras nicaragüenses y, porqué no, de aceitar las ventas del complejo militar-industrial.

IV

La caída de la Unión Soviética puso fin a la principal hipótesis de conflicto del imperio norteamericano. A pesar de ello, la política de intervencionismo imperialista lejos de relajarse se mantuvo particularmente activa. El fin del “fantasma comunista” supuso la conversión de los viejos amigos en los nuevos enemigos. Muchos de los grupos anteriormente financiados y entrenados por el gobierno norteamericano supusieron un peligro para los intereses de la indiscutida hegemonía estadounidense. Es en este marco que surge la doctrina Clinton como renovación del discurso de DDHH y la ubicación de los EE.UU. y sus aliados de la OTAN como “policía del mundo”, encargados a tal fin de combatir el terrorismo, el narcotrafico e intervenir ante castatrofes humanitarias. Bajo este manto, el gobierno de Clinton propiciaba un humanismo militar basado en la expansión de la democracia burguesa y el libre mercado.

De esta forma, se propiciaron intervenciones como la de Somalía que muchos recordarán por la película La caída del Halcón Negro. Menos recordados son los intereses politico-economicos que los estadounidenses poseían en el país africano, ya que por aquel entonces las empresas norteamericanas tenían la autorización para la explotación de las dos terceras partes del petróleo somalí [6]. La política de “pacificación” fue un fracaso superlativo y aún hoy Amnistía Internacional sigue denunciando en sus informes las muertes de civiles por los ataques aéreos de Fuerza Aérea Norteamericana [7]. El fuego aéreo, uno de los elementos predominantes de la renovación militar norteamericana, cumpliría un papel destacado en estas intervenciones. Es así que bajo esta modalidad el bombardeo conjunto de las fuerzas de las OTAN propició una intensificación y escalada de las acciones bélicas en Kosovo [8]. De igual manera, el intervencionismo mostró una doble cara en su preocupación por los DDHH. Mientras se condenaban ciertas violaciones, otras cometidas por aliados como es el caso del Estado turco con el pueblo kurdo, gozaban de la tolerancia o bien recibían un tímido reproche.

V

Luego del 11S, el velo de humanidad dejó de ser central en el discurso imperialista. La tarea pasaba entonces por derrotar al “eje del mal”, como fue bautizado por George W. Bush. Bajo esta excusa se dio paso a una intervención a gran escala y con ella a una violación de los derechos humanos a gran escala. En este marco se habilitó un revival de las operaciones contrainsurgentes de los años 60 y 70. Algunos de los casos más aberrantes como el de Abu Ghraib o el de las detenciones arbitrarias y torturas (inclusive de menores) en la Bahía de Guantánamo. Sin embargo, a pesar de la notoriedad pública de estos crímenes, no recibieron una sanción de la “comunidad internacional”, el repudio no pasó de declaraciones que no tuvieron ni sanciones ni efectos en la práctica de las grandes potencias. En algunos casos el “hilo se cortó por lo más fino”, sancionando a las tropas responsables de forma desligada de la responsabilidad gubernamental y ocultando el carácter sistemático de estos hechos. El cambio de gobierno por el demócrata Obama, si bien eliminó la doctrina de “ataques preventivos” no significó un cambio en la política de perpetración de violaciones a los derechos humanos y en la garantización de la impunidad.

VI

¿Qué es lo que busca entonces esta nueva resolución de la ONU? Por un lado, es de público conocimiento la alienación de Maduro con el régimen de Xi Jinping. Tampoco sería demasiado novedoso afirmar que esta relación es molesta para los EE.UU., cuya principal preocupación en la política exterior es la confrontación con el gigante oriental. En medio de esta disputa, controlar “el patio trasero” de EE.UU es una preocupación básica y, más aún, si hablamos de un país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Si bien la posibilidad de una intervención militar imperialista resulta improbable, aunque no imposible, estas resoluciones buscan legitimar las sanciones internacionales que se realizan contra Venezuela. Estas sanciones lejos de mitigar los sufrimientos del pueblo venezolano, lo agravan. Lejos de mitigar la crisis humanitaria, la tensan hasta el extremo. Tras de sí, se ciñe una estrategia de desgaste del imperialismo que no tiene ningún tipo de reparos de empeorar los sufrimientos detallados en el “informe Bachelet” de millones de trabajadores para desestabilizar al gobierno de Maduro. Asimismo, esta clase de resoluciones le sientan bien a los gobiernos y oposiciones latinoamericanas que atraviesan tiempos convulsos. De esta forma, el discurso contra Venezuela y la asociación tergiversada de este país con el significante “socialismo”, sirven para contener proyectos a izquierda que puedan surgir en el panorama latinoamericano. ¿No es acaso llamativo que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, no se muestre igual de interesada por las múltiples denuncias sobre las violaciones que están ejerciendo los Carabineros chilenos en su propio país?

Como hemos visto, la política de derechos humanos en el imperialismo implica desde sus orígenes una doble vara a la hora de medir los crímenes cometidos. Bajo este discurso, se busca afrontar una situación que a simple vista parece objetiva: nadie puede estar en contra de los DD.HH. Ante este punto de presentación de objetividad y de presunta apoliticidad en la búsqueda de un fin innegable, hay un abismo en su aplicación real que responde precisamente a los intereses políticos y económicos de las grandes potencias imperialistas que manejan a su antojo la ONU. ¿De qué otra forma podría sino explicarse la tolerancia a los crímenes de los aliados saudíes, la persecución y encarcelación de niñes en Israel, la tolerancia a las persecuciones étnicas de Erdogan? Cualquier debate serio sobre la aplicación efectiva de estos derechos básicos debe partir de reconocer la parcialidad con la que la política imperialista, a través de su organización internacional, mansilla un fin loable en pos de sus objetivos. Una política honesta de la aplicación de los derechos humanos no debe depender de una organización que a lo largo de los años ha dado sobrada muestras de su desinterés real en solucionar este conflicto. Una resolución positiva de las violaciones cometidas en Venezuela dependerá en primer lugar del propio pueblo venezolano en conjunto con organizaciones independientes de los distintos gobiernos que hayan demostrado su efectivo compromiso con la causa.