Entrevista a presidenta del Sindicato de Mujeres de Mar Caleta Coloso. “La gente que realmente trabaja en el mar, no está recibiendo nada”

Mientras las grandes empresas mineras siguen ganando en plena pandemia, son cientos de miles las familias que han sido afectadas por el Covid-19, el desempleo y la pérdida de sus puestos de trabajo.

Es también el caso de las familias de los pescadores artesanales, que en nuestra región, además de lidiar con la depredación ambiental del litoral por empresas como Minera Escondida, o el sacrificio de la bahía de Mejillones; el gobierno de Piñera los excluye de las ayudas sociales del “bono alivio Pymes”, en un sector donde, por fuera de los armadores hay 850.000 pescadores artesanales matriculados a nivel nacional.

Este bono sería entregado solo a los “armadores”, es decir a los dueños de embarcaciones, dejando fuera a los buzos mariscadores, largueros, tripulantes asistentes y orilleros, es decir a los trabajadores de la pesca artesanal.

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Foto: Caleta Coloso Antofagasta

Frente a lo anterior, entrevistamos a Nilda Ibáñez, representante del Sindicato de Mujeres de la pesca artesanal de la región de Antofagasta y de las Mujeres de la pesca a nivel regional, considerando Punta cuartel en Mejillones y Cobija en Tocopilla, y parte de una comunidad de pescadores ubicada en Coloso Antofagasta, quien nos señaló:

“El Estado se está colgando de las pequeñas pymes. Hay personas que tienen 2, 3 y hasta 6 embarcaciones y están recibiendo el bono, y la gente que realmente trabaja en el mar, que es sacrificado, no está recibiendo nada. En cuarentena estuvimos cerrados, porque cierran las carreteras, estuvimos con carabineros, con militares, no podíamos trabajar”, señalando que las personas que no podían identificarse como buzos, mariscadores, “quedaron sin nada y ni siquiera están recibiendo el bono IFE como dice el gobierno”.

“La subsecretaria dice que están recibiendo el bono IFE, como todo ciudadano. Así como las pymes que recibieron el IFE universal y el millón, nosotros queremos algo digno que se nos reconozca como pescador artesanal, y que de mínima se nos de el bono. Hoy en día la comunidad a nosotros nos paga mil pesos por 1 kilo de lapa, y los rematadores, las pequeñas pymes como dicen ellos, hoy en día se están ganando el 200%, las venden en 3 o 4 mil pesos, a nosotros nos dan $1.000 pesos que debemos repartir entre los buzos, amarradores, asistentes, tenemos que pagar bencina, etc. No quedamos con nada, nosotros somos temporeros, al igual que al agricultor, de los 30 días nosotros trabajamos 20 y eso, si es que no trabajamos 10 si se nos viene la marejada”.

Con respecto al apoyo brindado desde el gobierno y las autoridades locales, la dirigenta expuso que “Aquí vinieron muchos a pescar votos y ni siquiera se han hecho responsables, la gente los apoyó y ni siquiera se han hecho partícipes de venir a preguntar qué es lo que queremos. Las manifestaciones van a seguir hasta que se termine, hasta que salga humo blanco como decimos los pescadores”.

Por otra parte, las y los trabajadores pescadores denunciaron que ni de los municipios, ni de las entidades públicas, se han acercado a conocer cuáles son sus demandas, en palabras de Nilda

“El gobernador Ricardo Diaz tampoco se ha acercado realmente a ver la realidad de nosotros, aquí mucha gente está encalillada en la luz, el agua, nadie se ha preocupado de cómo nosotros sobrevivimos este tiempo. Necesitamos que el Gobernador Don Ricardo Diaz haga una reunión con los dirigentes y vea qué es lo que nosotros queremos, porque él es la parte principal en la región de Antofagasta”.

Finalmente, Natalia Sánchez, concejala de Antofagasta, con quien realizamos esta entrevista en terreno, señaló que “Es importante que las y los trabajadores pescadores artesanales avancen en la coordinación regional para lograr sus demandas, esta es la unidad que debe existir entre quienes viven la precarización laboral y de la vida, como es el caso de las y los trabajadores pescadores artesanales y sus familias, una población que además ha vivido décadas de saqueo, extractivismo, depredación y sacrificio con la contaminación. Situación que se agudiza aún más en tiempos de pandemia, donde han perdido considerablemente su fuente laboral, por lo que el silencio del gobernador Ricardo Díaz, lo hace complice de la política del gobierno de que la crisis sanitaria y social, la sigamos pagando las familias, mientras los grandes empresarios siguen ganando millones. Por ello, es necesario organizarse y luchar por un sueldo de emergencia de 600 mil pesos, financiado con impuestos a las grandes fortunas y empresas como MEL, el grupo Luksic, Angelini o los Von Appen, junto a otros sectores precarizados, como lo venimos señalando junto a las compañeras trabajadoras subcontratadas del Hospital regional, que aún siendo de la primera línea contra el Covid poseen bajos sueldos y malas condiciones laborales” .

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