El 155 abre la guerra contra la escuela catalana. Denuncias por delito de odio a profesores e investigaciones por adoctrinamiento son parte de la nueva ofensiva de la represión del Estado contra el pueblo catalán.
Pere Ametller @pereametller
Jueves 3 de mayo de 2018
Foto: @Juanal_47
A las denuncias por delito de odio contra los nueve profesores del instituto Palau de Sant Andreu de la Barca, a las que la Fiscalía está comenzando a dar trámite, y a los ocho de la Seu d’Urgell, finalmente desestimadas, se le suman la investigación de 80 casos de supuesto adoctrinamiento en diversas escuelas e institutos catalanes.
El gobierno del PP y la Fiscalía se apoyan en esta nueva ofensiva en poco más de 80 familias que habrían realizado quejas a las direcciones de centro, al Departament d’Ensenyament o al Ministerio de Educación. Estas quejas se han conocido por tres requerimientos de información que ha realizado el Ministerio de Eduacación a la Conselleria d’Educació, intervenida por el 155. Pero aun hay dos requerimientos más que incluirían más casos.
El caso más grave hasta el momento es el de los docentes de Sant Andreu de la Barca, que saltaba la semana pasada a las portadas de los grandes medios españolistas. Destacó en especial la publicación por parte de El Mundo de la identidad de los profesores afectados. Un auténtico señalamiento españolista que fue difundido por Twitter por el mismo Albert Rivera y que provocó que posteriormente aparecieran pintadas amenazantes en el Instituto contra dichos profesores.
Pintadas de hoy mismo en el IES Palau señalando directamente a los profesores gracias al señalamiento público realizado por @javiernegre10 en @elmundoes y ampliado por @Albert_Rivera en un tuit. Ya se que para uds esto no es noticia. @9delpalau pic.twitter.com/7x8otQgI1n
— Sampanopoulos (@sampanopoulos) 30 d’abril de 2018
Los hechos denunciados por padres de alumnos miembros de la Guardia Civil están a años luz de la versión de los docentes y el equipo directivo del centro. Les acusan de haber menospreciado a sus hijos y haberles prohibido bajar al patio el día 2 de octubre.
Sin embargo, lo que ocurrió ese día en el centro, como en casi todos los centros escolares catalanes -y centros de trabajo, bares...- es que lo acontecido el día del referéndum fue objeto de conversación y debate en las clases, como otros muchos temas políticos y sociales que se tratan a diario. Seguramente pasaría lo mismo en muchos centros de secundaria del resto del Estado -y seguramente en muchos se escucharían opiniones muy desfavorables al referéndum catalán-, pero eso el Ministerio no lo está investigando.
Los docentes han desmentido las acusaciones. Por medio de una carta de sus familiares han explicado que “en el Instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, el día 2 de octubre del 2017, el día siguiente del referéndum, se dio la opción a los alumnos de hacer un pequeño acto en el patio (los alumnos de ESO) o delante de la puerta (los de bachillerato) que consistía en unos minutos de silencio. Los profesores dieron libertad a los alumnos para decidir si querían asistir. No es cierto que se los obligara. En las aulas, se permitió hacer un pequeño debate donde los mismos alumnos podían hablar sobre los hechos ocurridos el día antes. En ningún caso los profesores impusieron su opinión. Es del todo falso que señalaran a los alumnos hijos de guardias civiles, que los humillaran ni que expresaran ningún sentimiento de animadversión hacia el cuerpo de la Guardia Civil”.
Un nuevo caso en el que vemos a todos los poderes del Estado actuando conjunta y coordinadamente. Los guardias civiles padres de los alumnos, la comandancia del cuartel que les instó a denunciar, la Fiscalía sumándose a la acusación, la prensa difundiendo la identidad de los docentes y ocultando deliberadamente su versión de los hechos, los políticos del bloque monárquico dando credibilidad a las acusaciones y señalando a los profesores y la extrema derecha haciendo las pintadas amenazantes.
El 1 de octubre supuso un verdadero golpe contra el Estado que hizo que, quizás por primera vez, las élites españolas sintieran que el “procés” podía dejar de estar maniatado por los lideres independentistas, que nunca han querido llevarlo hasta el final, y convertirse en un movimiento capaz de romper con el “status quo” para hacer efectiva la autodeterminación.
Ante esta afrenta, el Estado parece no contentarse con una simple victoria que devuelva las cosas a la situación anterior al “procés”, tal y como están dispuestos los dirigentes de ERC y el PDeCAT. Es por ello que la represión judicial contra los lideres independentistas esta siendo brutal, incluso reventando las más mínimas garantías jurídicas si es necesario. De ahí la existencia de presos políticos, el hostigamiento a los CDR, equiparándolos con ETA, o hacer resurgir el fantasma de la violencia cuando no la hay.
En esta operación de acoso y derribo hay dos piezas claves a las que se les ha puesto el ojo: la escuela y los medios de comunicación públicos catalanes. Desde el Estado se entiende que estos son dos pilares del crecimiento del independentismo. Es por ello que en la aplicación del 155 ya estuvieron a punto de incluir la intervención de TV3 y Catalunya Radio. Y es por ello que hace poco se lanzaron mensajes desde el Gobierno sobre la posibilidad de aprovechar el 155 para acabar con la inmersión lingüística en la escuela. A esto se le suman ahora las acusación de delito de odio y de adoctrinamiento contra docentes. Quieren imponer la ley mordaza y el terror en las aulas.
A pesar de la desorientación impuesta por la dirección del procés y la represión, el movimiento independentista sigue en pie como lo han demostrado las recientes movilizaciones a favor de la libertad de los presos políticos. En este “impasse” el Estado parece estar tanteando la posibilidad de cerrar esta crisis de régimen por la vía totalmente reaccionaria. Pero a pesar de su posición de fuerza actual, no es seguro que una ofensiva total pueda ahora mismo llevarse a cabo sin una respuesta en las calles que se desborde.
Tanto en Catalunya como en el resto del Estado. Ante esta situación solo puede haber una salida favorable a las clase trabajadora y los sectores populares: un gran movimiento en las calles que acabe con el Régimen del 78 y abra procesos constituyentes en el Estado. Un movimiento que en todo el Estado reivindique el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos oprimidos y el fin de la represión. Solo se podrá ejercer este derecho acabando con el Régimen del 78. Para que este movimiento sea posible es necesario levantar también consignas sociales para acabar con los desahucios, el paro y los salarios de miserias. Mientras tratan de dividir y enfrentar a la clase trabajadora, debemos unirla en la defensa de los derechos sociales y democráticos.
