Análisis. La geopolítica de México y Brasil frente a la Cumbre de las Américas

Ya comenzó la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, cuya preparación viene anunciando el fracaso de las expectativas estadounidenses, poniendo a prueba su capacidad de influir en forma decisiva en la región. Varios jefes de estado de América Latina y el Caribe llegaron a considerar ni siquiera presentarse, amenazando con asestar un golpe humillante a la Casa Blanca. Entre ellos los presidentes de México y Brasil, los dos países más grandes al sur del río Bravo.

La exclusión de Nicaragua, Venezuela y Cuba fue el principal motivo por el cual el presidente de México, Andrés López Obrador (AMLO) llamó abiertamente a boicotear la Cumbre desde un principio, seguido por Luis Arce (Bolivia), Xiomara Castro (Honduras) y Gabriel Boric (Chile). Incluso Alberto Fernández (Argentina), como presidente de la CELAC, llegó a proponer una posible contracumbre con los excluídos renovando el espíritu de Mar del Plata en 2005. Pero esto no se trata de un quiebre con la política de Estados Unidos, sino tensiones propias de un proceso en el cual los países latinoamericanos no ven beneficio alguno en el "alineamiento incondicional" y saben que Biden debe entregar concesiones para retomar la iniciativa en la región.

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Si bien AMLO finalmente no asistió a la Cumbre, pero sí su canciller Marcelo Ebrard, en el caso de Bolsonaro luego de muchas dudas, si viajará a Los Ángeles. El mandatario brasileño no había dado muchas explicaciones sobre su posible ausencia, podemos especular que sus preocupaciones pasan por la campaña de reelección, donde hay enormes probabilidades de un triunfo de Lula y tenía más para perder que para ganar participando de una cumbre hecha a medida de la potencia norteamericana ; además la llegada de Biden a la Casa Blanca provocó el alejamiento ideológico con Washington, siendo conocida la profunda afinidad de Bolsonaro con el todavía muy activo Donald Trump.

Ante un posible fracaso de la Cumbre, Biden desplegó un amplio esfuerzo diplomático asignando a Christofer Dodd (ex senador demócrata) como asesor especial del Gobierno de Estados Unidos para la IX Cumbre de las América, quien logró convencer a Alberto Fernández de Argentina, a Gabriel Boric de Chile y a Bolsonaro de Brasil, prometiendo reuniones bilaterales posteriores con el mandatario norteamericano y tomar en cuenta los planteos de estos países en la cumbre.

Luego de que Biden suavizó las sanciones a Venezuela (vinculadas a las restricciones energéticas) y a Cuba (entre ellas la facilitación de viajes y flujos de remesas), y de cambiar la ciudad anfitriona (de Miami, donde el lobby de la población cubana anti-comunista y los exiliados venezolanos buscan condicionar la política estadounidense, a Los Ángeles)
AMLO, sin cambiar su postura sobre la Cumbre, ha ido relajando el tono, asegurando que la relación con el Norte no sufriría cambios. “No se debe de pensar que, si en este caso de la cumbre no coincidimos, pues ya se va a producir una ruptura. De ninguna manera. Nosotros, independientemente de lo que se resuelva, pues siempre vamos a tener una relación de amistad y de respeto con el Gobierno de Estados Unidos, y más, mucho más, con el pueblo de ese país”.

¿Pero qué hay detrás de estos forcejeos con el imperio?
Las dudas de estos dos gigantes ponen en cuestión el éxito de la Cumbre por varias razones. Veamos sus dimensiones estratégicas. Ambos países se extienden por una superficie de 10,5 millones de km². Sus poblaciones suman alrededor de 350 millones de personas, y juntos representan un PBI de casi 3 billones de dólares. O sea, solo estos dos países superan los números del resto del continente. En consecuencia, son considerados potencias regionales y en distintos momentos de la historia han marcado tendencias que definieron la ubicación Geopolítica del continente de conjunto. Sin embargo, para mantener a resguardo sus propios intereses y no confrontar directamente con los Estados Unidos, ambas han adoptado históricamente posturas de relativo aislamiento internacional. En los últimos años, esta visión autonomista le ha cedido lugar a un rol más activo en el continente, procurando posicionarse como potencias con peso propio y capacidad para mediar en conflictos regionales e incluso mundiales.

