Luego de una denuncia contra la fiscalía de la Nación, la propia fiscal denunció a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por homicidio calificado a raíz de las muertes en las protestas a inicios de año.
Martes 28 de noviembre de 2023 21:51
Una nueva crisis política se desató en Perú luego del comienzo de una investigación por presunta corrupción contra el entorno más cercano a la fiscal de la Nación (fiscal General), Patricia Benavides, que la involucra a la propia fiscal como supuesta cabeza de una organización criminal, mientras que desde la fiscalía respondieron denunciando a la presidenta golpista, Dina Boluarte, por homicidio calificado a raíz de las muertes en las protestas en contra del golpe de Estado entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.
Lo llamativo de todo este cruce de acusaciones, es que se da entre aliadas durante el golpe parlamentario que terminó con la destitución del expresidente Pedro Castillo y la violenta represión a quienes participaron de las protestas. Tanto la presidente,Dina Boluarte, como la Fiscal, Patricia Benavidez, actuaron juntas y cubriéndose las espaldas. Sin embargo, la actual crisis parece mostrar que esa “unidad” se habría terminado, con lo cual se vuelve a abrir una crisis en la superestructura del régimen político y de la institucionalidad burguesa.
Según la acusación contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ella habría interferido en negociados con congresistas de la República para aprobar designaciones a cargo del Legislativo que eran de conveniencia para el Ministerio Público.
La fiscal de la Nación, está acusada de destituir a otra fiscal que investigaba a su hermana, una jueza sindicada de cobrar sobornos para liberar narcos, y por reemplazarla por otro fiscal que archivó el caso, también se la acusa de proteger un sector del Poder Judicial ligado al fujimorismo, de haber obtenido irregularmente sus títulos de maestría y doctorado, entre otros cargos.
Con estas serias acusaciones en su contra, la fiscal Benavides que fue muy locuaz para acusar al expresidente Pedro Castillo, pero mantuvo el silencio cuando las denuncias de corrupción tocan a sus aliados, ha encontrado el apoyo de la mayoría parlamentaria de derecha para mantenerse en su cargo. Esa mayoría parlamentaria, en la cual el fujimorismo tiene papel central, le asegura el respaldo que necesita.
La investigación comenzó en torno a la presunta existencia de una “organización criminal” en la cúpula más alta del Ministerio Público, liderada por Patricia Benavides. La fiscal Marita Barreto fue la encargada de dar a conocer esta investigación, que incluye la destitución de una fiscal, la elección del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y la próxima destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Este caso resalta la falta de transparencia y la influencia de intereses particulares en la justicia burguesa. La fiscal de la Nación viene siendo investigada y sus asesores han sido detenidos por sus acciones, y diversas organizaciones ciudadanas han emitido pronunciamientos en contra de Benavides, solicitando su renuncia y la protección de los fiscales miembros del EFICCOP (Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder) contra la “corrupción en el Poder”.
En este contexto, es importante recordar que el Poder Judicial peruano se encuentra enmarcado por la Constitución de 1993, nacida del autogolpe del expresidente Alberto Fujimori, la cual ha servido para promover el saqueo nacional de los recursos naturales a manos de las transnacionales mineras y la sobre explotación de la clase trabajadora por parte de empresarios nacionales y extranjeros.
Más allá del carácter sesgado y oportunista de las denuncias que se hacen desde ambos lados, lo que queda claro es que desde la fiscalía de la Nación se influyó políticamente para ganar espacios en las instituciones públicas a fin de mantener privilegios e impunidad (no olvidemos que sobre la actual Fiscal de la Nación pesan otras denuncias por irregularidades y malos manejos). Mientras que también queda claro cómo desde el Ejecutivo existió una responsabilidad política en los asesinatos y los cientos de heridos que dejó la represión a las protestas contra el golpe, responsabilidad que hasta ahora no asume ni Dina Boluarte, ni los demás implicados.
Esto pone también en evidencia, una vez más, que las diversas instituciones y poderes del Estado, así como los principales actores políticos como la presidenta Boluarte o la fiscal de la Nación, no representan el sentir ni las necesidades del pueblo trabajador.
Ante esta situación, que muestra la profunda crisis del régimen peruano, urge retomar la iniciativa de lucha para imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que nos permita acabar con la herencia fujimorista y neoliberal expresada en la Constitución de 1993, creando así las condiciones para cambios de fondo que confronten al capitalismo y al dominio imperialista.
