SANIDAD PÚBLICA. La estafa de la Sanidad Privada: recibe en dinero público diez veces más de lo que gasta en sus instalaciones

La enorme rentabilidad de la sanidad privada en España tiene truco y consiste en la enorme inyección de recursos públicos que recibe al mismo tiempo que sus gastos quedan cubiertos al 98% por los propios usuarios, el modelo de negocio perfecto. Una estafa que merma los recursos de la Sanidad Pública y abre el camino a mayores procesos de privatización, en un modelo de negocio donde una minoría privada pretende decidir el futuro de nuestra salud según le salga económicamente rentable.

Como explica la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, el modelo de la sanidad privada actual supone una gran inyección de recursos públicos a un sector privado que ya suponía la cuarta parte del mercado con un gasto sanitario del 29,4%. En concreto, como señalan los expertos, el éxito del modelo actual reside en que la inyección de dinero público le da a las empresas una gran rentabilidad ya que ingresan diez veces más de lo que les cuesta mantener las instalaciones. A ello hay que añadirle que en realidad, los propios usuarios ya han pagado el 98% del coste sanitario (un 74% con aportaciones particulares y un 24% por los seguros que han pagado sus pólizas) por lo que es un negocio redondo. En concreto la sanidad privada se lleva uno de cada diez euros de los presupuestos públicos a empresas.

Según la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, el proceso de privatización se da por dos vías, por un lado están los conciertos de las administraciones públicas que cubren más de la cuarta parte del gasto privado. Destacando Catalunya con 3.288 millones (23,6% del presupuesto público en 2020), Madrid con 902 millones (8,5%) o Andalucía con 472 millones (4%).
Como señalamos anteriormente ese dinero es básicamente beneficio porque entre que el usuario paga casi la totalidad de los gastos y que la cantidad de dinero que reciben es muy superior a la que necesitarían de todos modos para cubrir sus actividades, es básicamente recibir beneficios. En números concretos, en 2019 los usuarios cubrieron 28.794 de los 38.865 millones de gasto sanitario privado, los seguros cubrieron 8.196 millones y los dueños de las empresas tan solo 879 millones.

En cifras de la propia patronal de hospitales privados, ASPE, los conciertos sanitarios en 2020 supusieron 8.587 millones de euros, siendo un crecimiento del 3,8% respecto al año anterior. En este caso los usuarios de los hospitales cubren el 86,5% de los gastos. ASPE señala que al menos el 63% de los hospitales privados en España cuenta con algún concierto.

La segunda vía son los procesos de concertación de servicios sanitarios mediante contratos, en estos se incluye la construcción de hospitales para su posterior explotación con un sistema similar a cómo funcionan las autopistas. Lo que por cierto ayuda a la privatización de parcelas del servicio público. Y que según expertos no tiene ninguna regulación de seguimiento o control. Podemos recordar el famoso hospital de Ayuso sin personal ni camas pero que fue un pelotazo para la constructora de Florentino Pérez.

Este proceso de privatización no se apoya únicamente, aunque sea un factor esencial, en esta inyección de dinero público. También está la cuestión de que institucionalmente se infrautiliza o se sustituyen servicios cuando se decide privatizarlos y que, los centros privados se especializan en los tratamientos de menor coste y alta rentabilidad, dejando los más complejos y costosos al sistema público, eso sí, tras haber saqueado sus posibles recursos. De esta forma, tratamientos contra el cáncer, los cuidados intensivos a bebés o los trasplantes son algunos ejemplos de cuestiones que la privada no cubre para mantener sus grandes beneficios.

Los grandes beneficiados son empresas como Quironsalud y IDCQ Hospitales y Sanidad, propiedad del fondo de inversión alemán Fresenius, que supera los 2.000 millones de facturación anual y posee más de cien clínicas y más de cincuenta hospitales. Otras empresas son Ribera Salud, propiedad de Banc Sabadell y de Centene Corporación con 500 millones anuales de facturación o la cadena Vithas, propiedad del grupo Goodgrower.

Expropiar la sanidad privada: proteger nuestra salud

El negocio de la sanidad privada pone en riesgo nuestra salud al convertirla en un mero número más dentro de su rentabilidad económica. Dejar en pie este modelo es abrir el camino a que en el futuro el que nos reciba un médico o no, o que nos operen o no, no dependa de nuestras necesidades como pacientes sino de nuestra cartera o de la contabilidad de la empresa.

Es por ello, que para hacer frente al deterioro de la Sanidad Pública que repercute tanto en los trabajadores y trabajadoras como en nosotras y nosotros, los usuarios, hay que acabar el negocio de la sanidad privada y con la estafa de los conciertos.

Y además hay que denunciar a quién lo hace posible, porque la comunión entre las Administraciones Públicas y la patronal sanitaria es total, incluso en momentos de excepcionalidad como fueron los meses más duros de la pandemia.

Por ello, hay que acabar con la Ley 15/97 que abrió la puerta a otras formas de gestión de la sanidad pública y alentó la privatización del servicio y que todos los gobiernos permiten sin ningún tipo de problema. Así como con todos los convenios de gestión privada de equipamientos sanitarios públicos, en la perspectiva de luchar por la nacionalización de todo el sistema de Salud para crear una red pública única, absorbiendo sin indemnización los recursos de la sanidad privada que tanto se beneficia de las arcas públicas. Una red totalmente pública y gratuita gestionada por sus médicos, profesionales y trabajadores de la salud junto a comités de usuarios.