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En el caso de Brasil, el ex sindicalista Luis Ignacio "Lula" Da Silva (2002-2010) buscó ubicar a Brasil como una potencia de relevancia mundial -al mismo nivel de Rusia, China e India- con planteos osados en la arena internacional, como resucitar su pretensión de acceder a un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y tratar de influir en cuestiones de interés global a través su participación en los BRICS. O sea construir un “juego propio” en lo que perciben como un mundo multipolar que abre las posibilidades a la intervención de otros actores regionales.

Estas ambiciones comenzaron a declinar cuando la mega empresa de construcción brasileña Odebrecht fue casi desmantelada por causas de corrupción impulsadas desde Estados Unidos, generando una crisis institucional gravísima que salpicó a la mayoría de los gobiernos de la región y generó las condiciones para el "impeachment" contra Dilma Rousseff (2016) -que nunca alcanzó la popularidad de Lula e implementó un ajuste de consecuencias nefastas para la población- y la proscripción de Lula en la elección del 2018.

Esto le permitió consagrarse Presidente a Jaír Mesías Bolsonaro, un aparente outsider político que, con una orientación populista de derecha, buscó alinearse con la estrategia de Donald Trump a nivel internacional. Este último, que desde la Casa Blanca buscaba una vuelta a los lineamientos neo conservadores “nacionalistas” y “americanistas” privilegiando los acuerdos políticos y económicos bilaterales con los Estados, tuvo en Bolsonaro uno de sus aliados más firmes, al reflejar visiones del mundo y alianzas globales muy similares.

Pero luego del ascenso de Joe Biden (2020), el mandatario brasileño -que puso en el centro de su política la lucha contra cualquier tipo de "progresismo" asociado a la "izquierda" y el "comunismo"- quedó aislado en términos ideológicos y desubicado en el plano internacional, ya que el nuevo presidente norteamericano busca restablecer nuevamente las instancias multilaterales como eje para articular las instancias de gobernanza mundial.

En estas condiciones, Brasil re direccionó su política a buscar mejores relaciones con la Unión Europea, principalmente Francia y Alemania, y mantener su alianza estratégica en cuestiones de tecnología 5g con China (su principal socio comercial), poniendo algunos límites a las ambiciones norteamericanas.

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Los cambios en México han sido también profundos, pero en un sentido distinto. Luego de dos décadas de gobiernos abiertamente fraudulentos y mega corruptos iniciados con el sexenio de Salinas de Gortari (1988-1994) y finalizados con el de Peña Nieto (2012-2018), -durante los cuales se alternaron en el poder dos partidos de derecha, fanaticamente neoliberales y desvergonzadamente pro estadounidenses, como el PRI y el PAN- se cerró un ciclo excepcional de "alineamiento automático" con los Estados Unidos. A partir de la llegada al poder del popular Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su movimiento de centro izquierda moderada Morena en 2018, se cerró un ciclo excepcional de "alineamiento automático" con los Estados Unidos. Esto tuvo su mayor expresión en el acuerdo de "libre comercio" NAFTA (1994).

AMLO estuvo lejos de proponer un cambio en la matriz productiva de subordinación económica. Y aunque sostuvo un fuerte discurso "anti-corrupción" se mantuvo la estructura montada que vinculó a los cárteles del narcotráfico con distintos niveles del Estado mexicano por el "Régimen del PRIAN" (como AMLO suele llamar a los gobiernos anteriores). Entonces fue esencialmente un cambio retórico contra el neoliberalismo sobre la base de una administración económica redistributiva apoyada en políticas de Estado ampliado (planes de ayuda social) y de las relaciones internacionales que bautizó bajo el pomposo nombre de "Cuarta Transformación" (4T).

