NACIONAL. La embajada de Estados Unidos detrás de la reforma de la ley antiterrorista

Con la excusa de combatir organizaciones terroristas internacionales (que no se ha demostrado que existan en la región) pretenden introducir un tipo penal abierto. Este proyecto fue redactado en las Oficinas de Contraterrorismo y Narcotráfico del Departamento de Estado y en el Departamento de Justicia.

El gobierno de Mauricio Macri utiliza la herencia recibida para endurecer el Código Penal, porque fue durante la presidencia de Néstor Kirchner que el Parlamento votó la Ley 26.734, conocida como ley antiterrorista, exigida por el “amo” yanqui. Una medida preventiva para criminalizar la protesta social.

Las penas previstas bajo la ley promulgada en 2007 van de cinco a veinte años de reclusión o prisión "al que tomara parte de una asociación ilícita destinada a aterrorizar a la población u obligara a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacer”. La amplitud de esta norma habilitó a que cualquier juez interprete y la utilice como le convenga. La gravedad de esta norma jurídica, aun sin las reformas que pretenden incluir en el nuevo Código Penal, tiene algunos antecedentes.

Bajo esta ley el Poder Judicial neuquino pretendió condenar a la integrante de la comunidad mapuche, Relmu Ñamku, acusada de tentativa de homicidio en el marco del intento de desalojo por parte de la empresa petrolera Apache. El 28 de diciembre del año 2012 la comunidad Winkul Newen (ubicada entre las localidades de Cutral-Có y Zapala de Neuquén) resistía por el quite de sus tierras ancestrales y peleaba contra la contaminación por parte de esta empresa.

Mientras los integrantes de la comunidad se defendían de las topadoras que pretendían avanzar, fue herida una oficial de policía. En simultaneo con estos hechos un bebé era velado. Nació con malformaciones por causa de la contaminación de estas empresas petroleras.

Estos son los “terroristas” que quisieron condenar bajo el gobierno anterior. Sin embargo parece que para el macrismo y la embajada de Estados Unidos la herencia recibida tiene sabor a poco. Por eso decidieron ampliar las incumbencias y condenas que contiene la ley promulgada en 2007.

Para esto buscan avanzar en dos frentes legales. Por un lado, redactaron en el nuevo proyecto de Código Penal para penalizar el “extremismo” en la Argentina y, por otra parte, la Unidad de Información Financiera (UIF) tiene redactado el anteproyecto de ley contra el lavado de activos vinculados al terrorismo para girarlo al Congreso en las próximas semanas.

Según se conoció a través del portal de noticias Infobae, el titular de UIF Mariano Federici, discutió la reforma con asesores legales de la AMIA, la DAIA, la embajada de Estados Unidos y “expertos” internacionales en lucha contra el terrorismo de la Unión Europea. Hay que decir que estos expertos son conocidos por perseguir a los refugiados que llegan al viejo mundo escapando de las guerras que los gobiernos imperialistas desatan y también son expertos en construir jaulas para los inmigrantes que llegan a Estados Unidos escapando de la pobreza que genera las políticas yanquis.

La reforma

Los dos proyectos de reformas están a cargo del titular de la UIF, junto con el Ministerio de Justicia, la AFI, la Cancillería y el Ministerio de Seguridad y un grupo de camaristas, como Mariano Borinsky

Estos camaristas junto a Borinsky integran la Cámara Federal de Casación Penal. Una de las Cámaras más reaccionarias y donde se deciden las apelaciones penales. Los mismos que criminalizan las protestas sociales, abalan intervenciones arbitrarias, violación de garantías, juicios exprés, son quienes ahora redactan el Código Penal junto al Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Estas reformas que planea introducir estos camaristas junto al Gobierno, amplía la actual penalización a lo que ellos definan como terrorista. Por eso en el proyecto del nuevo Código Penal contiene un apartado especial sobre "terrorismo y financiamiento".

Algunas de las tipificaciones de este apartado incluye el artículo 314 que establece: "se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad sexual, la propiedad, el ambiente, la seguridad, la salud o el orden público, el orden económico y financiero, o informático, previsto en este Código o en Convenciones Internacionales, cuando se lleve a cabo con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".

Las penas que establecen para los “terroristas”, que podría ser cualquier manifestante o manifestantes que salieran a reclamar, será tipificado como intimidación pública, y se elevará las penas en el doble del mínimo y del máximo. En los casos de penas no divisibles, el del delito cometido con esa finalidad tendrá la pena de prisión perpetua. A la vez, se impondrá prisión de 5 a 20 años y 60 a 240 días-multa, al que tomare parte en una asociación ilícita destinada a cometer alguno de los delitos previstos en el artículo 314. El mínimo de la pena de prisión se elevará a 10 años para quienes promuevan, organicen o dirijan la asociación.

También se impondrá prisión de 5 a 10 años y 60 a 120 días-multa, al que, "con la finalidad de capacitarse para llevar a cabo cualquiera de los delitos previstos en este Título, recibiere adoctrinamiento o adiestramiento de combate, o en técnicas de desarrollo de armas de destrucción masiva del tipo nuclear, química o biológica, de elaboración o preparación de sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o específicamente destinados a facilitar la comisión de esos delitos".

Además el proyecto de ley del nuevo Código Penal contempla una prisión de 5 a 15 años al que, "directa o indirectamente, por sí o por persona interpuesta, recolectare o proveyere dinero, cosas, bienes o cualquier clase de activos con la intención, con la consecuencia posible de que se utilicen o con conocimiento de que será utilizado, en todo o en parte, para financiar o para cometer cualquiera de los delitos" de terrorismo.

Es más, en el nuevo Código las penas por financiamiento se aplicaran aun cuando el hecho delictivo "terrorista" no se cometiera.

Cambiemos a los pies de los yanquis

Decíamos que la reforma de la ley terrorista en el nuevo Código Penal fue redactado junto al Departamento de Estado porque el camarista Mariano Borinsky, se reunió con Nathan Sales, embajador en Contraterrorismo del Departamento de Estado en Washington.

Borinsky viajó para presentar el proyecto de reforma del Código Penal en las Oficinas de Contraterrorismo y Narcotráfico del Departamento de Estado y luego en el Departamento de Justicia. Además este martes participará de un simposio Internacional sobre terrorismo en el Wilson Center.

Por su parte Edward C. Prado, embajador de los Estados Unidos en la República Argentina, felicitó al Gobierno de Macri por el proyecto de reforma del Código Penal, y destacó la importancia de que la Argentina pueda aggiornar las leyes vigentes a los tiempos actuales.

Aggionrse es lo que el Pentágono le viene exigiendo al macrismo en relación al rol que debe asumir las Fuerzas Armadas. Es así que los ministros de Seguridad y Defensa vienen repitiendo este discurso sobre que ante un cambio geopolítico, donde no hay posibilidades de un enfrentamiento bélico con otro Estado, los militares deben actuar en seguridad interna para enfrentar las nuevas "amenazas" definidas por los jefes del Pentágono y el Comando Sur, que recientemente estuvieron de "visita" en el país.

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La ley antiterrorista, la reforma del Código Penal, se suma a las reformas sobre la incumbencia de las Fuerzas Armadas. Un nuevo avance en la sumisión ante el imperio en el marco de los acuerdos con el FMI.

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