Tras la brutal represión desplegada por las fuerzas represivas del Estado en el estallido social, las instituciones del Gobierno buscan dejar impunes a más del 99% de los casos denunciados por violencia policial. Entre los agentes formalizados se encuentran quienes le quitaron la vista a Gustavo Gatica y Fabiola Campillay.
Domingo 30 de agosto de 2020
La Fiscalía Nacional dio a conocer los 62 casos de agentes pertenecientes a las fuerzas represivas que han sido formalizados por violencia institucional. Un número muy reducido pensando en que son 8.575 las denuncias registradas hasta la fecha, llegando a 8.827 las víctimas de estos hechos, 627 quienes han tenido lesiones graves, como también 3.342 denuncias por lesiones producto de armas de fuego, incluyendo torturas y un homicidio frustrado.
Uno de los formalizados es responsable de quitarle la visión a Fabiola Campillay, una joven que el 26 de noviembre cuando se dirigía a su trabajo, recibió un impacto de bomba lacrimógena en su rostro. Para ella el problema es mucho más profundo, en una entrevista con Mirta Schindler plantea: “Yo creo que estar así no tiene reparación, yo creo que ni siquiera haciéndose justicia habrá reparación para nosotros, ni para mí, ni para todas las víctimas de trauma ocular y para también otras víctimas que lo pasan mal, que tienen que depender de una lota o una rifa para poder tener una mejor salud y pagar sus gastos. Y el gobierno no se hace cargo de nada, yo creo que acá no hay reparación alguna para todas las víctimas” .
Otro formalizado es el ex oficial Claudio Crespo, autor de los disparos que se dirigieron a la cara de Gustavo Gatica en las movilizaciones que se desarrollaron en la Plaza Dignidad. El ex uniformado se mantuvo meses sin asumir el hecho.
La Justicia en Chile tiene una larga data de perdonar a criminales responsables de violaciones a los DD.HH., y no dudara en mantener la misma línea en la antesala del proceso constituyente para mantener intacta la herencia de la dictadura, entregando total impunidad a quienes reprimen como manifestó el Intendente Guevara. Al mismo tiempo estaba justicia persigue y da pena de incluso 20 años de cárcel para quienes se movilizaron en el estallido social.
Es ante esta total desconfianza hacia el resultado que se obtenga de estos procesos que se debe plantear claramente el fin a la impunidad para todos los violadores de derechos humanos desde el comienzo del estallido social. Además de luchar por la libertad inmediata de todas y todos los presos políticos de la revuelta.