Esto generó expectativas de crecimiento económico e inclusión social, logrando un enorme apoyo popular por su retórica contra las élites políticas (a las que aplicó un ajuste de salarios aunque siguen siendo altos) y la pobreza. Basado sobre todo en el contraste con los desastrosos gobiernos anteriores, el plan de AMLO explota una retórica de modernización del país bajo una perspectiva "progresista" y ubicación de México como potencia latinoamericana, mientras mantiene la militarización del país y la precarización laboral. Parte de esta nueva orientación es la profundización del extractivismo, buscando sacar una mayor tajada de los recursos naturales y una reducción de los desequilibrios norte-sur, a partir del impulso a obras como la refinería de Dos Bocas en Tabasco y, desde el punto de vista de las Relaciones Internacionales, una vuelta a la nacionalista y autonomista "Doctrina Estrada", basada en el principio de no intervención y el incremento de los niveles de soberanía.

Su canciller Marcelo Ebrard -especialista en RRII, al igual que AMLO ex alcalde del DF, íntimo de la élite demócrata norteamericana- se repartió tareas con el propio AMLO -a quien pretende suceder- y reformuló las relaciones tanto con EEUU como con sus vecinos latinoamericanos, negociando las condiciones del T-MEC (más ingerencista que su sucesor del NAFTA, anulado en forma unilateral por Trump en 2018) directamente con Trump en muy buenos términos y procurando un acercamiento a los países del Caribe y Argentina, con intención de aparecer como mediador en conflictos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

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Estados Unidos y México comparten 3200 kilómetros de frontera y una interdependencia económica elevada. Para México representa alrededor del 80% de sus exportaciones, lo que es surrealista pensar en una eventual ruptura política, por eso AMLO busca más que nada un mejor entendimiento en el marco de una alianza estratégica en la que México está subordinado desde mediados del siglo XIX, principalmente para encarar el mayor conflicto que existe entre ambos: la migración. Desde hace tres décadas, Estados Unidos ha tratado la migración en la frontera entre con México como un asunto de gestión de crisis perpetua. Oscilando entre mecanismos con “rostro humano” y represión directa. La necesidad de mano de obra barata habilita una gran tolerancia hacia la inmigración ilegal, pero las reacciones xenófobas en los Estados que tienen frontera también dan plafón a políticas de represión y descarte, cuya máxima expresión es la construcción de un muro en la frontera sur para frenar la llegada de población -sobre todo centro americana- desahuciada y empobrecida por las brutales consecuencias que tuvieron en sus países las políticas de integración comercial fomentadas por el Consenso de Washington.

Estados Unidos destina un presupuesto anual de US$17.4 mil millones de dólares en recursos: desde 1992 detuvo a 26 millones de migrantes, y solo más de 220 mil en marzo de 2022. Washington durante años obliga a México a realizar el trabajo sucio con respecto a las migraciones, Trump mediante los Protocolos de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés), mejor conocida como “Quédate en México”, ha profundizado esta política de la que Biden no es muy diferente. En este sentido, AMLO intentará rediscutir los acuerdos de migraciones con Estados Unidos, pero también con los países de Centroamérica.

Para los gobiernos latinoamericanos la Cumbre se ha convertido en una forma simbólica de resistirse a los lineamientos de EE.UU sin concretar una ruptura abierta y preocupados fundamentalmente por elaborar una narrativa de mayor autonomía, desde posturas de centro izquierda o centro derecha. La adopción de discursos “anti-estadounidenses” para ganar legitimidad ante un electorado tradicionalmente atraído por mensajes “antiimperialistas”, es una fórmula que puede generar atractivo en un sector de la opinión pública sin costos importantes, más allá de la crítica de ciertos medios y sectores políticos que funcionan literalmente como apéndices de la embajada yanqui. Coyunturalmente México estuvo en plena campaña electoral en algunas gobernaciones el 5 de junio y se asoma a las presidenciales de 2024; y Brasil está en la carrera a la presidencia en las elecciones más grandes del subcontinente en octubre donde Bolsonaro intentará mantener su presidencia desgastada por el manejo de la pandemia ante Lula. Por eso, una narrativa desafiante a Washington deja resultados en las urnas, tanto a izquierda (AMLO) como a extrema derecha (Bolsonaro).

Incluso, Biden no vería con malos ojos que asuma Lula en Brasil y López Obrador se mantenga en el poder, ambos apuestan a perspectiva geopolítica de inserción en multilateral en un mundo multipolar. Lula recientemente viajó a México a reunirse con López Obrador y planteó un bloque comercial conjunto que integre a Estados Unidos negociando de igual a igual y no una subordinación total al imperialismo.