No es nuevo el distanciamiento con respecto al gobierno de Maduro que ha venido tomando la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, pero estos son cada vez más abiertos, buscando jugar un papel de árbitro en la crisis.
Milton D’León Caracas / @MiltonDLeon
Jueves 25 de mayo de 2017
Su declaraciones de este miércoles en rueda de prensa es parte de lo que ahora es llamado más que un impasse político entre la Fiscal y el gobierno, en las que buscó desmontar varias de las tesis del chavismo que ha presentado sobre muertes, disturbios y otros delitos cometidos en el marco de las movilizaciones organizadas por la oposición que se han desarrollado desde hace más de mes y medio en el país.
Las declaraciones de la Fiscal que incomodan al gobierno
Luis Ortega Díaz, precisó que unas 500 personas fueron heridas por policías o militares desde que se desataran las movilizaciones invocadas por la oposición de derecha, declarando que "Preocupa mucho que tengamos más de 500 lesionados por derechos fundamentales", agregando que "más de la mitad de las personas han sido lesionadas producto de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado". Destacando que en todo este tiempo el número de fallecidos es de 55 personas, tres de los cuales son policías, 1000 lesionados de los cuales 771 son civiles, 346 bienes inmuebles públicos y privados, quemados o saqueados, entre otros datos de relevancia.
Pero entre sus declaraciones de mayor impacto fue sobre la causa de la muerte del estudiante Juan Pernalete ocurrida el 26 de abril en un escenario de protestas en Caracas, declarando que se produjo tras recibir el impacto de un cartucho metálico de gases lacrimógenos desmintiendo así la tesis del gobierno, y que ya se daba por sentada, de que el joven había sido herido por una pistola usada en la ganadería. Para luego afirmar que: "Yo quiero señalar a quienes ejercen funciones policiales de orden público que los efectos de disparar bombas lacrimógenas con escopetas a las personas, directo al cuerpo, está prohibido, no solo por las propias instrucciones que están aquí (en el envase) sino por los estándares nacionales e internacionales".
Buscando ubicarse por arriba entre el gobierno y la oposición, llamó a los actores políticos "en pugna" a no lanzar hipótesis sobre los móviles de los delitos que están ocurriendo durante las protestas, agregando que estas "hipótesis previas" que se divulgan "a través de voceros no competentes" entorpecen las investigaciones y generan una "presión innecesaria e irrespetuosa a la labor de los funcionarios encargados de investigar de forma objetiva los delitos".
La Fiscal cargó sus tintas contra el uso "excesivo de la represión" en las manifestaciones y pidió dejar que las personas protesten mientras lo hagan de forma pacífica, así como evitar las detenciones sin causa aparente, aunque al mismo tiempo criticaba a sectores de la oposición que se salen del canal pacífico en las manifestaciones. Indicando por ello que: "Hay que identificar las causas de la confrontación entre los venezolanos, confrontación que no se resuelve privando de libertad a las personas sino reconociendo que existe el problema, el descontento social es producto de la severa crisis económica que ocasiona el desabastecimiento de alimentos, medicinas y la inseguridad que hay". En ese marco señaló que 19 funcionarios policiales y militares han sido imputados "por la presunta comisión de los delitos de homicidios, trato cruel, inhumano, degradante, uso indebido de arma orgánica, privación ilegitima de libertad, violación de domicilio entre otros delitos".
Asimismo, volvió a cuestionar el uso de los tribunales militares por las personas que han sido detenidas y procesadas bajo la Justicia militar, indicando que la Fiscalía ha abierto siete investigaciones "por el uso de la Justicia militar" por casos que "eminentemente corresponden a la justicia ordinaria". Es de recordar que la acción de los tribunales militares fue aprobada por el jefe de Estado al activar el llamado Plan Zamora en el que se ordena la actuación de la justicia militar para mantener el orden público. Además, sostuvo que el MP investiga la participación de grupos de civiles armados en las situaciones violentas que se han registrado en las protestas "propiciando que se alteren los ánimos".
