El gobierno ha perdido en lo inmediato la iniciativa política. La agenda la impone la investigación judicial, y el conjunto de la casta política responde a la defensiva. Sin embargo, ya están en curso los preparativos para una salida pactada y por arriba.
Fabián Puelma @fabianpuelma
Lunes 6 de abril de 2015
Como venimos planteando desde La Izquierda Diario Chile, existe un consenso general por parte de los distintos partidos del régimen que para enfrentar la crisis de legitimidad hay que combinar dos líneas complementarias.
Por un lado está la vía judicial, la que para tener algo de validez debe condenar a algunos imputados emblemáticos: que caigan algunos para que no caigan todos. En segundo lugar, está la vía política, que requiere un acuerdo transversal de la casta política en torno a reformas institucionales sobre partidos políticos, financiamiento de campañas, relación con los empresarios, etc.
Hasta aquí, todo bien. El problema es que la forma de abordar esta estrategia genera múltiples tensiones, forcejeos y contradicciones. Y esto sucede en todos los flancos: disputas intestinas dentro de los partidos, tensiones entre aliados de la misma coalición, fricciones dentro del gobierno, choque entre instituciones, etc.
De esta forma, la crisis de legitimidad, lejos de amainar, sigue acentuándose día a día. Todos claman que se requiere un golpe de timón. Pero nadie lo ha dado todavía, por lo que hoy reina la indefinición. Sin embargo, ya se empiezan a ver las primeras señales que indican la preparación de un acuerdo que ordene el panorama. Un acuerdo de la casta política, para salvarse a sí misma.
La vía judicial: la agenda política la define la Fiscalía
El gobierno ha perdido la iniciativa política en la actual coyuntura. La agenda la marcan las sucesivas revelaciones que arroja la investigación del caso Penta, la arista SQM y el caso Caval. El jueves pasado el Servicio de Impuestos internos presentó la segunda denuncia por SQM, lo que dio paso a un nuevo salto en la crisis.
En la denuncia se indicó que habrían alrededor de $4.340 millones no justificados o respaldados por documentos presuntamente falsos. Con la denuncia, se conoció que hay 173 parlamentarios, dirigentes o funcionarios involucrados. Nadie se salva. La derecha recibe un nuevo golpe, la Nueva Mayoría se ve directamente involucrada y hasta colectividades como Evópoli, el PRI y el PRO de Marco Enríquez-Ominami aparecen involucrados en posibles delitos. Tampoco se salvó Jorge Pizarro, flamante presidente electo de la Democracia Cristiana.
Mientras todos repiten que hay que dejar que las “instituciones funcionen”, la vía judicial avanza y deja a la defensiva a la casta política y a los empresarios. Con la escalada de la arista SQM ya no parece tan efectivo el acudir a las instituciones, y diversos dirigentes políticos, tanto de la derecha como la Nueva Mayoría, se han quejado por la “publicidad” que ha impuesto el Ministerio Público en la investigación. Ya no resulta convincente el “caiga quien caiga”. Se necesita hacer algo más.
La vía política: preparativos para un acuerdo transversal
Si bien parece haber consenso en que no existe piso político para arribar a un acuerdo que paralice el curso judicial abierto, todos quieren detener la vorágine de denuncias. Jovino Nova clama por un acuerdo nacional, Peñailillo llama a detener la “caza de brujas”, Pizarro pide detener el “show mediático”.
Bachelet se sumó a la orquesta, afirmando que “siento que estamos cayendo una actitud en el país de desconfianza con todo” y haciendo un llamado a parar los “linchamientos”. Atrás quedó el discurso del “caiga quien caiga”.
Y es que la única forma de mantener controlada políticamente la investigación penal, es realizando un acuerdo transversal entre los partidos del régimen. Trascendió que personeros de gobierno, dirigentes de la Nueva Mayoría y la oposición estarían impulsando los preparativos para dicho acuerdo.
No parece tarea fácil. Ya han fracasado otros intentos de cerrar la crisis desde arriba. Las conversaciones entre gobierno y derecha antes de que explotara la arista SQM no llegaron a buen puerto. El “consejo anticorrupción” ha pasado sin pena ni gloria. No es descartable, por tanto, que el gobierno dé un paso más audaz. No pueden seguir actuando como ahora, pero tampoco se arriesgarán a convocar a una Asamblea Constituyente. Por más bombo comunicacional que hagan, la propuesta de la casta no solucionará las problemáticas estructurales de la herencia de la dictadura.
Las brechas que se abren entre vía y vía
Pero nada se ha cerrado aún. El momento político otorga oportunidades para evitar que la crisis la cierren por arriba. Para esto hay que superar una serie de obstáculos.
Hay que tener claro que no será la Fiscalía ni los tribunales quienes den una salida a la crisis. Que hoy el protagonismo lo tenga el Ministerio Público, se debe a que el enorme descontento social contra la casta política se mantiene todavía pasivo. No hay que delegar en los fiscales la iniciativa política, puesto que el Ministerio Público, como organismo estatal, basa su accionar en base a las leyes que la misma casta política ha dictado.
Una salida de fondo a la crisis sólo vendrá de los trabajadores, los estudiantes, los pobladores, el pueblo mapuche y demás organizaciones sociales. Pero la activación del descontento no vendrá sola. Deben ser las organizaciones sindicales y estudiantiles quienes tomen la batuta. ¿Cómo? Con la única fuerza real capaz de hacer girar el escenario: la movilización y los métodos de lucha históricos. Para esto hay que superar la política que han mantenido las dirigencias. Sin ponerse a la altura de la crisis, siguen enfocando las movilizaciones como medidas de presión al gobierno y al parlamento. ¿Presionar a la penta casta, a los corruptos, para que den una salida? No, la única salida de fondo y realista es imponer las demandas de trabajadores y estudiantes mediante la movilización.
Fabián Puelma
Abogado. Director de La Izquierda Diario Chile. Dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios.