Fue obra del presidente Lázaro Cárdenas; 80 años después, avanza la entrega de recursos energéticos a trasnacionales.
Sábado 17 de marzo de 2018 00:00
Década de 1930. El movimiento obrero se estaba organizando en México. A inicios de 1936, 21 sindicatos petroleros conformaron el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que adhirió a la CTM.
En julio de ese año, el nuevo sindicato elaboró un proyecto de convenio colectivo que, de acuerdo con Samuel León e Ignacio Marván en su libro En el cardenismo (1934-1940), incluía las siguientes demandas:
- Jurisdicción del sindicato sobre todos los empleados, excepto algunos técnicos y ejecutivos.
- Control por parte del sindicato de la contratación y el despido.
- Semana laboral de 40 horas.
- Mejoramiento del servicio médico y la aprobación de un plan de pensiones.
- Mejores condiciones de alojamiento en los campos petrolíferos.
- Dieciocho días de descanso obligatorio en el año.
- Vacaciones de 25 a 60 días dependiendo de la antigüedad del trabajador.
- Transporte gratuito al lugar elegido de vacaciones por el trabajador.
- Incremento salarial de 26 millones de pesos y otras prestaciones.
El 3 de noviembre lo presentaron ante las empresas y anunciaron que irían a la huelga si las negociaciones no iniciaban el día 13 del mismo mes. Las empresas se opusieron, argumentando que había otros convenios en vigencia. El gobierno pidió posponer la huelga unos días. El sindicato anunció la huelga para el día 29. Cárdenas intervino: propuso que en un plazo de seis meses se realizara una convención para debatir sobre el nuevo convenio.
La huelga petrolera
Estalló el 28 de mayo de 1937, y contó con el apoyo de la CTM. Duró 13 días durante los cuales se vio afectado el transporte, que no podía dar servicio por falta de combustible, y los tranvías eléctricos no alcanzaban, las industrias casi cerraron, la economía nacional redujo su actividad al mínimo: nada funcionaba (ni funciona) sin petróleo.
El enorme poder de los petroleros de paralizar el conjunto de la producción quedó de manifiesto. De nuevo, Cárdenas les pidió a los trabajadores que levantaran la huelga, cuestión que aceptaron el 9 de junio.
El Frente Popular y el petróleo
La dirigencia del sindicato y la CTM habían resuelto que “frente a la lucha imperialista, la única táctica de lucha posible es la táctica de un frente popular. ¿Cómo realizar la táctica del frente popular frente a la actitud de las empresas imperialistas del petróleo? Ligando los intereses del movimiento obrero y el pueblo de México junto con los intereses del gobierno nacional, hacer un frente común el sector proletariado y el pueblo, frente a las empresas imperialistas”.
Así contuvieron la lucha obrera y la subordinaron a la vía “legal” y las necesidades del gobierno, en vez de mantener su independencia política.
El sindicato presentó ante la Junta Nacional de Conciliación y Arbitraje un conflicto colectivo de carácter económico. Ésta emitió su laudo el 18 de diciembre: condenó a las empresas a pagar 26 millones de pesos en aumentos de salarios y prestaciones.
Los representantes de los empresarios plantearon que era imposible cumplirlo y que daban por terminado el contrato de trabajo. Se investigó a las compañías para verificar si era cierto, y los peritos concluyeron que la industria petrolera en México les dejaba más utilidades que en Estados Unidos.
El día 28/dic las compañías presentaron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 1° de marzo la Corte negó el amparo, y el día 14 instó a las empresas a cumplir con el laudo del 18 de diciembre.
La expropiación
Ante la negativa de las compañías petroleras de aceptar el laudo oficial –con la amenaza de una nueva huelga obrera en el aire y la amenaza explícita de las empresas de llevarse sus capitales de México–, el 18 de marzo Cárdenas anunció la expropiación petrolera, ante el asombro del mundo, y pidió apoyo moral y material a la población mexicana, que contribuyó también al pago de las indemnizaciones a las empresas.
Así dio fin a una larga historia de expoliación de los recursos energéticos por parte del imperialismo.
Las empresas expropiadas fueron muchas, entre otras, la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila (subsidiaria de la Royal Dutch Shell) y la California Standard Oil Company of Mexico (hoy Chevron).
León Trotsky, ya exiliado en México, se pronunció en su artículo “México y el imperialismo británico”: “Sin sucumbir a las ilusiones y sin sucumbir a las calumnias, los obreros avanzados apoyarán completamente al pueblo mexicano en su lucha contra los imperialistas. La expropiación del petróleo no es ni socialista ni comunista. Es una medida de defensa nacional altamente progresista”.
La campaña de boicot
Inglaterra y Holanda amenazaron con el boicot al país, los gobiernos imperialistas se agitaban. Las empresas extranjeras que producían insumos para la industria petrolera se negaron a proveer a México.
Trotsky, en el mismo artículo planteó:
“El México semicolonial está luchando por su independencia nacional, política y económica… Los magnates del petróleo no son capitalistas de masas, no son burgueses corrientes. Habiéndose apoderado de las mayores riquezas naturales de un país extranjero, sostenidos por sus billones y apoyados por las fuerzas militares y diplomáticas de sus metrópolis, hacen lo posible por establecer en el país subyugado un régimen de «feudalismo» imperialista, sometiendo la legislación, la jurisprudencia y la administración. Bajo estas condiciones, la expropiación es el único medio efectivo para salvaguardar la independencia nacional y las condiciones elementales de la democracia”.