El primer funcionario del Gobierno nacional que se pronuncia por las declaraciones de la Fiscal General de la República, ha sido ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol –un Mayor General de la Guardia Nacional–, declarando que que la “inacción” del Ministerio Público (MP) “no ha garantizado la correcta aplicación de la justicia” ante los hechos derivados de las protestas que han venido ocurriendo. Continuando con los señalamientos sobre la actuación de la Fiscalía General de la República, destacó que “se ha llegado a precalificar hechos de suma gravedad, colocando en tela de juicio el prestigio de honorables instituciones como las Fuerzas Amadas Nacionales Bolivarianas (FANB), ante lo cual tenemos la plena convicción y certeza de que la verdad se impondrá en los tribunales correspondientes”.
¿Buscando la Fiscal un papel de árbitro en la presente crisis?
Desde el 31 de marzo en que la crisis política aumentara en una escalada nunca vista desde que Maduro está en el gobierno, los movimientos de la Fiscal han venido siendo llamativos, llegando a niveles en que las diferencias entre la responsable de la acción penal y otros Poderes son más evidentes. El enfrentamiento de mayor fuerza tuvo que ver con su declaración con respecto a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia 155 y 156, en que en los hechos el TSJ se atribuía las funciones de la Asamblea Nacional, en la que la Fiscal sostenía que se violaba la Constitución, lo que terminó derivando en una retirada parcial de los mismos. Luego la propia Fiscal se negó a participar en lo que es llamado como el Consejo de Seguridad de la Nación para tratar justamente el impasse entre el TSJ y el Ministerio Público, cuando ella es parte formal de dicho Consejo.
Y la más reciente y fuerte tensión con el gobierno de Maduro es su rechazo a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), considerando que no cree que sea lo más sensato para “resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país” en una carta dirigida al presidente de la Comisión para la ANC, pues tampoco asistió a la invitación oficial que le había hecho el gobierno para tratar el tema.
Pero es importante considerar que lo que viene ocurriendo con el Ministerio Público en su desmarque, es también lo que se viene expresando al interior del Tribunal Supremo de Justicia, donde dos de los 32 magistrados nacionales han salido a distanciarse del gobierno, a diferencia de su presidente y sus directivos centrales bien alineados con Maduro. Aunque seguramente estas demarcaciones tengan a ver con las sanciones del gobierno de Trump a los 8 principales magistrados del TSJ, lo importante es los distanciamientos públicos que se vienen dando.
En cuando a lo específico de la Fiscal, es muy probable que el acelerado bonapartismo del gobierno y el rol de los militares, que le pasan por encima a ella y a su figura, la ha llevado a esa posición. Pues dentro de la estructura y lógica del Estado tiene una función que se vio atropellada por el nivel de autoritarismo y arbitrariedades de los militares. Pero lo realmente que está aconteciendo es que la Fiscal busca jugar un papel más independiente en la actual crisis del país, dejando de lado aquí la ya quemada teoría del gobierno que todo el que se despega de sus filas es que se va con la oposición, tal como hizo Diosdado Cabello este mismo martes al declarar que “o eres leal o no eres leal" aludiendo a la Fiscal General.
Con su movimientos en los que cada día se despega más del gobierno, en verdad su objetivo es aparecer cada vez como árbitro por arriba del gobierno y la oposición y hablando desde la justicia, aunque es muy difícil si puede realmente jugar ese papel. Este rol puede estar determinado por lo que acontezca dentro de las propias Fuerzas Armadas, que por ahora no muestra aparentemente fisuras grandes.
Pero la importancia del desmarque de la Fiscal no es solo en cuanto poder de Estado, sino que se considera con la fractura más importante que ha tenido el chavismo, pues Luisa Ortega Díaz es y ha sido chavista. Si bien, no se sabe aún, o al menos no es público, si ella está expresando una corriente de mayor peso político dentro del chavismo, muy difícil es pensar que no estaría expresando un sector importante. De expresar una corriente se le complicaría aún más el frente interno al chavismo, en un marco de extrema debilidad, baja popularidad, y sostenido fuertemente por las Fuerzas Armadas.
