Educación. La educación en la nueva Constitución... y en el frío de las salas de clases

Lo que propone el borrador de Constitución para educación
Hay varios conceptos sobre la educación que no están presentes en la Constitución de 1980 y sí lo están en el texto que se propone como la nueva Carta Magna. Por ejemplo, en éste, además de plantearse de manera expresa que la educación es un derecho, se plantea cuáles son los fines de la educación: entre otros “la construcción del bien común, la justicia social, el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación (...)”.

Frente a miradas de la educación como mera vía de ascenso social o como instancia de adiestramiento que te prepara a ser no más que trabajador/a sumiso, que vemos sobre todo en las escuelas más precarizadas, atribuir finalidades como el “bien común” o la “justicia social” puede parecer alentador. En el mismo sentido, el borrador de nueva constitución señala también que entre los principios de la educación están la “cooperación”, la “no discriminación”, la “inclusión”, la “justicia” (…), la “interculturalidad”, el “enfoque de género”, etc. Fue hace cuatro años que en las universidades estalló el mayo feminista cuestionando el machismo arraigado en las prácticas de la educación universitaria. Hoy, el enfoque de género está por ganar rango constitucional.

En el texto se plantea también la formación de un Sistema Nacional de Educación en el cual la educación pública será el eje estratégico y se “reconoce el derecho de las y los integrantes de cada comunidad educativa a participar en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, implementación y evaluación de la política educacional local y nacional para el ejercicio del derecho a la educación”. Nada de eso hay ahora en la Constitución: ni un sistema coordinado, ni el derecho de las comunidades a participar en las definiciones de los proyectos educativos. Una de las claves de la dictadura en educación fue, por el contrario, implementar formas autoritarias de gestión.

Incluso, promete algo que para muchas y muchos profesores es una realidad lejana: “estabilidad en el ejercicio de sus funciones; asegurando condiciones laborales óptimas y resguardando su autonomía profesional”.

Que la educación sea un derecho constitucional y que incorpore principios como el enfoque de género o la interculturalidad y que tenga entre sus fines la “construcción de un bien común”, que se declare de manera expresa “la estabilidad” en el ejercicio docente, todo eso es algo que genera repulsión en los defensores de los sentidos comunes neoliberales y del conservadurismo derechista que hoy van por el rechazo.

Y al mismo tiempo, son principios que contrastan enormemente con la realidad actual en la que la educación todavía depende del bolsillo de cada hogar, y donde las y los docentes todos los años se ven expuestos a la incertidumbre producto de la falta de estabilidad laboral.

La crisis educativa resuena en las más de 10 comunas que en diferentes momentos se han movilizado solo en este primer semestre. No hay un paro unificado y nacional porque no ha sido impulsado por el Colegio de Profesores, pero las problemáticas que han movilizado a comunas como Antofagasta que tuvo casi un mes de paro, son las mismas que se repiten en cada escuela con una crisis educativa agudizada luego de la Pandemia.

También en este contexto Eduardo González -dirigente del Colegio de Profesores- elaboró un artículo argumentando siete razones por las cuales votar apruebo en el plebiscito de salida. Pero si hablamos de educación ¿cuáles son hoy los problemas urgentes que no podemos silenciar?

Realidad versus palabra
Lo que llama la atención es que al mismo tiempo que se realizan estos anuncios para la nueva Constitución el curso que toma la realidad de la educación escolar va en el sentido exactamente contrario: las cosas están cada vez peor.

El retorno a las clases presenciales ha dejado al desnudo los serios problemas de infraestructura y la falta de personal docente en los colegios y liceos y las enormes necesidades de salud mental después de casi dos años de confinamiento. El traspaso de los establecimientos educacionales de dependencia municipal a los Servicios Locales de Educación sólo ha agravado esta situación pues ahora los nuevos jefes le echan la culpa a los municipios de los problemas heredados, desconocen derechos adquiridos y de manera arbitraria despiden a trabajadores/as de la educación. Esto ha generado descontento y algunas movilizaciones de trabajadores de la educación como en Valparaíso o Iquique.

En Barrancas, los jefes del SLE fueron nominados durante el gobierno de Piñera y tienen un estilo de gestión autoritario, mientras persisten serios problemas de infraestructura. En Santiago Centro, en Pedro Aguirre Cerda, las municipalidades confrontan a los docentes.

