En 2009, 2013 y este año los “menores delincuentes” (en verdad la juventud pobre) vuelven a ser tema de debate. Demagogia derechista repartida entre macrismo, massismo y kirchnerismo.
Juana Galarraga @Juana_Galarraga
Sábado 14 de enero de 2017
Una búsqueda en Google permite recordar cuándo fueron las últimas oportunidades en que se reabrió el debate por la baja de la edad de imputabilidad. Las noticias remiten a debates desarrollados en los medios y en el Congreso en los años 2009, 2013 y como se vio abundantemente en las últimas semanas, a comienzos de 2017.
En 2009 una iniciativa parlamentaria logró la aprobación en el Senado, aunque no obtuvo la sanción definitiva en la Cámara de Diputados. Fuertemente fogoneado por su gobernador Daniel Scioli, el debate encendido tuvo como epicentro a la provincia de Buenos Aires y se disparó a partir de un caso que fue tomado como testigo por la cobertura mediática. Un menor era acusado de asesinar a balazos a un camionero.
En 2013 Martín Insaurralde, candidato a diputado bonaerense por el kirchnerismo, volvió a encender el debate al plantear la necesidad de la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Desde finales de 2016 y los primeros días de 2017, es el oficialismo el que principalmente impulsa el debate de la baja de la edad de imputabilidad. Como en 2009, toda la discusión se generó a partir de un caso, el de Brian Aguinaco y la reacción de los habitantes de Flores que estallaron y revitalizaron el reclamo por más “seguridad”. El joven de 15 años acusado por el hecho, finalmente fue sobreseído. La justicia aseguró que no se lo sobreseyó por falta de pruebas, sino por ser menor, aunque los testigos de la causa no hayan podido señalarlo en la rueda de reconocimiento.
Caballito de campaña
Las últimas veces que el asunto de la imputabilidad a menores estuvo en el centro de la agenda, fueron años de elecciones legislativas. La demagogia opera con fuerza en estos tiempos en que grandes porciones del electorado deben ser atraídas con propuestas simples para temas complejos. La cuestión de la “inseguridad” es el caballito de batalla de candidatos de todo tinte político y para el que siempre es factible encontrar un sector poblacional al cual responsabilizar, en este caso, la juventud pobre.
En 2009 los impulsores del texto aprobado en el Senado fueron la salteña Sonia Escudero perteneciente al bloque justicialista 8 de Octubre, la mendocina María Cristina Perceval del PJ-FpV y el entonces senador radical Gerardo Morales por la provincia de Jujuy. Como ya se mencionó, una de las figuras extraparlamentarias que más fichas metió a la discusión, fue el entonces gobernador Daniel Scioli.
En 2013 el que encendió la polémica fue el “nacional y popular” Martín Insaurralde que aprovechó con todo el tema de la “delincuencia juvenil” para hacer campaña. Ahora la iniciativa corre por cuenta fundamentalmente de Cambiemos, aunque la misma Cristina se ocupó de aclarar que la idea de meter presos a adolescentes no deja de seducir a los progres Nac & Pop en tiempos electorales. No se queda atrás, lógicamente, el renovador Sergio Massa, quien hace de la demagogia su marca de estilo. Según el diputado nacional, él viene insistiendo desde hace años en la necesidad de modificar la ley penal juvenil.
La mitad del mes de enero no ha llegado y el tema de la “inseguridad” vuelve a copar la agenda mediática y se prevé que atravesará nuevamente el año electoral. Las propuestas a debatir en el Congreso ya son materia de declaraciones de funcionarios y tensión entre las bancadas para obtener los consensos necesarios.
Las claves para el consenso
El ministro de Justicia, Germán Garavano, planteó ayer en declaraciones a Radio Mitre que "si se logran los consensos, la idea es llevar el proyecto al Congreso lo antes posible; si los consensos no se logran, se verá de analizarlo a lo mejor después de las elecciones", subrayó.
"Ellos son claves”, afirmó Garavano en alusión a los senadores presididos por Miguel Ángel “Micky” Pichetto. “En su oportunidad, allá por el 2009, habían aprobado un proyecto con participación de todas las fuerzas, incluso del radicalismo, que no fue aprobado después en Diputados", recordó Garavano esperanzado porque desde el bloque del FpV en senadores adelantaron que acompañarían un proyecto de modificación de la ley penal juvenil.
La construcción del enemigo público
La reinstalación del tema de la baja de la edad de imputabilidad en la agenda política y mediática, este año cumple una doble función. Por un lado, responde a la necesidad de captar votos, demagogia mediante, sobre todo de los sectores medios. Por otro, en este contexto particular, viene a generar un chivo expiatorio para intentar canalizar la frustración de muchos sectores que ven desmejorada su situación luego de un año de gestión de Cambiemos.
El ajuste pega, genera desempleo, mayor carestía de la vida, y todo el mundo busca responsables. Desde la segunda mitad del año pasado, puede verse con bastante claridad la construcción del enemigo público culpabilizado de los males de la sociedad, en el marco del ajuste. Un sector poblacional fuertemente atacado y criminalizado, fueron los inmigrantes.
Actualmente el intento de criminalizar a la juventud y poner el acento en la supuesta amenaza de criminalidad juvenil, va de la mano de la represión a los trabajadores manteros de Once. La represión, la criminalización y la culpabilización a sectores precarizados o vulnerables socialmente, está a la orden del día. El guiño en ambos casos, va dirigido hacia los sectores medios más permeables a este tipo de discurso, como los comerciantes que ven con buenos ojos el desplazamiento de sus “competidores ilegales”.
El Gobierno impone la criminalización e intenta crear consenso social para justificar la política represiva del Estado. El aumento exponencial de los presupuestos destinados a seguridad, gobierno a gobierno, intenta ser explicado como una necesidad de primer orden para la población. La justificación a esta política, otrora del kirchnerismo, hoy de Cambiemos, constituye una encerrona para el conjunto de la clase trabajadora y los sectores populares: podría ser cuestión de tiempo que el enemigo público construido, receptor de garrotes y prisión, sean trabajadores y trabajadoras que se enfrentan al ajuste.