En Antofagasta, por problemas de infraestructura y otros, profesores, trabajadores de la educación y apoderados paralizaron durante casi un mes y hoy son atacados por el municipio de Velázquez que ha atacado a una de sus dirigentas sindicales, mientras se preparan para los muy probables ataques que se vengan cuando el 2023 se implementen los SLEP en la II región.

Con el nuevo gobierno, se ha anunciado la realización de un catastro nacional de infraestructura educativa pues el último fue realizado en el 2012. Sin embargo, este catastro durará más de un año y recién después de eso se tomarán decisiones de inversión más estructurales para la educación pública. A pesar de ser un problema tan básico que viven miles de escuelas y liceos en el país, la “solución” ofrecida por Boric en ningún caso será a corto plazo.

Aún así, el gobierno anuncia con bombos y platillos que invertirá 20 mil millones de pesos en 76 establecimientos, pero en Chile hay más de 5.500 recintos de educación pública. ¿En cuántos de esos colegios y liceos niños y jóvenes soportan el frío, incluso temperaturas bajo cero, para poder cumplir con las medidas sanitarias de estudiar presencialmente en pandemia? El plan del gobierno no es integral ni apunta desde las necesidades urgentes que hoy tenemos las comunidades educativas que en carne propia presenciamos la crisis educativa.

¿Aprobar para esperar de manera pasiva?
Llegados a este punto, es inevitable que nos preguntemos por qué -si hay problemas que no pueden esperar porque están sucediendo ahora y van décadas de lo mismo, e incluso en algunos lugares se han producido movilizaciones y paros como en Antofagasta o en liceos emblemáticos de Santiago (en este caso de estudiantes pero que también han tenido en cuenta demandas de las y los docentes)-, los dirigentes del Colegio de Profesores no han buscado articular un plan de lucha nacional que pueda hacerle frente a la crisis, tomando las iniciativas de lucha que se han desarrollado a nivel comunal y buscando coordinarlas con las luchas estudiantiles.

Pareciera ser que confían en que basta votar apruebo y esperar la nueva legislación en la que “todo será mejor”. Es como si nos dijeran que por ahora tenemos que esperar en orden, porque viene un futuro mejor. ¿Pero qué garantiza que la realidad se adecuará al texto de la Constitución? Nada. Terminar con las diferencias entre una educación para ricos y una para pobres sólo será posible a través de la organización y la lucha que demos para ganarle a los grandes empresarios y a quienes hoy se benefician económicamente de la educación.

En lo inmediato, para las y los trabajadores de la educación que integramos la agrupación nuestra clase, hay que dar las siguientes peleas:

A) Hay que luchar por un aumento considerable de la dotación docente en todos los establecimientos donde haga falta. No sólo para evitar los reemplazos y la sobrecarga, también para garantizar un 50% de horas no lectivas y la disminución de estudiantes por curso.

B) Es necesario realizar catastros de infraestructura de abajo hacia arriba, es decir, empezando por la comunidad educativa y sus necesidades. Esto se puede hacer en común con profesionales, estudiantes, vecinos y apoderados. No hay por qué esperar más de un año para un nuevo catastro de infraestructura, quienes estudiamos y trabajamos en los colegios y liceos públicos conocemos la realidad y durante mucho tiempo la hemos revelado. Una primera inyección de recursos para mejorar la infraestructura educativa puede provenir del cobro de un impuesto de emergencia a las grandes fortunas.

C) No al traspaso a los Servicios Locales de Educación. Gestión de los establecimientos educativos por sus trabajadores, docentes y asistentes, estudiantes y apoderados coordinados de manera territorial y nacional y financiamiento por el Estado de manera directa.

D) Por un plan de lucha del Colegio de Profesores, preparando un paro nacional y la coordinación con las y los estudiantes, partiendo por asegurar espacios de organización y discusión política para las y los trabajadores de la educación, en asambleas con votaciones de qué pasos dar para fortalecer la movilización.

Para quienes integramos Nuestra Clase, estas peleas las podemos dar con la perspectiva de conquistar una educación al servicio de los trabajadores, que no conquistaremos a través de una espera pasiva a que aquello ocurra. Y también para encaminarnos a la transformación socialista de de la sociedad como fin último de nuestras luchas, es decir, por una educación para socializar todos los logros científicos y tecnológicos de la humanidad, poniéndolos al servicio de la liberación y no de la explotación y la opresión.